Rara vez el Tribunal Supremo ha mostrado fisuras en lo relativo al temas del procés. En esta ocasión, aunque cuentan con un voto discrepante por primera vez, cinco de los seis togados que conforman el tribunal han estado de acuerdo en que la amnistía no es aplicable a la malversación que los líderes independentistas hicieron para financiar el referéndum del 1 de octubre.

La ponencia ha recaído sobre el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que lleva en el alto tribunal desde 2007 y cumplirá una década el próximo mes de noviembre presidiendo esa Sala. Marchena es fiscal en excedencia y uno de los penalistas más reputados del Derecho español con numerosas publicaciones a sus espaldas. No pertenece a ninguna asociación de jueces por lo que, aunque en ocasiones se le ha colgado la etiqueta de conservador, no tiene una sensibilidad clara identificable. De hecho, los más conservadores recuerdan que fue precisamente su sentencia la que no condenó a los cabecillas del independentismo por rebelión en 2019 (un delito más grave que la sedición), como pedía la Fiscalía entonces.

Andrés Martínez Arrieta forma parte también de la Sala y es otro togado cuya sensibilidad es poco identificable. Con 25 años se convirtió en el vocal más joven del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y accedió a la Sala de lo Penal nada menos que en 1998, siendo también el más joven. Fue uno de los fundadores de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y redactó, entre otras, la sentencia que absolvió al exjuez Baltasar Garzón en los casos de los crímenes del franquismo. Actualmente es el número uno del escalafón de toda la carrera judicial.

Entre los considerados conservadores están Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, ambos miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Berdugo forma parte del Supremo desde 2004 y ha sido ponente de sentencias como la revisión del caso de Rocío Wanninkhof o la causa de los trajes, en la que absolvió al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Del Moral es, como Marchena, fiscal por oposición e ingresó en el despacho del alto tribunal en 2012 con ponencias a sus espaldas como la condena en firme a Iñaki Urdangarín o la que rebajó la condena de inhabilitación al expresident Artur Mas. Alguna fuente del Supremo bromea con el hecho de que sus sentencias, en ocasiones, le hacen parecer progresista, si bien es otro de los penalistas más valorados del Derecho español.

Andrés Palomo es la quinta firma en la sentencia que está de acuerdo con no amnistiar la malversación de este lunes. Tampoco está integrado en ninguna asociación y entre sus ponencias más célebres está la de haber anulado por falta de pruebas la condena a 119 años de cárcel a la etarra Itziar Alberdi Uranga, huida durante 22 año; o la que revocó por primera vez una condena a prisión permanente revisable.

Ana Ferrer es la magistrada del voto discrepante y la única mujer del tribunal. De hecho, fue la primera en presidir la Audiencia Provincial de Madrid y la primera en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo en 2014. Abriendo paso a las mujeres, su tendencia progresista se conoce por su afiliación a Juezas y Jueces para la Democracia, aunque no son pocas las decisiones que ha tomado en consonancia con el resto de sus compañeros, como por ejemplo, con la interpretación de la rebaja de condenas de la ley del 'solo sí es sí'.

Fuera del tribunal, pero dentro de la Sala de lo Penal del Supremo, el magistrado Pablo Llarena se suma a la mayoría de cinco para rubricar en solitario su decisión con respecto a los fugados entre los que se encuentra el expresident catalán Carles Puigdemont. De su lectura sobre la Ley de Amnistía también quedan fuera del perdón los delitos relativos al desvío de fondos públicos tanto porque interpreta que los políticos enriquecieron sus pretensiones en el sentido amplio de la palabra, como porque pudo haber afectación de los intereses de la Unión Europea en estos actos.

Ahora queda por saber qué interpretación de la Ley hará Susana Polo, la última togada del Supremo que debe pronunciarse sobre cuentas pendientes de los independentistas con la Justicia en ese órgano. Su caso será distinto porque es la instructora de Tsunami Democràtic y le toca interpretar el alcance de la amnistía para el terrorismo. Ella también es de sensibilidad progresista y fue, junto a Ana Ferrer, la firmante del voto particular en el 'caso de los ERE' por no ver claro el delito de malversación en el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.