La sanción millonaria del Gobierno a cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Volotea o EasyJet) por el cobro de maletas de cabina y otros servicios fue este martes la gran protagonista de la asamblea general de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). "Es como obligar a los hoteles a dar el desayuno gratis", se quejaba en privado el responsable de una de las compañías afectadas por la multa de 150 millones de euros que pretende imponerles el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy.

Minutos antes, el presidente de la patronal, Javier Gándara, llamaba a "no engañar a los consumidores" sobre la "supuesta gratuidad" de determinados servicios como consecuencia de la sanción, que aún no es firme. "Nada es gratis en esta vida y mucho menos en una industria que apenas genera un margen neto de beneficio del 3%. Siempre alguien paga por todo", avisaba el también director de EasyJet para el sur de Europa.

Gándara también lamentó que la multa se hubiese conocido "de la manera más insospechada, a través de una filtración" y aseguró que las aerolíneas ven con "perplejidad" cómo algunas asociaciones de usuarios celebran la sanción que en su opinión atenta contra la libertad tarifaria de cada empresa y contra la capacidad de elegir del cliente. Presentarán un recurso de alzada ante el Ministro del ramo y se plantean acudir después a la vía judicial.

Desde la patronal salieron en tromba hace días contra la multa del Gobierno por una práctica que consideran que no es ilegal y que permite a 50 millones de viajeros de avión que no paguen por servicios que no usan. Por ejemplo, la elección de asiento. Gándara ha recordado ante los principales directivos del sector cómo la práctica de cobrar las maletas comenzó hace décadas por parte de varias aerolíneas de bajo coste y ahora está extendida en todas.

En este sentido, tiró de historia personal para exponer cómo viajar ha dejado de ser "un lujo para unos pocos privilegiados". "La primera vez que tuve el privilegio de volar hace muchos años les costó a mis padres el billete para volar entre Santiago de Compostela y Madrid me costó 100.000 pesetas (1.500 euros a precios de hoy en día)", recordó. "Eso sí, el billete incluía de forma gratuita la facturación de una maleta que no facturamos, un catering que mis padres no consumieron y la posibilidad de elegir entre ventana o pasillo, lo cual era innecesario porque el vuelo iba con menos del 50% de ocupación", abundó.

División en el Gobierno

Durante el cónclave empresarial, la recién nombrada como secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, destacó la "buena sintonía" con el sector aéreo en plena polémica por la multa de Consumo. En este sentido, ha expresado el "compromiso firme" del Gobierno para dar "seguridad jurídica" a las compañías aéreas para que puedan desarrollar su actividad con "total normalidad". "Gobierno y aerolíneas estamos condenados a entendernos", dijo tras recordar que de los 85 millones de turistas extranjeros que visitaron España en 2023, 70 millones lo hicieron por vía aérea.

Apenas unas horas después, Bustinduy afirmó que actuará "con determinación" y en "el marco de sus competencias" para defender los derechos y los intereses de los consumidores de vuelos. "Vivimos en un país con plenas garantías procesales y la labor del Ministerio de Consumo no puede ser otra que defender los intereses de las personas consumidoras, y así lo vamos a seguir haciendo en esta materia y en otras muchas", añadió en declaraciones recogidas por Europa Press.

La sanción de Consumo procede del expediente que abrió este departamento en junio de 2023 para investigar si las prácticas de las citadas compañías son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo.

La sanción se aplicará además de por cobrar un extra por llevar equipaje de mano, por aplicar cargos adicionales por la reserva del asiento contiguo para acompañar a menores de edad o a personas dependientes. También por prohibir el pago en metálico tanto en el aeropuerto como a bordo de la aeronave. Consumo considera que tampoco se puede establecer un suplemento de 20 euros por volver a imprimir la tarjeta de embarque de pasajero en el aeropuerto, como hace Ryanair.

Durante la Asamblea de ALA, también debatieron sobre el futuro del sector el fundador y presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu; el fundador y presidente de Volotea, Carlos Muñoz; la presidenta y CEO de Vueling, Carolina Martinoli; y el consejero delegado de Binter, Juan Ramsden.

Entre otras cuestiones, reclamaron que los ingresos que obtienen los Estados por los derechos de emisión de gases contaminantes se dediquen a incentivar la producción de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés). De momento, avisaron, no hay suficiente y tiene un coste entre tres y cinco veces superior al del queroseno tradicional.