El Tribunal Constitucional ha vuelto a desinflar este miércoles cuatro condenas de altos cargos de la Junta de Andalucía en el 'caso de los ERE'. Empezando por el exconsejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández, al que le han rebajado una parte de la condena por prevaricación y malversación y siguiendo por la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y otros dos cargos más a los que les anula directamente el delito de malversación, informan fuentes jurídicas a El Independiente.

Tras esta decisión del TC, la Audiencia de Sevilla ha acordado la puesta en libertad de los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, aunque ella disfrutaba ya del tercer grado desde hace menos de un mes. 

El alto tribunal se ha vuelto a dividir este miércoles por siete votos progresistas y cuatro conservadores entre los que reside un gran malestar por la gestión que el presidente Cándido Conde-Pumpido ha hecho en la comunicación de este asunto evitando que los votos particulares aparezcan a partir de ahora en las notas de prensa que reparte el órgano.

La sesión ha comenzado con el debate sobre la condena del exconsejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández, cuya pena era de 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación. El tribunal declara que se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal y la sentencia ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo.

Después el sector progresista ha votado a favor de quitar la condena de malversación la exconsejera de de Hacienda Carmen Martínez Aguayo —que se encontraba hasta ahora en tercer grado— de 6 años y 2 días y 15 años de inhabilitación, si bien mantiene una parte de la prevaricación por una partida, de acuerdo a dichas fuentes; la del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román —que se encuentra en prisión—, y la del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

El pleno se inició ayer con la deliberación con la anulación de la condena del que fuera director de la caja pagadora de los 'ERE' Miguel Ángel Serrano Aguilar [exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía, organismo a través del que se repartieron sin control las ayudas de casi 680 millones de euros], eliminando también los delitos de prevaricación y malversación por el que estaba en la cárcel. Esa misma tarde, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó la orden de que saliera de prisión. Una decisión que se suma a la de la semana pasada cuando también votaron a favor de borrar la pena a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez.

Será la semana del 16 de julio cuando los magistrados se dispongan a anular también la condena del expresidente andaluz José Antonio Griñán y el también otrora presidente de la Junta Manuel Chaves.

Enfado en el sector conservador

En el pleno de este martes, Conde-Pumpido señaló que a partir de ahora los votos particulares de los cuatro magistrados progresistas —César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez— no irían descritos en la nota de prensa posterior que se entrega a los medios cuando termina la deliberación.

Pumpido expresó que en la anterior reunión las palabras que habían incluido en la nota suponían un desprecio hacia la opinión de sus compañeros y eran desleales con la institución porque incluía críticas que rozaban el insulto. El sector conservador habla de "censura" y dice que no es de recibo que el presidente utilice el gabinete de comunicación como propio y no deje que la mitad del Tribunal pueda expresar sus ideas jurídicas para repartir a la prensa.