La Generalitat se prepara para devolver en torno a 100.000 multas impuestas en protestas por la independencia al calor de la Ley de amnistía. Es una cifra provisional, pero es la cifra con la que trabaja el Govern, según ha avanzado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja. Se trata de los procedimientos abiertos en las protestas contra la sentencia del procés y manifestaciones en favor de la independencia impuestas en base a la Ley mordaza.

La Ley de amnistía fue aprobada el pasado jueves por el Congreso y entrará en vigor en el momento en que sea publicada en el BOE. Será entonces cuando el Govern de Pere Aragonès deba asumir su parte en el proceso que va desde la devolución de las multas impuestas por los Mossos d'Esquadra al asesoramiento jurídico de la Generalitat para "todos los trabajadores públicos" que se hayan visto implicados en procesos judiciales.

El Departamento de Interior "trabaja para habilitar un mecanismo" con el que recopilar "toda la información de todos los que recibieron sanciones" ha explicado Plaja, quien ha advertido que la cifra de 100.000 procedimientos sancionadores en puramente aproximativa. La Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley mordaza, establece multas van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros por desórdenes públicos.

Oficina de reclamación

Desde Govern apuntan que el Departamento de Interior está trabajando para habilitar un mecanismo de reclamación, que podría ser via online o una oficina creada ad hoc, con el objetivo de aplicar la Ley de amnistía en los dos meses posteriores a su publicación, como establece el texto aprobado por el Congreso. "Se intentará reparar el daño de las multas sobre las que se tenga información de oficio" ha explicado la portavoz. En los casos en los que el Departament no tome la iniciativa, se facilitará la vía para que las personas afectadas puedan reclamar la devolución.

El ejecutivo catalán "ha trabajado durante meses" en las consecuencias de la Ley de amnistía, aseguran desde el Govern. Un trabajo realizado básicamente desde los Servicios Jurídicos de la Generalitat para hacer efectiva la amnistía "en cuanto se publique la ley". Aunque ese trabajo se ha centrado más, aparentemente, en los cargos públicos y funcionarios juzgados por su participación en el referéndum del 1-O que en la devolución de multas impuestas por los mossos.

Apoyo jurídico

De hecho, el Govern ha previsto poner al servicio de todos los juzgados por el procés el equipo jurídico de la Generalitat, que intervendrá en todos los procesos amparados por la amnistía, siempre que los afectados lo soliciten. También en los procesos seguidos ante el Tribunal de Cuentas, en el que están inmersos una treintena de personas que incluyen dos ex presidentes, Artur Mas y Carles Puigdemont, consejeros y altos cargos de la Generalitat.

"Los abogados de la Generalitat instarán a que todas actuaciones se hagan de forma rápida la aplicación y se ofrecerá asistencia letrada a todos los cargos de la Generalitat juzgados y ahora incluidos en amnistía" ha insistido Plaja. En el caso de procesos judiciales abiertos, "se pedirá sobreseimiento o sentencia absolutoria; si ya se ha abierto juicio oral se reclamará la aplicación de la amnistía se pedirá como artículo de previa ejecución".

En el caso de sentencias no firmes, se presentará el recurso correspondiente y si el ya está en tramitación se harán alegaciones. Por último, en los casos ya condenados, se pedirá la anulación de las penas y de los antecedentes penales.