El Gobierno trata de frenar las continuas subidas del precio de la electricidad y del recibo de la luz. Prepara una reforma estructural de todo el sistema eléctrico, que no se desvelará en qué consiste hasta dentro de unos meses. Pero también aprobará con carácter inmediato una medida de choque para contener el alza.
El Ejecutivo suspenderá los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovable, carbón, gas…), y que se repercute al precio de la electricidad y, con ello, a la factura del cliente final.
No eliminará el impuesto, lo que requeriría un dilatado proceso legislativo, sino que rebajará el tipo que se aplica desde ese 7% hasta uno “prácticamente cero”, según desveló ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.
Y como la medida se trata de rebajar un impuesto, tendrá un impacto directo en la recaudación estatal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la cantidad que las arcas públicas dejarán de recaudar con la iniciativa urgente para bajar la luz.
Montero ha apuntado que esa merma en la recaudación “se corregirá con otras partidas presupuestarias”, en una entrevista con RNE. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se reconoce que la reducción de los ingresos por el impuesto de generación puede compensarse con la mayor recaudación por los derechos de emisiones de CO2, cuyo precio se ha triplicado en los últimos meses.
El impuesto a la generación eléctrica del 7% lo creó el primer de Gobierno de Rajoy en 2012 como uno de sus pilares de su reforma eléctrica. La ministra de Hacienda calcula una caída de los ingresos fiscales de 1.000 millones de euros, lo que contrasta con la recaudación anual desde su puesta en marcha, que ha rondado los 1.600 millones cada año. La Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), de hecho, ha elevado la estimación de lo que se dejará de recaudar este año hasta los 1.500 millones.
Las estimaciones del Gobierno pasan por que la medida urgente sirva para reducir la factura eléctrica de los consumidores domésticos entre un 2% y un 4% (lo que en la práctica se traducirá en una rebaja de unos 2 euros para un cliente tipo medio).
Montero ha avisado a las compañías eléctricas que estará “vigilante” para que la rebaja del impuesto se “repercuta realmente” en el precio de la electricidad en el mercado mayorista y también en el recibo de luz que pagan los consumidores finales.
En paralelo, y ante las peticiones que desde Unidos Podemos o desde organizaciones de consumidores como Facua de rebajar el IVA que se aplica a la electricidad (del 21%), la ministra de Hacienda ha descartado hacerlo por no ser posible. “Los partidos políticos saben que el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento”.
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