Si finalmente se rompe la negociación con el PP y no hay renovación consensuada del Consejo General del Poder Judicial antes de final de junio, el Gobierno modificará la ley para "liberar" al órgano de gobierno de los jueces del "secuestro político", del bloqueo. Privará al CGPJ de su potestad de realizar los nombramientos de la cúpula judicial, que es su competencia más golosa, pero eso no quiere decir que quien pase a hacerlos sea el propio Ejecutivo.

No ocurrirá eso en ningún caso, según garantizó este jueves el presidente, Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa conjunta en la Moncloa con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La reforma promovida por el Ejecutivo será, prometió, "respetuosa" con la independencia judicial, y acorde tanto con la Constitución como con la normativa europea.

Guilarte advertía este jueves de que no es "admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno" en los nombramientos de los altos cargos judiciales

La aclaración de Sánchez este jueves era pertinente después de la cascada de críticas que recibieron sus palabras ayer en Televisión Española. El presidente lanzó un ultimátum al PP para que acuerde el desbloqueo del CGPJ en los próximos 15 días, porque de lo contrario PSOE y Sumar llevarán al Congreso su propuesta de reforma legislativa para restar al órgano de gobierno de los jueces el "incentivo perverso" que tiene para el PP, y es su poder para nombrar a los magistrados del Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, de las audiencias provinciales o de la Audiencia Nacional. Pero no concretó quién se encargaría de hacer esas designaciones.

Este jueves, le respondió el presidente suplente del CGPJ, el conservador Vicente Guilarte, advirtiéndole de que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno" en los nombramientos de los altos cargos judiciales. Insistió en que estos han de seguir residenciados en el CGPJ "por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada" en la Carta Magna y recordó que con anterioridad a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los nombramientos los efectuaba directamente el Ministerio de Justicia.

Guilarte pedía a Sánchez que aclarara cuál es su propuesta, ya que "la amenazante alternativa esbozada", la de que el Gobierno recuperase la potestad de elegir a los altos cargos judiciales, "resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo". El presidente suplente sí considera, no obstante, que Sánchez "abre la puerta a la esperanza", y saluda que entre en el "círculo" de los que creen que el problema radica en los nombramientos de la cúpula judicial y estiman que hay que someterlos al principio de mérito y capacidad, porque hoy la fórmula está "viciada de discrecionalidad", por el pasteleo entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Él lleva meses planteando alternativas, como que sean los propios jueces de los territorios los que promocionen a los presidentes de las audiencias provinciales, de los TSJ y de las salas, y que se cree una comisión específica para elegir a los magistrados del Supremo. También Guilarte ha sugerido un sorteo para elegir a los vocales del CGPJ y contar así con un órgano renovado.

Lo que queremos es despolitizar el CGPJ", "liberarlo del secuestro político en el que lleva sumido consecuencia del bloqueo del PP", alega

En su comparecencia con Erdogan, Sánchez fue preguntado por el detalle de su propuesta, por si su pretensión es que el Gobierno nombre a los altos cargos judiciales. El jefe de Ejecutivo explicó que, para redactar la reforma que llegará al Parlamento en caso de fracasar la negociación con el PP, los socios de coalición se están "inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de dos mil días" de bloqueo. Entre ellas, señaló, la del actual presidente del CGPJ, "y ahí nada tiene que ver el Gobierno". "Lo que queremos es despolitizar el Consejo", mantuvo, "liberarlo del secuestro político en el que lleva sumido consecuencia del bloqueo del PP". En realidad, no era la primera vez que el jefe del Ejecutivo reconocía que le gustaba el plan Guilarte. Ya hace meses, antes de que arrancase la negociación con el PP bajo la mediación de la UE, lo admitió ante los periodistas.

12,5 millones al año

Es decir, vino a expresar este jueves, que si en la fórmula Guilarte el Ejecutivo no aparecía por ningún lado, y el Gobierno se inspira en ese plan, no hay nada que temer porque no será Justicia quien recuperará su potestad para hacer nombramientos. La reforma que se implementará en caso de no llegar a un acuerdo con el PP antes de julio, dijo, será "respetuoso con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional" y "acorde con la normativa europea". Pero será, sobre todo, "un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis", apreció. No bajó más al detalle, y no lo hará, señaló, hasta que se sepa "el resultado de esta negociación" con los populares. Si tiene éxito o naufraga.

Para Sánchez, "lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no"

Sánchez intentó hacer pedagogía de qué supone el bloqueo en el CGPJ. Porque como lleva más de cinco años y medio con el mandato caducado, el órgano no puede hacer nombramientos de altos cargos —en la legislatura pasada, en 2021, PSOE y Unidas Podemos le quitaron esa facultad cuando está en funciones—, y eso hace que se acumulen vacantes sin cubrir. Hay, primero, un coste económico, de 12,5 millones de euros al año, porque el Gobierno tiene que reforzar los tribunales. Por cada año también se acumulan mil asuntos de retraso en el Supremo. "Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del Tribunal Supremo, y 72 plazas en tribunales superiores de justicia y en audiencias provinciales. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces, de juezas, de magistrados y de magistradas", alertó.

Así que "el día de la marmota se acabó", reiteró. No esperará más al PP si no llega a un acuerdo en estos próximos 15 días. Los populares, dijo, deben decidir "si quieren cumplir con la Constitución". "Y no hay excusa que valga. No se puede poner encima de la mesa otra excusa. Hay que cumplir con la Constitución", insistió. "Lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no", remachó.

El Ejecutivo acepta la labor de mediación de la Comisión Europea, quiere seguir sentándose a la mesa, pero el plazo es el que es. "Nosotros vamos a ejercer nuestra responsabilidad, y es defender la vitalidad y el buen nombre del Consejo General del Poder Judicial", justificó. La decisión está tomada, por tanto. La incógnita ahora a despejar es si estas dos semanas posibilitarán el acuerdo entre Gobierno o PP o si esa vía ya es totalmente impracticable.