La gran mayoría de los guardias civiles destinados en comisión de servicio en Mauritania no han podido ejercer su derecho al voto en las elecciones europeas de este domingo 9 de junio.

Según ha podido saber El Independiente, sólo seis de los 30 agentes han recibido la documentación para poder ejercer su derecho activo, lo significa que el 80% se ha quedado desamparado "aún pidiéndolo", señalan las fuentes consultadas. El malestar entre los guardias es manifiesto, ya que el Ministerio del Interior no les ha dado ninguna explicación.

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están destinados en el extranjero tienen que pedir el voto por correo. Es una decisión voluntaria y personal, y es el Estado el que tiene que propocionarles la documentación necesaria.

Los agentes en Mauritania forman parte del dispositivo del servicio de fronteras de Frontex. Según ha podido saber este periódico, sólo los agentes censados en Las Palmas han podido votar, quedándose fuera el de restos de provincias.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), consideran que el Ministerio del Interior trata a estos agentes como "ciudadanos de segunda". Su portavoz, Pedro Carmona, ha señalado a este periódico que se encuentran "ante una situación que retrata bien como sigue considerando el Ministerio de Interior a los guardias civiles, mano de obra barata y sin derechos" ya que no ha permitido "a los guardias civiles en comisión de servicio del servicio aéreo, Marítimo y Fiscal en Nouadhibou puedan ejercer el derecho al voto en estas próximas elecciones europeas".

Los problemas con el voto no es el único que han sufrido los guardias civiles en la zona en los últimos tiempos. El año pasado, más de medio centenar de efectivos del Cuerpo que se encuentran destinados en África se vieron afectados por el impago de unos 11.000 euros a razón de 3.700 euros al mes en concepto de dietas. Los agentes tuvieron que adelantar el dinero de sus bolsillos, muchas veces enviados por sus familias.

Desde la misma asociación catalogaron de "vergüenza que jueguen con la vida profesional y personal de los agentes ya que no solo tienen que soportar que la cuantía de las dietas sea baja, sino que también sufren retrasos en sus cobros mientras se encuentran de misión fuera de su país".