Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que, en aras de "profundizar en la independencia del Tribunal Constitucional", pida la dimisión de la magistrada Laura Díez y el juez Juan Carlos Campo, ambos designados a propuesta del PSOE y que anteriormente habían formado parte del Gobierno de Sánchez. Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el ministerio de la Presidencia, primero bajo las órdenes de Carmen Calvo y después con Félix Bolaños, mientras que Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021.

Así lo ha afirmado el líder del Partido Popular en una entrevista en OndaCero, en la que ha avanzado que agotará los plazos para recurrir ante el Constitucional la "chapuza" de la ley de amnistía pese a que, según ha admitido, su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del tribunal de garantías al estar "trufado de dos cargos del Gobierno", en alusión a Campo y Díez. Feijóo ha indicado que "la obligación" del PP es recurrir la medida de gracia, y ha señalado que así lo harán.

Además, ha afirmado que los antecedentes de Cándido Conde Pumpido, actual presidente del TC, "no le tranquilizan", puesto que aunque "no ha estado de forma directa en un Gobierno", sí que fue el fiscal general del Estado en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y, posteriormente, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta también de los socialistas. Por otro lado, Feijóo ha defendido la designación de José María Macías para ocupar la plaza vacante en el TC a propuesta de su partido, señalando que éste "no ha tenido ningún cargo en el Partido Popular".

También ha sostenido que Pedro Sánchez ha "engañado" a Carles Puigdemont, y que el expresidente catalán "se ha dejado engañar", después de que ayer se conociera que el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación del procés y mantiene la orden de detención sobre Puigdemont.

Feijóo ha recalcado que la amnistía no es aplicable en el caso de la malversación pero "queda la desobediencia y otras conductas tipificadas en la ley de amnistía para recurrir" ante el Constitucional. Así, ha indicado que en los Tratados europeos la "malversación de fondos públicos no se puede amnistiar por un Estado miembro". "En mi opinión, la desobediencia tampoco se puede considerar constitucional, pero eso ya le corresponde al TC", ha apostillado.