Una mujer acusada de inyectar silicona líquida en la cara de 37 mujeres en Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a condenas que suman 30 años y 10 meses de prisión en un juicio que empezará la próxima semana en la Audiencia Provincial. 

El tribunal tendrá que dilucidar si, tal y como apuntan las acusaciones, la acusada, G.E.B.H., de origen colombiano y nacionalidad española, cometió un delito de intrusismo laboral -ya que se hacía pasar por médica jubilada- y 37 de lesiones por imprudencia grave. 

La vista está dividida en tres sesiones que se desarrollarán la próxima semana -el martes, miércoles y jueves- en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta falsa médica realizó entre 2016 y 2019, en su propio domicilio y sin disponer de ningún título para ello, infiltraciones estéticas de relleno en labios con silicona líquida subcutánea, material inyectable que no está autorizado en España como sustancia de relleno por la Agencia Española del Medicamento, haciendo creer a las víctimas que en realidad era ácido hialurónico.

"A consecuencia del proceder de la acusada, más de una treintena de personas, todas mujeres, comenzaron a sentir semanas después de la intervención dolor en los labios y presencia de durezas en los mismos", describe el Ministerio Público. 

Debido a esta acción presuntamente cometida por la acusada, a las víctimas les han aparecido granulomas, así como una hipersensibilidad en los labios, y los efectos adversos podrían ser mayores en un futuro.

Para la extracción de dichos granulomas es preciso tratamiento médico consistente en cirugía, intervención a la que no se han sometido muchas de las perjudicadas por falta de recursos económicos.

La Fiscalía también interesa al tribunal que condene a G.E.B.H. a indemnizar con 5.000 euros a cada una de las víctimas por los daños físicos y morales que les causó su proceder. 

El juicio se celebrará finalmente después de que el pasado mes de octubre las partes no llegaran a un acuerdo para evitarlo, al no quedar las víctimas satisfechas con la reparación que les ofrecía la acusada, de 200 euros al mes durante 18 años a repartir entre todas ellas (43.200 euros). 

Dicha oferta fue considerada por una de las perjudicadas, la única que se persona como acusación particular a la vista, como "vergonzosa".