Bruselas. 17.30 horas. 25 de junio de 2024. Un apretón de manos, con la Comisión Europea como madrina del acuerdo, ponía fin a más de cinco años y medio de parálisis. Más de dos mil días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El "fin de una anomalía constitucional e institucional", un "gran día para el Estado de derecho", celebraba ufano el ministro Félix Bolaños. "La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad", señalaba de forma más prosaica el dirigente popular Esteban González Pons. Vendido de una manera u otra, lo cierto es que este martes Gobierno y PP alcanzaban un pacto absolutamente histórico. Por esa demora inédita en el relevo de un órgano constitucional —cinco años, seis meses y 21 días—, por las negociaciones frustradas, por la creciente tensión y hostilidad entre las dos partes y por la hasta ahora negativa de los populares de acceder al desbloqueo, vestida con sucesivas "excusas". Todo parecía conducir a que esta última intentona, promovida por el ultimátum del presidente, Pedro Sánchez, iba a estrellarse, como todas las anteriores. Pero no fue así. Esta vez sí prosperó el acuerdo. "Por fin", como respiraban en el Gobierno, donde ahora confían en que el paso de gigante dado ayer abra el camino hacia la actualización de otras instituciones, como el Banco de España o RTVE.

Este martes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando ya se conocía que Bolaños y Pons habían volado hacia Bruselas para reunirse a las 16.30 con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la UE, Věra Jourová, todavía afloraban las dudas en el núcleo duro del jefe del Ejecutivo. "Hemos estado tantas veces a punto de llegar a un acuerdo que yo ya no me fío. El PP recibe muchas presiones internas. No podemos dar nada por hecho hasta que esté hecho", confesaba una integrante del núcleo de confianza de Sánchez. El miedo imperaba todavía a esas alturas. Y eso que ya desde el lunes Gobierno y PSOE mostraban "optimismo" y calentaban, como el PP, la expectativa de un consenso inminente.

Los últimos flecos se remataron en la mañana del martes, y se puso cuidado por miedo a que las "presiones" en el PP pudieran hacer descarrilar el entendimiento sobre la renovación

Los últimos flecos del pacto para la renovación del CGPJ —un paquete que incluye tanto los compromisos contraídos por las dos partes como los nombres de los 20 vocales como de sus 12 suplentes, el magistrado que irá al Tribunal Constitucional por la cuota del Senado y propuesto por el PP, y la proposición de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal— se cerraron por completo, de hecho, en la mañana del martes, según admitían fuentes gubernamentales. Y si esta vez sí fue posible rubricar el acuerdo se debió a que el PP sí tenía "voluntad" de acercarse al Gobierno. Lo que estaba en juego, venían advirtiendo en la Moncloa en las últimas semanas, desde que Sánchez lanzó su ultimátum en TVE, era si Alberto Núñez Feijóo se mostraría lo suficientemente corajudo como para vencer las presiones internas e imponerse al sector duro de su partido, encabezado por Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. Si se decidiría a "cumplir la Constitución" o bien sucumbiría ante sus "jefes". Porque faltaba el último empujón, ya que ya en marzo el consenso estaba muy avanzado, según el Gobierno, y se aceleró en los últimos días.

El desenlace arroja, por tanto, una conclusión, que ahora sí el líder del PP dio un golpe en la mesa para reforzar su autoridad interna. "Misión cumplida", se felicitó el jefe del principal partido de la oposición, en una comparecencia extraordinaria —y significativa— en la sede de Génova. "En el PP han sacado a Feijóo después de Pons para calmar a los suyos", leían los colaboradores directos de Sánchez.

"La satisfacción es para todos. Para Feijóo y para nosotros. Él lo tenía claro pero es verdad que a Génova le daba pánico por las presiones internas que pudieran recibir. Por eso Pilar Alegría salió cauta en la rueda de prensa", contaban fuentes gubernamentales. Y, ciertamente, la portavoz del Gobierno evitó dar detalles que pudieran reventar el acuerdo y evitó ostensiblemente sacar toda la artillería habitual contra el dirigente gallego.

Con este pacto no parece que el PP crea ya que la legislatura vaya a terminar mañana", señalaban a este diario fuentes de la Moncloa.

El acuerdo es, sobre todo, una prueba para el PP y, singularmente, para Feijóo y su pulso sobre los suyos. Porque internamente para Sánchez no suponía ninguna factura. "Al contrario. Conseguimos acuerdos. Se prueba la firmeza del presidente y la profundidad de la legislatura. Porque con este pacto no parece que el PP crea ya que la legislatura vaya a terminar mañana", señalaban a este diario fuentes de la Moncloa.

Vocales del CGPJ y magistrado del TC pactados por PSOE y PPDescarga

Para el líder socialista, esto es un tanto ganado. Porque logra, con una dilación inédita en democracia, la renovación del CGPJ, con una composición más equilibrada —10 vocales progresistas, 10 conservadores—, y lo rubrica dentro del último plazo que él se había marcado: antes del 30 de junio. Si el PP se desentendía, advirtió, PSOE y Sumar registrarían en julio una iniciativa para arrebatar al órgano de gobierno de los jueces su potestad de nombrar a la cúpula judicial, su función más apetitosa para los partidos. "Ha sido su ultimátum lo que ha provocado el acuerdo. Le ha funcionado porque el PP no quería que se quitase al CGPJ su potestad de designar jueces", razonaban fuentes muy próximas al presidente. En otras palabras, su "firmeza" hizo mella en el PP, según la lectura del Ejecutivo.

Recelos de los socios

Este primer gran consenso con los populares —que se suma al alcanzado en diciembre para la reforma del artículo 49 de la Constitución, ya ejecutada y en vigor— sirve asimismo para centrar la imagen de Sánchez, como leen en su equipo. "La mejor prueba es cómo salió Podemos", recordaban desde el Ejecutivo. La líder de la formación morada, Ione Belarra, cargó contra el PSOE por elegir el camino "de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática". Se sientan las bases, dijo, de "una gran coalición", una apreciación que también compartió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En cambio, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, aplaudió un acuerdo del que sí estuvo informado por el PSOE. "Es una gran victoria para la democracia haber acabado con el secuestro del Poder Judicial", aseguró Enrique Santiago, el dirigente al que Yolanda Díaz había encargado la interlocución con los socialistas en esta carpeta.

Los socialistas sí pactaron los nombres con Sumar y hacen oídos sordos a las quejas de los aliados parlamentarios: para el relevo del CGPJ "hace falta una mayoría de tres quintos"

No solo fueron Podemos y ERC. Los aliados parlamentarios del Gobierno mostraron en conjunto su disconformidad con el pacto y avisaron de que con él Sánchez lanza la señal de un cambio de caballo. Pero el PSOE no reculará. Alegría recordaba durante la rueda de prensa que para renovar el CGPJ "hace falta una mayoría de tres quintos" en Congreso (210 diputados) y Senado (160 señorías). Un umbral que en ambas Cámaras solo alcanzan por sí mismos PSOE y PP, sin necesidad del concurso de ningún otro partido. La portavoz, anticipando la firma que llegaría apenas cuatro horas después en Bruselas, ya promocionó una etiqueta que endosar al Ejecutivo.

"Claramente nos podemos definir, con contundencia, como el Gobierno del acuerdo", resumió. Es decir, la entente sellada con los populares sirve a Sánchez para reforzar su imagen de presidente capaz de tender la mano a derecha, con el PP, y a izquierda, con sus aliados de investidura —su izquierda, más los grupos nacionalistas e independentistas—. Este es el gran pacto de Estado que tanto perseguía el jefe del Ejecutivo desde hace más de cinco años.

Bolaños y Pons lacraron ante Jourová un pacto estrictamente judicial, para el relevo del CGPJ y para cubrir la vacante que dejó el magistrado Alfredo Montoya en el Constitucional, que renunció a su puesto en julio de 2022. Pero aún quedan instituciones y organismos parcial o totalmente caducados, o próximos al vencimiento de su mandato. El caso más claro y de mayor relieve es el del Banco de España —el gobernador, Pablo Hernández de Cos, cesó el pasado 11 de junio, y la subgobernadora que ahora ejerce sus funciones de forma interina deberá irse el 11 de septiembre—, pero también están pendientes RTVE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y en diciembre hará falta proceder a la sustitución de la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Acuerdo de PSOE y PP para la renovación del CGPJ y la reforma judicial y del Estatuto FiscalDescarga

Esa puerta, espera el Gobierno, se abrirá. "Sin duda tenemos mejores condiciones", admitían en el círculo de Sánchez. Bolaños, preguntado por los periodistas en Bruselas, insistió en que la máxima que utiliza el Ejecutivo es "discreción" en las negociaciones y publicidad en los acuerdos. "Eso hoy [por este martes] se cumple. No hay otros acuerdos, si bien el clima de diálogo que hemos establecido favorece que sigamos hablando y que con toda normalidad se llegue a acuerdos en otros ámbitos", respondió. La prudencia del ministro responde, explicaban en el Ejecutivo, a la necesidad de esperar. "Hay que ver cuál es la reacción dentro del PP. Del sector duro de Ayuso. Dependerá de la digestión que hagan en el PP".

En el Gobierno se defiende que se está "en mejores condiciones" para nuevos acuerdos, pero habrá que ver la "digestión" que haga el PP de esta entente sobre el Poder Judicial

Pero la decisión de Feijóo tenía, a juicio del Gobierno, otra derivada: su asunción de que la legislatura no morirá pronto y de que no alcanzará la Moncloa de manera inminente. "La expectativa que tenía de gobernar ya no la tiene", apuntaba un ministro, felicitándose de un "día inmenso". "Lo importante es que se acaban más de 2.000 días de anomalía democrática, y a eso ha contribuido la presión de los jueces, la UE y el ultimátum del presidente", añadían en Ferraz.

Las claves del pacto

Pero, ¿cuáles son los ejes del acuerdo firmado este 25 de junio en Bruselas?

10 vocales progresistas, 10 conservadores, sin nacionalistas y con una paridad justa. PSOE y PP pactaron una lista equilibrada, al 50% para cada sensibilidad. 10 vocales conservadores —todos ellos cercanos al PP— y 10 progresistas —ocho elegidos por los socialistas, otro por Sumar, Carlos Preciado, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y otro más promocionado por ambas fuerzas, la fiscal Inés Herreros—. No hay, por tanto, ningún vocal promovido por las formaciones nacionalistas e independentistas. Ninguno con un perfil extremo. De los 20 vocales, 12 son hombres y ocho, mujeres. Se cumple estrictamente la paridad, con una proporción de 60%-40%. Pons celebró los "perfiles claramente profesionales" de los 20 nombres propuestos, entre los que no hay "ningún político ni expolítico", y de los que 16 proceden de la carrera judicial o fiscal. Son todos "de reputación y prestigio indudables, que representan a diferentes sensibilidades", subrayó por su parte el ministro de la Presidencia y Justicia.

No hay un presidente del Supremo y del CGPJ propuesto (que se sepa). A diferencia de otras renovaciones anteriores, esta vez los dos partidos proclaman que no está pactado el nombre del que será presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución señala, en su artículo 123, que es el órgano de gobierno de los jueces el que lo propone. Pero los dos grandes partidos podrían inducir de manera soterrada un candidato. O candidata.

También se cubre la vacante que dejó en el TC Alfredo Montoya. En su lugar entra José María Macías, miembro del CGPJ saliente y del ala dura

Cubierta la vacante del TC. El acuerdo también propicia la provisión de la vacante que dejó Alfredo Montoya en 2022. El magistrado renunció al cargo por enfermedad. Le correspondía proporcionar el nombre al PP y es el Senado el encargado de elegirlo. La persona aupada por los populares es José María Macías, miembro del CGPJ saliente y de la línea conservadora dura.

Una renovación inmediata según la ley vigente. Este punto era capital para el PSOE. Que se procediese sin demora al relevo de los 20 vocales del CGPJ. Y eso sucederá. La previsión es que en julio se celebre el pleno en las dos Cámaras de elección de todos sus integrantes, para que ya empiecen a trabajar "con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión", en palabras de Bolaños.

Los cambios a partir de ahora. PSOE y PP registrarán, además de los nombramientos, una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Entre los cambios, se introduce un régimen de incompatibilidades para ser designado como vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia: no podrán ser nombrados quienes, en los cinco años anteriores, hayan sido titulares de un ministerio o de una secretaría de Estado o de una consejería de un Gobierno autonómico o de una alcaldía o hayan ocupado cargos públicos representativos en la Eurocámara, el Congreso, el Senado o los parlamentos regionales. Además, se obligará a los candidatos a que comparezcan ante la Cámara que vaya a elegirlos con una memoria de méritos y objetivos.

También se prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, que informará sobre "todos los nombramientos que sean competencia del pleno", para asegurar una "valoración objetiva de las candidaturas presentadas". Y se exigirá una mayoría de tres quintos a los vocales del órgano de gobierno de los jueces para el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del TS encargado de las relaciones con el CNI.

Proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio FiscalDescarga

El fiscal general del Estado deberá abstenerse de intervenir en las causas que le afecten. Y no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, haya sido ministro, secretario de Estado, consejero de un Gobierno autonómico, alcalde, eurodiputado, diputado, senador o parlamentario regional. Es la cláusula que el PP quería introducir para que no se reprodujera un caso como el de Dolores Delgado, que saltó desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Los dos partidos se comprometen a no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esta proposición de ley que no vaya firmada conjuntamente. Es decir, ambos blindan lo consensuado.

Un cambio de modelo no asegurado. El PP exigía un nuevo sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial. Que los jueces elijan a los jueces, decía. Pero no consigue su objetivo de forma inmediata. Y es dudoso que se acabe materializando tal y como pretende. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley de reforma, el nuevo CGPJ elaborará "un informe" que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos análogos al español y que contenga una propuesta de reforma. Ese informe deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de sus vocales —o sea, con vocales conservadores y progresistas—, y habrá de garantizar la "participación directa de jueces y magistrados que se determine". Un cambio que, a su vez, pueda pasar el filtro de la Comisión Europea. La propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que se someta a la consideración de las Cortes "un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación".

En el Gobierno señalan que el cambio de modelo que proponga el CGPJ, por mayoría de tres quintos, "no es vinculante"

Aunque el PP celebra la introducción de ese punto, en el Gobierno advierten de que ese informe que elabore el nuevo CGPJ "no es vinculante". Es decir, que los socialistas no están obligados a asumirlo si no les satisface. Pero, con la garantía de que el Consejo deberá aprobarlo por tres quintos, el Ejecutivo consigue también que la propuesta no estará demasiado escorada hacia el PP. Bolaños subrayó que cualquier cambio ha de gozar de un gran consenso, tan amplio, al menos, como el que tiene el modelo actual, de 2000 (y actualizado en 2013), con más del 90% de apoyo del Congreso.

Currículum de José María Macías Castaño, nuevo magistrado del TC a propuesta del PPDescarga

Control de las puertas giratorias. La nueva ley dispone que se debe declarar en excedencia voluntaria un juez o magistrado que se presente como candidato a las europeas, a las generales, a las autonómicas o para ser alcalde, cuando ocupe uno de esos cargos y también cuando sea nombrado como cargo de confianza con rango superior al de director general. En estos dos últimos casos, no podrán reingresar al servicio activo hasta que pasen dos años desde que cese en el puesto que motivó su excedencia voluntaria. Además, se eleva de 15 a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para ser nombrados magistrados del Supremo.

Los jueces que pasen a ocupar un cargo público tendrán que dejar pasar dos años para volver a su carrera en los juzgados. Y se eleva de 15 a 20 años el tiempo que deben cumplir los que sean nombrados magistrados del Supremo

Fin a la parálisis. El PSOE considera que este acuerdo es positivo para los ciudadanos porque restaura la confianza en la Justicia después de exactamente 2.030 días de bloqueo y porque cada año sin renovación, el TS acumulaba mil asuntos de retraso. Además, con el relevo, se podrán cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Supremo —sufría un 30% de vacantes— y más de 70 en tribunales superiores de Justicia autonómicos y en audiencias provinciales. En total, en torno a un centenar de plazas. Se crearán asimismo 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos cinco años. El coste anual del bloqueo era de 12,5 millones, ya que el Gobierno estaba reforzando al TS para evitar su colapso.

Un acuerdo "entre diferentes" posible gracias al "respaldo" de Sánchez. Bolaños se felicitó de que una crisis institucional tan profunda como esta se ha podido resolver "con diálogo y negociación", haciendo "honor" a la letra de la Constitución, que impulsa los acuerdos "entre diferentes". Tras mostrar su plena satisfacción por el pacto, el ministro agradeció a la Comisión Europea, a la vicepresidenta Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders —quien se puso al frente de la mediación en enero, hasta que en abril marchó a hacer campaña para el puesto de secretario general del Consejo de Europa—, por su "esfuerzo" para que prosperase este diálogo estructurado.

Plena normalidad en los tres poderes", dice Bolaños, "un día importante para el Estado de derecho en España", añade Pons. Se pone así fin a 2.030 días de bloqueo

También cumplimentó a Pons y al PP por estos "meses de negociación". "Hemos trabajado mucho y duro". Y también agradeció a Sánchez su "respaldo y apoyo" en estos últimos años de negociaciones. Ahora se consigue, recalcó, la "plena normalidad en los tres poderes". En el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. "Un día importante para el Estado de derecho en España", glosó el dirigente popular, que por su parte cumplimentó a Bolaños por su trabajo. El acuerdo "aborda una preocupación que existe desde hace mucho tiempo y mejora la situación del Poder Judicial en España", se limitó a expresar Jourová, que actuó casi de tutora en la firma.

Comparecencias separadas, firma conjunta. Bolaños y Pons rubricaron su acuerdo en Bruselas ante Jourová. Pero después comparecieron con la vicepresidenta por separado. Primero, el vicesecretario de Institucional del PP, y luego el ministro. Se intentaba así que si llegaban preguntas "comprometidas", el orador estuviera más cómodo, dijo Pons. Bolaños no acertó con la razón de la coreografía: "No sabría decir. Es un acto muy positivo, la firma de un gran acuerdo". La rúbrica de un pacto que pone fin a un CGPJ que echó a andar el 4 de diciembre de 2013, cuando quien gobernaba España era un PP, el de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta. El que liquida un órgano que ha vivido más tiempo con el mandato caducado que en vigor. Una anomalía que ha costado demasiado tiempo subsanar y que se supera con un pacto de Estado. Un consenso bipartidista en una España muy distinta a la de hace 11 años.