El nuevo marco fiscal de la Unión Europea, tras la pandemia del coronavirus y la manga ancha que garantizó Bruselas para que los estados miembros hicieran frente a los gastos sanitarios, comienza a aplicarse. Las primeras consecuencias se conocerán este miércoles, cuando la Comisión Europea presente los procedimientos de déficit excesivos para aquellos estados que superasen el 3% durante 2023. España es uno de ellos.

En total, son 11 países. Además de España (-3,6%), superaron esa cifra Italia (-7,4%), Hungría (-6,7%), Rumanía (-6,6%), Francia (-5,5%), Polonia (-5,1%), Malta (-4,9%), Eslovaquia (-4,9%), Bélgica (-4,4%), República Checa (-3,7%) y Estonia (-3,4%).

La Comisión publicará un informe sobre estos once países y tendrá en cuenta otros factores para decidir si abre un expediente que podría culminar en sanciones si los estados miembros no cumplen con una senda de reducción de este desajuste. Bruselas valorará también la situación de la deuda, la evolución económica y la inversión en defensa, así como la senda del déficit en los próximos años.

Precisamente por ese motivo hay incógnitas sobre si la Comisión incluirá a España entre los países expedientados. La norma es clara y se aplica si el porcentaje supera el 3%. Entonces, nuestro país sí formaría parte de los expedientados. Sin embargo, hace unas semanas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis aseguró que "si se vulnera ese importe pero es una vulneración cercana y temporal, entonces nos puede llevar a valorar otros criterios y no abrir un procedimiento de déficit excesivo".

En el caso de España, las previsiones del Ejecutivo ya plantean un déficit del 3% para este año y del 2,5% en 2025. El Gobierno confía en el crecimiento económico y en la buena marcha del empleo para compensar con ingresos los gastos públicos y así reducir el déficit.

También Bruselas coincide con las previsiones del Gobierno y espera que el déficit público se reduzca del 3,6% de 2023 al 3% este año, con lo que España cumpliría con las reglas fiscales desde este año.

Según El País, las buenas perspectivas en materia de déficit y la reducción drástica del mismo en los últimos tres años, habrían convencido a la Comisión para mantener al margen a nuestro país de este procedimiento. No obstante, la decisión tiene que tomarla este miércoles el Colegio de Comisarios.

¿Qué es un procedimiento de déficit excesivo?

El procedimiento de déficit excesivo obliga a los países a reducir en al menos medio punto del producto interior bruto (PIB) cada año el déficit estructural. Además, estos estados tienen que rendir cuentas y explicar a Bruselas qué medidas se van a tomar y en qué plazos para reducir el desajuste en las finanzas públicas. Si el país continúa incumpliendo el marco fiscal europeo, podría enfrentarse a sanciones.

En la presentación de este miércoles, no está previsto que la Comisión cuantifique el ajuste que deberán acometer los estados miembros que hayan superado el umbral del 3%. Esto se producirá más adelante, cuando los países hayan enviado sus planes a cuatro o siete años en los que deberán detallar qué medidas y reformas se van a llevar a cabo para consolidar el equilibrio presupuestario.

Durante los próximos meses, los gobiernos de los estados miembros mantendrán conversaciones técnicas con las autoridades comunitarias sobre la trayectoria fiscal de cada país. Será el 20 de septiembre cuando cada país remita a Bruselas los planes nacionales de estabilidad. Tras esto, cada Gobierno deberá remitir sus borradores presupuestarios para 2025 antes del 15 de octubre y la Comisión Europea verificará que éstos cumplen con la senda presupuestaria pactada entre ambas partes. 

Paquete de primavera

Además de los procedimientos de déficit excesivo, la Comisión Europea presentará este miércoles el conocido como paquete de primavera. Se trata de las recomendaciones específicas para cada estado miembro.

Como ha venido haciendo durante los últimos años, Bruselas hará propuestas a las economías de la Unión Europea para abordar los retos macroeconómicos que identifique. En este documento se abordan "las finanzas públicas, las reformas del sistema de pensiones, la educación, los desafíos de la innovación, la creación de empleo o la lucha contra el desempleo".