El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pretende seguir el criterio que marque el Tribunal Supremo con Tsunami Democràtic en relación a la amnistía, según confirman fuentes jurídicas a este medio. El fiscal Miguel Ángel Carballo está ultimando ya su informe para presentar en la causa en la que se investigan los disturbios provocados por la plataforma en 2019. Aunque el plazo terminaba la próxima semana, la instructora del Supremo Susana Polo ha puesto el reloj a cero a petición del expresident Carles Puigdemont así que la decisión de los tribunales sobre el delito de terrorismo relacionado con el independentismo puede demorarse hasta principios del mes que viene. El nuevo cisma en la Fiscalía puede abrirse con la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR).

De hecho, es posible que la aplicación de la Ley de Amnistía ni siquiera la llegue a hacer García Castellón, sino que sea su sustituta la titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que es quien se hace cargo de su juzgado cuando él se va. El juez instructor se marcha en una semana de vacaciones y no volverá hasta finales de julio cuando, en principio –según citadas fuentes jurídicas–, el asunto debe estar ya encaminado.

La intención es no descolgarse de la estrategia que siga el Supremo que, al fin y al cabo, es el 'padre' de los tribunales. Cada juez puede plantear las cuestiones de inconstitucionalidad (al Tribunal Constitucional) o cuestiones prejudiciales (al Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que quiera, pero las fuentes preguntadas creen que lo coherente es que la Audiencia Nacional vaya de la mano del alto tribunal.

Así las cosas, la magistrada del Supremo Susana Polo tiene tres opciones con el delito de terrorismo: aplicar la amnistía sin matices y perdonar directamente a Puigdemont y al diputado catalán Rubén Wagensberg (que son los procesados allí por ser aforados); no aplicarla por entender que el delito de terrorismo que se investiga queda excluido de la ley al afectar a derechos humanos; o plantear una cuestión prejudicial para que sea el tribunal europeo el que aclare el asunto.

Las distintas fuentes consultadas se inclinan por pensar que esta última es la opción más conveniente para el caso del terrorismo ya que hay dudas entre los propios jueces. La norma del perdón deja fuera de la aplicación el terrorismo que haya causado "graves violaciones de derechos humanos" como está recogido en la Directiva Europea [2017/541] y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en su momento hubo mucho debate con este término porque distintos juristas se preguntaban qué tipo de terrorismo no supone una vulneración de los derechos humanos. Es un oxímoron, decían.

La Fiscalía ha defendido en el alto tribunal que la plataforma que bloqueó el aeropuerto de El Prat (Barcelona) no entra en este saco porque no "ha causado de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos", porque tampoco provocaron ningún muerto, ni hubo lesiones o acciones graves de tortura.

Es evidente que la postura que adopten en la Audiencia Nacional irá en la misma línea, puesto que el Ministerio Fiscal tiene unidad de acción. Pero está por ver si hay o no ruptura interna como la ha habido para el delito de malversación que se ha llevado por delante a los fiscales de la Sala de lo Penal del procés que llevaban encargándose del asunto desde 2017.

La teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde presentó este miércoles su informe ante la instructora Susana Polo exonerando de cualquier delito a los autores. En el Supremo el papel cae en manos de Carballo que ha llevado desde el principio la causa (aunque ahora se ha marchado de la Audiencia Nacional para ser fiscal jefe de Ciudad Real) y que, de hecho, ni siquiera veía delito de terrorismo en la investigación. Fuentes fiscales señalan que es él quien está preparando el informe que presentará en los próximos días.

La decisión del Juzgado de García Castellón llegará una vez se haya pronunciado el Supremo. Este miércoles la magistrada Polo aceptó la personación de Puigdemont y consintió la petición del expresident que pedía que el plazo de 10 días que dio la semana pasada empezara a contar desde entonces. La fecha tope es ahora, por tanto, el próximo día 3 de julio y sólo a partir de entonces el alto tribunal desvelará qué pretende hacer con el terrorismo y la amnistía.

El peligro de los CDR

El peligro de nuevo enfrentamiento en el seno de la Fiscalía está realmente en la causa de los CDR, según las fuentes consultadas. Esta causa ha quedado en manos del fiscal Vicente González Mota, una vez Carballo se ha marchado de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía había pedido en este asunto penas de entre ocho y 27 años de prisión para los 12 miembros de los Comités a los que se les atribuye, incluso, la fabricación de explosivos. El Ministerio Público era tajante en su escrito al describir una "célula radical", llamada Equipo de Respuesta Táctica (ERT) cuya finalidad era atentar en algunos puntos para conseguir defender la independencia de Cataluña tras el referéndum del 1-O.

En esta investigación, los fiscales no han presentado fisuras en torno al terrorismo y siempre han creído que lo había por lo que encajar la amnistía puede ser más complicado. Primero, por el tipo de hechos y segundo, por el perfil del fiscal González Mota quien ya se enfrentó a la Fiscalía General del Estado en la reapertura del caso del asesinato de ETA de Miguel Ángel Blanco.