La semana pasada se conoció el intento de Airbus de fichar a la ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas, movimiento que no salió adelante porque lo vetó la Oficina de Conflictos de Interés del Gobierno. En febrero, la polémica fue mayúscula porque se conoció que el exministro Alberto Garzón se uniría a la consultora política Acento, dirigida por José Blanco, aunque terminó renunciando al puesto tras las críticas recibidas por parte de la izquierda, que consideraban el paso una "puerta giratoria". En diciembre, se anunció que la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera se sumaría a la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), pero se vio obligada a declinar, de nuevo, ante el aluvión de reproches.

Los tres -intentos de- movimientos han sucedido mientras el Gobierno mantiene en un cajón la ley contra las puertas giratorias, o, formalmente, el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Se trata de una ley prometida a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, por lo que está vinculada a fondos europeos. El Gobierno no tiene por qué aprobarla hasta el cuarto trimestre de este año, pero lo llamativo es que ya pasó por el Consejo de Ministros en noviembre de 2022 y que lo habría hecho en segunda lectura el 30 de mayo del año pasado de no ser porque el Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales.

Entonces, según recalcan fuentes del actual Ministerio de Hacienda, sacar la norma adelante era una prioridad. Un año después, las noticias sobre esta iniciativa legal brillan por su ausencia. Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ahora bajo la batuta de José Luis Escrivá, se limitan a apuntar que el compromiso de cumplir con los plazos del Plan de Recuperación se mantiene, pero no detallan en qué estado se encuentra el proyecto. Esta última cartera pasó del Ministerio de Hacienda a Transformación Digital en diciembre, y esa reestructuración podría haber afectado a la mencionada ley y otros procesos en marcha.

La principal novedad de la norma era muy clara: los políticos y otros altos cargos tendrían prohibido acceder durante dos años a actividades relacionadas con su área de influencia, por lo que ni Alberto Garzón habría podido entrar en Acento, ni Carme Artigas en Airbus, ni Isabel Pardo de Vera en la patronal de vivienda Asval. "No podrán trabajar para lobbies que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública", rezaba la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022. Ese registro de lobbies obligatorio también supondría un cambio que incorporaría la misma ley, y habría de ser público.

Actualmente no existe normativa de ámbito estatal que regule las
relaciones de los grupos de interés con el personal público,
susceptible de percibir influencia, de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional. Los altos cargos de la administración central tan solo están obligados a pedir permiso para tener relaciones laborales con empresas, que pueden ser vetadas o no. Por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) denegó el año pasado la solicitud del exministro José Luis Ábalos para participar en tertulias de Mediaset, puesto que cuando estaba en el Gobierno él mismo aprobó subvenciones directas a las cadenas de televisión, entre las que estaba el grupo italiano.

"La Ley subsana el vacío normativo existente en nuestro
ordenamiento que ha sido puesto de relieve tanto por organismos
internacionales como por la sociedad civil. De hecho, la regulación
de esta materia ha sido objeto de una recomendación del Informe
de Evaluación realizado con ocasión de la Quinta Ronda de
Evaluación de GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa]", recoge el Componente 11 del Plan de Recuperación, el relativo a la Modernización de las Administraciones Públicas. En el mismo documento se insiste en que la ley definirá qué es un grupo de interés, qué es una actividad de influencia y establecerá un código de conducta para los lobbies, más un régimen sancionador para los incumplimientos.

Además, según concretó el Ministerio de Hacienda cuando la ley se aprobó en el Consejo de Ministros, el anteproyecto fijaba que todo aquel que quisiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado contemplados en el mismo debería estar registrado como lobby para ello. La única excepción sería el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes a la cita. Asimismo, sería una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro, y todas las actividades de 'lobbies' que lleguen a influir en un proyecto normativo debían quedar reflejados en la memoria de análisis de impacto de dicha ley.

En caso de incumplimiento, se incorporaría un régimen sancionador para los lobbies que puede suponer la expulsión del registro de grupos de interés por un período de hasta tres años y, por tanto, se impediría la posibilidad de que concurran en la elaboración de normas o de poder influir en su desarrollo. Entre estos incumplimientos, citó entonces María Jesús Montero, estarían no recoger una reunión con cualquier empleado público que estuviera participando del diseño de una norma, hacer un regalo o "algún tipo de elementos de estímulo dirigido a la defensa de sus propios de sus propios intereses".