Punto y final, a nivel político, para la ley de amnistía. Este jueves el Congreso aprobará finalmente el texto que olvida los delitos derivados del procés catalán. Para todos: los que pusieron las urnas y los que trataron de evitarla. Algunos con sentencias, otros que huyeron de las togas y 45 personas que llevan siete años esperando un juicio. Son los policías nacionales que participaron en las cargas del 1 de octubre y que un juzgado de Barcelona ha enviado a juicio por "torturas" y "contra la integridad moral".

El texto dice así: "Los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad". En un primer momento, los policías no entrarían entre los amnistiados, pero la última línea, la del umbral mínimo de gravedad, sí abre la puerta a que se beneficien de ella.

R. estuvo aquella mañana de otoño de 2017 en Barcelona. Desalojó cuatro colegios electorales, a 600 personas por cada uno de ellos, unas 2.500 en todo el día. "Nos han sentado por 5 o 6 gomazos de aquel día, en el que no hubo ni un sólo lesionado". Él y otros 44 antidisturbios llevan desde entonces investigados, pero sin que se haya iniciado el juicio.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado todos los recursos presentados por los agentes, que siempre han defendido su actuación. Envió el caso a juicio, pero alertando de que la ley de amnistía se podía meter por en medio, añadiendo que se iniciaría "en caso de llegar a producirse".

Dudas

Este agente, que dejó los antidisturbios tras los incidentes en Cataluña y que desde entonces no ha hecho "ni una sola detención porque no sabes cómo vas a acabar por hacer tu trabajo", no tiene claro que se puedan acoger a la amnistía. "El texto dice que se nos amnistiará si no se supera un umbral mínimo de gravedad, habrá que ver dónde ponen ese umbral".

Como ya explicó El Independiente, la aplicación de la ley de amnistía no será inmediata el viernes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Cada causa, cada juez, tendrá un plazo máximo de dos meses para aplicarla. Además, los recursos a Europa podrían paralizar cada caso. Al igual, en el caso del juez de los antidisturbios del 1 de octubre, será el criterio del juez el que decida si pueden encajar en los términos del texto pactado entre el PSOE y los partidos independentistas.

Después de siete años, R. y los suyos sólo sienten "apatía y hastío". Creen que deberían haber sido enjuiciados a los seis meses de los hechos y no tener que haber transitado este camino: "Hemos sido los tontos útiles". Ve al grupo de policías como una especia de justificación para poder salvar a los políticos catalanes "a cambio de siete votos".

La única esperanza que le queda es saber que los denunciantes recurrirán, sea cual sea el resultado, tanto como si les condenan, como si archivan la causa o si terminan siendo amnistiados. "Entre un recurso y otro, podemos estar así otros 10 o 15 años, para entonces muchos nos habremos jubilado", ríe incómodo.

Los dos jubilados

Hay cuatro agentes de Policía que también están expectantes ante la aprobación de la ley. Están personados en la causa de Tsunami Democràtic, la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo por los altercados de 2019, cuando se conoció la sentencia del procés.

Tres de estos policías tuvieron que prejubilarse por las lesiones que sufrieron realizando su trabajo. Ahora forman parte de la acusación de la causa, defendidos por el bufete Fuster-Fabra. Saben que la suya será una de las causas más mediáticas cuando el juez Manuel García Castellón tenga que cerrarla. Ahora pelean por ser considerados víctimas del terrorismo, algo que no está claro que suceda en caso de borrarse ley mediante.

Hace unos días, dos testificaron ante el magistrado. Uno de ellos, Ángel, contó cómo recuerda los hechos ante los medios de comunicación a la salida del juzgado. "Sí que sentí en algún momento peligro por mi vida. De hecho mi integridad física resultó dañada gravemente y tengo secuelas psíquicas". 

Miles de personas, unas 3.000, los asediaron durante horas. En un momento, vieron como grandes baldosas de más de 50 centímetros caían de los tejados. Varias de ellas les golpearon, causándoles lesiones que les han obligado a jubilarse antes de tiempo.

Ángel contó que su mayor objetivo ahora mismo es que "no se vuelvan a producir porque fueron una auténtica salvajada". "Nos consideramos víctimas del terrorismo y que tenga las repercusiones que tenga que tener", ha manifestado. Ante el juez ambos han explicado los golpes que recibieron en brazos, manos y cabeza. Además de ellos dos, hay otros dos agentes personados.

45 minutos

Los dos policías explicaron que la ambulancia tardó 45 minutos en llegar al hospital porque los manifestantes le cortaban el paso. Una vez en el centro hospitalario, varias personas se acercaron hasta allí para seguir increpándolas con los agentes postrados en la cama.

Ángel era un veterano agente de la UIP (los antidisturbios). Durante su carrera ha estado en múltiples manifestaciones, como las del metal en Vigo o los mineros en Asturias, y ha sostenido que en ninguna de ellas sufrió una violencia de tal magnitud como la que hubo ese día en la plaza de Urquinaona, según él "la más dura de todas".

En su caso, un adoquín de gran tamaño lanzado desde una azotea le dio en su brazo derecho. "Todos los días me levanto y veo una herida de 18 centímetros", ha respondido a la pregunta de si el proceso judicial le servirá para superar lo ocurrido. Mientras hablaba, se le entrecortaba el relato, y visiblemente emocionado.