La cabeza de lista europea del PP, Dolors Montserrat, ha remitido una misiva a la todavía presidenta de la Comisión europea y candidata a la reelección, Úrsula Von der Leyen, para que las instituciones comunitarias "actúen en consecuencia" contra la ley de Amnistía, una vez que entró en vigor el pasado lunes al publicarse en el BOE. Escribe la dirigente popular en nombre de su partido que "esperamos que la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España sino en toda la Unión Europea y actúe en consecuencia para salvaguardarlos".

Montserrat explica a Von der Leyen, con la que comparte familia política europea, que la ley pactada a la medida del prófugo de la justicia Carles Puigdemont "supone un ataque frontal al Estado de Derecho en España con la que el Presidente Sánchez sólo busca borrar los delitos -incluidos los de corrupción o terrorismo- a otros políticos a cambio de permanecer en el poder".

No es la primera vez que el PP lleva este tema a Europa. De hecho, se ha debatido al respecto en la Eurocámara con un presidente del PPE, Manfred Weber, que ha asumido todas las tesis de los populares españoles respecto a la inconstitucionalidad de la norma, en los mismos términos en que se expresaba Pedro Sánchez antes del 23-J y así lo recuerda Montserrat. "Esta ley no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución, algo que el propio Gobierno de España defendía antes de necesitar los votos de los que redactaron esta amnistía y son hoy los beneficiarios de ella" en alusión a Junts.

Ley "profundamente divisiva"

En definitiva, considera la cabeza de lista del PP y vicepresidenta portavoz del Grupo Popular Europeo que "lejos del propósito de reconciliación con el que se ha tratado de justificar y como ya ha reconocido la Comisión de Venecia, esta ley de amnistía resulta profundamente divisiva y ha generado un profundo rechazo en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial y en la sociedad española".

El PP asegura que llevará la controvertida ley ante el Tribunal Constitucional, camino que seguirán todas las comunidades autónomas gobernadas por este partido. En todo caso, en la sede nacional popular prefieren esperar a los tribunales. El Supremo y el TJS de Cataluña han pedido a las partes que se pronuncien sobre la aplicación de la ley y hasta el Tribunal de Cuentas ha anunciado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De hecho, en el PP no albergan ninguna esperanza respecto a que el tribunal de garantías constitucionales, presidido por Cándido Conde Pumpido, tire abajo una norma sobre la que se sostiene la legislatura de Pedro Sánchez y confían más en las instancias europeas, tanto en la Comisión, que deberá renovarse a finales de año tras las elecciones europeas, como en el TJUE.