La proliferación ilegal de pisos turísticos es un fenómeno que no se detiene. Las administraciones comienzan a intentar mover ficha para frenar un fenómeno que está causando en determinadas zonas problemas de convivencia con los vecinos autóctonos, al margen de las molestias que puede generar en los edificios donde hay una o varias viviendas destinadas al alquiler de corta estancia.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado su intención de acabar por completo con este tipo de alojamientos en la ciudad condal. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se plantea la posibilidad de cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos tengan poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas.

Mientras las administraciones piensan soluciones, el fenómeno sigue creciendo de forma imparable en un contexto donde el acceso al mercado del alquiler de larga estancia es cada vez más complicado. El auge de la vivienda turística es un fenómeno difícil de medir ante la proliferación de pisos que se dedican a esta actividad sin la correspondiente licencia. Aún así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora desde 2020 una medición experimental que refleja cómo se han disparado un 22,9% en los últimos dos años.

Según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de febrero, en España habría 351.389 viviendas de uso turístico. En el mismo mes de 2022 eran 285.868. Con un crecimiento interanual del 15%, se trata del mayor volumen de esta corta serie histórica y representa el 1,33% del parque total de vivienda en España.

Precisamente, las patronales de los propietarios de viviendas turísticas se agarran a esos bajos porcentajes para rebatir las críticas que se vierten desde diversos sectores como el de los alojamientos hoteleros, las asociaciones de inquilinos y diversos partidos políticos.

El Ministerio de Consumo anunció que iba a enviar requerimientos a este tipo de plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en infracción. Las plataformas donde se registran los anuncios se escudan en una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que dice que "la información del anuncio, incluido el correcto número de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia". En ese sentido, señalaba que la plataforma denunciada era "un intermediario neutro".

Contactados por este medio, desde Airbnb y Booking.com, dos de las mayores plataformas, han declinado hacer comentarios acerca de la intención de Collboni de no renovar en noviembre de 2028 las 10.100 licencias con las que cuenta la ciudad de Barcelona. Tampoco sobre una eventual modificación legal para que las comunidades de vecinos puedan vetar los pisos turísticos de forma más sencilla.

Al mercado negro

Para Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, tratar de prohibir el alquiler vacacional "es como tratar de poner puertas al campo". En este sentido, recuerda el ejemplo de Nueva York, donde la prohibición de este tipo de alojamientos por un plazo inferior a un mes "lo único que ha conseguido es trasladar el producto al mercado negro, sin conseguir resolver los problemas de oferta ni controlar la subida de los precios".

"Si lo que queremos es hacer crecer el mercado del alquiler permanente tenemos que tratar de estimular a los propietarios para desincentivar que los mantengan en el turístico", enfatiza. Los expertos inmobiliarios llevan tiempo alertando de que tras la aprobación de la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, la incertidumbre legal y la posibilidad de que se estableciesen zonas con topes de precios hizo que muchos propietarios optasen por pasar del alquiler de larga estancia al vacacional o, directamente, retirar sus pisos del mercado.

El parque de viviendas en alquiler de la ciudad de Barcelona supera las 300.000 unidades, por lo que añadir 10.000 unidades más genera un efecto mínimo

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista

En este sentido, aunque la vivienda turística ha podido provocar la desaparición de una parte de la oferta en algunas zonas concretas, los expertos creen que no es la causa principal. "Debemos tener en cuenta que el parque de viviendas en alquiler de la ciudad de Barcelona supera las 300.000 unidades, por lo que añadir 10.000 unidades más genera un efecto mínimo, un espejismo que duraría unas semanas hasta consumir el stock, pero la pesadilla del mercado estrangulado por las políticas antipropietarios volverá tras él, aumentando las tensiones y los precios de nuevo", insiste Iñareta.

Desde el portal inmobiliario entienden que las políticas en materia de alquiler requieren no solo de ambición sino también que se garantice un equilibrio entre propietarios e inquilinos estable en el tiempo. "No es realista pretender volver a un estadio previo a la aparición de las viviendas turísticas como en los años 90 en los que los hoteles centralizaban la oferta. Es imprescindible establecer nuevos marcos legales y fiscales que aseguren la convivencia pacífica de las dos figuras", remata.

"Contener el desmadre"

Al lado contrario se encuentran la gran patronal del sector que reúne a las principales hoteleras del país. "Lo que se pone de manifiesto es que no hay una hoja de ruta ni una gestión activa del turismo. Las reacciones son siempre a posteriori", decía el pasado lunes Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur y de la cadena hotelera Meliá.

El presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer.
El presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer. | Meliá

Además, aseguraba que la aportación de riqueza de las viviendas turísticas frente al sector turístico reglado "es ínfima". "No crea puestos de trabajo, no crea riqueza entre los proveedores, apenas crea impuestos por la falta de regulación y la economía sumergida", añadía. "Es necesario poner coto a ese problema. En todas las Comunidades Autónomas debe haber un deseo de contener ese desmadre que ha habido. Lo que haya, debe ser legal y debe regularse", concluía.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, planteaba este jueves incluso introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos en España y que tributen "como cualquier actividad comercial" para frenar el aumento de la oferta ilegal.