Las personas que estén cerca de jubilarse ya pueden adelantar su salida del mercado laboral si pagan para que sus periodos de prácticas cuenten como cotizados. La orden ministerial de Seguridad Social que se publicó en el BOE a finales de abril abre la puerta a que aquellos que realizaron prácticas profesionales o becas de investigación sin cotizar puedan transformarlos en periodos trabajados que cuenten para la jubilación. La medida podría no interesar demasiado en términos de cuantías, pero sí de años cotizados, dado que se permite regularizar hasta cinco años y eso podría dar lugar a que muchos, sobre todo a los que fueron becarios en los ochenta, aceleren su acceso a la jubilación.
Seguridad Social aún no ha cerrado un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales sobre esta "compra de cotización" -formalmente, "convenios especiales"- en la mesa de negociación que abrió tras las quejas de los científicos, pero aun así la orden ministerial ha entrado en vigor, en tanto que en la misma se establecía que lo haría el 1 de junio de este año. La próxima reunión entre las tres partes se celebrará el próximo lunes, 10 de junio, aunque sindicatos y Gobierno ya llegaron a un principio de acuerdo la semana pasada.
Las discrepancias ya son mínimas, pero el texto aún no está cerrado. Cuando así sea, diferirán las bases de cotización -y por tanto, lo que deberá pagarse-, el periodo para poder suscribir el acuerdo y el número de años que pueden rescatarse, entre otros aspectos. Hasta que eso pase, la base de cotización a tener en cuenta será la correspondiente al grupo 7 del Régimen General vigente en 2024 más el tipo para las contingencias comunes, menos un coeficiente reductor del 0,77, y por tanto son 290 euros los que deben abonarse por cada mes que se quiera recuperar como tiempo cotizado.
Actualmente, según el INE, hay 2,5 millones de personas con entre 65 y 69 años. La legislación establece que en España los trabajadores pueden jubilarse con 65 años si acreditan 38 años de cotización, o con 66 años y seis meses si cuentan con menos. Son requisitos que irán aumentando hasta situarse en los 38 años y seis meses cotizados para jubilarse con 65 años en 2027. Además, es imprescindible acreditar 15 años cotizados para poder acceder a la pensión mínima, y 36 años y medio para poder cobrar el 100% de la base reguladora, es decir, para cobrar el 100% de la pensión.
Los cambios previstos
Una vez se acuerde el nuevo texto, previsiblemente, solo con los sindicatos, algunas cosas variarán: la base de cotización del convenio especial será la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad, de manera que la cuota de 1997 sería de 101 euros, pero oscilará entre los 40 y los 140 euros, dependiendo de cuándo se realizasen las becas. Y se podrán rescatar cinco años, incluso en los casos en los que ya se hubiesen rescatado dos años a través de la legislación de 2011.
También se extenderá a cuatro años y medio el periodo durante el que se podrán comprar estas cotizaciones, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2028. Los pagos podrán fraccionarse durante hasta el doble del periodo rescatado, hasta un máximo de siete años. Así, si se rescatan dos años, podrán pagarse en cuatro ejercicios, mientras que con la orden ahora en vigor como máximo podría fraccionarse en el número de meses de prácticas que se realizaran en su momento.
Los científicos siguen sin estar conformes
Aun con los cambios, los científicos siguen sin estar conformes. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) agradeció los movimientos de Seguridad Social la semana pasada, pero advertía en un comunicado de que no se han corregido todas las cuestiones exigidas. "Entre ellas, las más importantes son la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de 5 o 7 años porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios".
Sin embargo, la postura de Seguridad Social parece inamovible en ambos aspectos, aunque los propios sindicatos arrancaron la negociación poniendo sobre la mesa que hay personas con entre 10 y 15 años de becas de investigación sin cotizar. Del lado de conseguir que la parte a abonar por el beneficiario sea solo la cotización correspondiente al trabajador y no la de la empresa, no obstante, las organizaciones sindicales se mostraron más reticentes, puesto que entendían que la bonificación aplicada subsanaba este problema.
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