Es "un antes y un después". Un "cambio de guion". Un espaldarazo en tiempos de pesadumbre y tribulación. El PSOE de Andalucía, la antaño más poderosa federación del partido y la que aún sigue siendo la primera en militantes (43.610 en 2023), intenta recuperar el aliento ahora que el Tribunal Constitucional ha exonerado, total o parcialmente, a seis ex altos cargos de la Junta a través de unas resoluciones que desmontan la sentencia que dictó el Supremo en 2022. Siente que el tribunal de garantías da cobertura a la tesis que siempre mantuvo: que hubo fraude, dinero que se desvió ilegalmente, intrusos que se colaron en los ERE, financiados con fondos públicos, de empresas en las que nunca trabajaron, pero que no existió una trama política, en los mandos de la Junta, una "estructura piramidal" en cuya cúspide se situaban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que diseñó un sistema perfectamente engrasado para detraer recursos públicos. El TC vuelve a ubicar el epicentro de la corrupción en la sórdida década de 2000 a 2009 en la Consejería de Empleo.

En el pleno del Constitucional que arrancará el 16 de julio se dictará sentencia sobre los recursos de amparo restantes. Entre ellos, precisamente, los de Chaves —condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación— y Griñán —seis años de cárcel por prevaricación y malversación—. Previsiblemente, los magistrados volverán a propinar un correctivo al Supremo y levantará, total o parcialmente, las penas, en una nueva decisión polémica que ha vuelto a evidenciar un TC dividido en dos bloques: los siete miembros progresistas frente a los cuatro conservadores, que consideran que se abre, con esta revisión del caso ERE, un "espacio de impunidad".

El impacto de la decisión del TC, coinciden varios dirigentes consultados, es más "personal y emocional" que electoral. Porque no está nada claro que sirva para erosionar a un PP

El PSOE-A ya ha empezado a mover ficha, y la cúpula insiste en que, de forma "coordinada" con Ferraz, dará la batalla para "recuperar el relato", para hacer "pedagogía", para instalar, primero entre sus bases y después entre los ciudadanos, que las sucesivas sentencias —en palabras del líder regional, Juan Espadas—, dejan claro que el TC "destroza" la "teoría del complot, de una trama organizada para malversar fondos públicos". Para empezar, el barón autonómico ya advirtió este miércoles de que el PSOE-A llevará a los tribunales las "injurias" y "calumnias" que, desde PP y Vox, están vertiéndose contra el partido y contra los dirigentes exculpados. E intentará perseguir criminalmente por presunto delito de odio a la formación de Santiago Abascal, autora de las manifestaciones "más gruesas". En la federación andaluza prometen "actuar", no quedarse parados, en defensa de la "dignidad e imagen" del PSOE. "Vamos a ser contundentes y no vamos a aguantar tonterías de nadie", subrayan tajantes fuentes próximas a Espadas.

El impacto de la decisión del TC, coinciden varios dirigentes consultados, es más "personal y emocional" que electoral. Porque no está nada claro que sirva para erosionar a un PP que conquistó por primera vez una mayoría absoluta, y holgadísima, en 2022 —58 escaños, de un total de 109—, y que tire de un PSOE-A en horas muy bajas. Pero la federación necesita un chute de energía. Una dosis de confianza. Significa "superar" un trauma, el golpe terrible que supuso para el partido la sentencia del Supremo de 2022, adoptada por tres votos a favor y dos en contra, un fallo que había "lastrado la capacidad de recuperación del PSOE-A y agujereado la confianza de los ciudadanos". "No compartíamos el relato que construyó la jueza [instructora] Mercedes Alaya, que validó la Audiencia de Sevilla y después el Supremo por un 3-2, pero lo acatamos. Y siempre supimos que el TC nos daría la razón por la carga probatoria tan floja. Esto ahora cambia el guion. Pone el foco en que se ha construido el relato de un complot político que nunca existió y que las sentencias del TC respaldan", aseguran a este diario fuentes de la dirección del PSOE-A.

Lo que concluye la corte de garantías es que no se malversó dinero ni en Hacienda, que era la consejería que mandaba los presupuestos andaluces al Parlamento, y que ni siquiera se prevaricó, ni tampoco en Innovación, el departamento que, a través de la agencia Idea, actuaba como caja pagadora de los ERE. El TC considera que las leyes de presupuestos que año tras año aprobaba la Cámara autonómica no estaban ideadas para dar cobijo al fraude. Es decir, que las leyes no delinquen, no son ilegales, salvo que hubieran sido declaradas inconstitucionales, y no se impugnaron en ese momento.

El TC concluye que no se malversó dinero ni en Hacienda ni en Innovación. Considera que las leyes de presupuestos regionales no se diseñaron para cobijar el fraude

La guerra política se ha recrudecido en los últimos días. El PP, tanto en Madrid como en Andalucía, han salido en tromba contra el tribunal. El martes, Alberto Núñez Feijóo dudó de su "imparcialidad" porque forman parte de él el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, y porque lo preside Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Unas declaraciones de "extrema gravedad" y "muy preocupantes" por las que el Gobierno pidió una "rectificación inmediata". Después, dirigentes de la confianza de Feijóo como su número dos, Cuca Gamarra, o su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, clamaron contra el TC por borrar, a instancias del Ejecutivo, el "historial delictivo de miembros del PSOE condenados por el Supremo".

"No nos pueden seguir llamando ladrones, golfos"

Espadas, en declaraciones a los medios este miércoles en Madrid, pidió al PP que abandone la "escalada", que deje de "deslegitimar" al TC y al resto de instituciones, que no juegue con fuego, que "respete" todas las sentencias, incluso aquellas que no le gusten. Y que ponga "cordura" y detenga la cascada de declaraciones ofensivas contra el PSOE. "El PP", decía, "no puede hacer lo que está haciendo estos días. No puede seguir llamando ladrones, golfos, a los socialistas en general, al Partido Socialista. Yo creo que aquí hace falta ya poner pie en pared". El secretario general del PSOE-A recalcó que el TC ha reconocido que se vulneraron derechos fundamentales, que se violó la presunción de inocencia, y recordó a los populares que en el órgano de garantías se sientan también magistrados elegidos por ellos. El PSOE no ha querido entrar a la crítica, de hecho, del seleccionado por Feijóo para ocupar la vacante que había en el TC, José María Macías, un magistrado conservador del ala dura, porque su nombre formaba parte del pacto con el PP firmado la semana pasada. Ha tenido que asumirlo, igual que en 2021 aceptó otros dos nombres contestados por la izquierda y muy vinculados a los populares, Enrique Arnaldo y Concha Espejel.

Lo que se confirma es que el PP formó parte de la construcción de un relato que el Supremo avaló. Claro que hubo un complot, pero de la derecha contra nosotros", aducen en el PSOE-A

"Es que no puede ser que el PP niegue la legitimidad al TC, y que lo presente como si fuera un órgano controlado por el Gobierno y por el presidente, Pedro Sánchez. Lo que se ha confirmado es que el PP formó parte de la construcción de un relato que el Supremo avaló. Claro que hubo un complot, pero de la derecha contra nosotros. Las sentencias del TC ahora nos dan una oportunidad de recuperar el relato y la dignidad", señalan desde la cúpula del PSOE-A. "Si hay alguien que ataca la Constitución ese es el PP —advierte indignado un secretario provincial—. Persiguen el desprestigio del Ejecutivo, luego del Legislativo y ahora del Poder Judicial. Le da igual".

En el PSOE-A apuntan que sienten "dolor" por el "sufrimiento" de sus compañeros de partido en todos estos años, todos ellos dados de baja como militantes. Recuerdan que algunos han pasado en la cárcel año y medio "y eran inocentes", como los exconsejeros de Innovación y Hacienda Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo —esta última ya se hallaba en tercer grado desde hace menos de un mes—, ambos ya en libertad como el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano. Griñán no llegó a ingresar en prisión por su tratamiento por cáncer de próstata.

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado y líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, el pasado 11 de junio de 2024, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta. | EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ

La primera consecuencia de la decisión del TC es, por tanto, "sentimental", de la necesidad de resarcimiento de aquellos que fueron condenados —"y no metieron la mano en la caja"—, y también la "satisfacción" que siente el partido después de años con la pesada mochila de los ERE, que seguirá pesando, no obstante, porque lo que el Constitucional desarticula es la pieza política, pero no niega que hubo fraude, no un fondo ilegal de 680 millones de euros diseñado desde arriba, pero sí partidas de hasta 80 millones de euros desviadas ilegalmente. "El fraude está perfectamente acotado [a la Consejería de Empleo] y es lo que es", recalcan en la dirección del PSOE-A, donde agregan que la Junta de Andalucía, gobernada desde las autonómicas de 2018 por el PP, sigue abonando ayudas sociolaborales a los prejubilados de empresas que se acogieron legalmente a un ERE. Ayudas que pagará, calcula el Gobierno regional, hasta 2026 y que benefician a unos 6.400 trabajadores.

Chaves y Griñán no se han planteado aún si pedirá su vuelta al partido y quieren ver antes sus respectivas sentencias del tribunal

Cuando ya se resuelvan los últimos recursos, dentro de dos semanas, Espadas y su equipo hablarán con los afectados, les preguntarán si quieren un acto público de desagravio. Por lo pronto, ellos, una vez exonerados de sus condenas —el amparo está siendo parcial en varios casos—, podrían pedir el alta de nuevo como militantes, un expediente que tramitaría Ferraz, de quien depende el censo, y previsiblemente de manera rápida. Chaves y Griñán, consultados por este diario, señalan que no se lo han planteado aún y que quieren ver antes sus respectivas sentencias. "Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente", contesta el último, tirando de una frase que utilizó en repetidas ocasiones cuando estaba activo en política. Ambos fueron presidentes federales del PSOE.

En la cúpula andaluza aseveran que "seguramente" se diseñe algún acto o fórmula de desagravio, pero es prematuro pensar en ello, dicen, porque antes debe pronunciarse el TC y luego todos los afectados. "Primero, la recuperación emocional y psicológica. Ellos irán dando entrevistas como ha hecho Magdalena Álvarez [exconsejera de Hacienda]. Después se evaluarán y se tomarán decisiones en el ámbito político, y siempre que ellos quieran, y nos coordinaremos con Ferraz, que están plenamente de acuerdo. Pero esto ha sido muy duro, esto no va de un acto y ya", indican desde el entorno de Espadas.

El ejemplo del 'caso Wanninkhof'

Porque lo más importante, subrayan, será la labor de "pedagogía". De dar la vuelta a la historia. En la cúpula del PSOE-A evocan el caso Rocío Wanninkhof, en el que fue condenada por asesinato Dolores Vázquez, hasta que luego fue declarada inocente. "Vamos a guerrear. Vamos a contar a la gente, a discernir el fraude de lo que fue un montaje político. Vamos a ir a tope. Pedagogía, explicación, recuperación de la dignidad. Por ahora estamos recopilando las barbaridades que están diciendo contra nosotros desde la derecha. Esto es un antes y un después, y para el PSOE-A es una oportunidad de recuperar nuestro crédito", remarcan fuentes muy próximas a Espadas. "La batalla tenemos que darla —sentencia un líder provincial—. Por imagen de los compañeros, por las siglas del partido y porque esto ha sido muy gordo. Hay que hacer mucha pedagogía, pero hay tiempo".

En la dirección regional no descartan un acto o fórmula de desagravio con los implicados, pero antes quiere hablarlo con ellos: "Se tomarán decisiones y nos coordinaremos con Ferraz"

Por lo pronto, narran en el estado mayor del PSOE-A, la federación ha recobrado cierta energía: "Cuando el lunes Espadas dijo que ya está bien de que los del PP nos llamen golfos y ladrones se cayeron los teléfonos. La gente se alegró y dijo que ya está bien. Ahora vamos a guerrear por nuestro relato porque ahora podemos hacerlo: lo avala una sentencia, y no es un tema menor". Esta es también la forma que tiene la dirección regional de defenderse de las acusaciones internas de que no sacó la cara lo suficiente por los implicados en el caso ERE: no podía hacerlo, esgrimen, por el peso de la rotundidad del fallo del Supremo. Pero ahora, con el TC, sienten que las tornas han cambiado.

La exconsejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo (i), llegando al juicio del 'caso ERE' en la Audiencia Provincial de Sevilla, el 19 de noviembre de 2019. | EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ LÓPEZ

El PP, sin embargo, no quiere soltar la presa. Desde que el tribunal anuló parte de la condena a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, la Junta de Juanma Moreno y su partido han insistido en que los ERE seguirán siendo "el mayor caso de corrupción de la historia" y que nadie podrá borrar un "robo" de 680 millones, cifra que los socialistas niegan tajantemente. El Gobierno andaluz considera que el TC ahonda en el "descrédito absoluto" de las instituciones y señalan una "injerencia clarísima" del Ejecutivo de Sánchez, en palabras del portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

Los socialistas son conscientes de que el relato del fraude mayúsculo y de todo el Gobierno andaluz "ha calado después de tantos años". Si hay consecuencias electorales, apunta un líder provincial, "no se verán mañana"

Los socialistas son conscientes de que no será nada fácil ganar la partida, porque el relato "ha calado después de tantos años", pero entienden que no queda otra, que no se pueden rendir. Por eso en el PSOE-A no esconden que el impacto electoral, si llega, tardará en hacerlo. "Esto tiene mucho recorrido por delante. Falta que la gente comprenda. Pero la derecha seguirá a su rollo. Lo que no podemos hacer es que valga la sentencia del Supremo y no las del TC", cuentan en la dirección regional. Para otro alto dirigente, "las consecuencias, desde luego, no se verán mañana". Será cuestión de tiempo, confían.

Claro que la estimación de los recursos de amparo por parte del TC no es un bálsamo de Fierabrás para el PSOE-A. La federación lleva años encadenando pésimos resultados y, para una parte de la dirigencia, Espadas no es el candidato idóneo para 2026. El ruido interno no se ha disipado y este giro judicial favorable, avisan los críticos, tampoco hará que amaine la tormenta sobre él.

"Feijóo lidera un partido antisistema"

En Ferraz comparten la estrategia de Espadas. Ayer miércoles, con ocasión de la presentación de la fundación Avanza del partido, el barón autonómico socialista charló unos minutos con el presidente, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y el dirigente federal Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y le dieron cobertura a su línea de acción contundente contra la derecha, expuesta ante los medios tanto este 3 de julio como el lunes pasado, cuando advirtió de que no va a "permitir" que ningún responsable de PP o Vox hable de "robo" por parte de los socialistas, y que cuando lo hagan "digan quiénes son" los que robaron para poderse querellar contra ellos.

No vamos a dejar que el PP y su presidente sigan hablando de los socialistas en términos de puteros y cocainómanos", respaldan en la dirección federal de Sánchez

"Lo que no vamos a dejar es que, cuando el TC dice claramente que se han violado los derechos fundamentales de muchos compañeros, el Partido Popular y su presidente sigan hablando de los socialistas en términos de puteros y cocainómanos", respaldan en la cúpula de Sánchez.

En Ferraz no ahorran calificativos contra Feijóo, "una vergüenza para su partido y para el país". Insisten en que el hecho de que el TC haya enmendado la plana a un Supremo que confirmó las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla por un 3-2 es "la expresión del Estado de derecho en su plenitud", pues la corte de garantías está en su derecho de hacerlo. Es, añaden, "el naufragio de un relato que se usó para tumbar el Gobierno del PSOE en Andalucía y para dar muerte civil a personas que ahora se demuestra que no tuvieron nada que ver. Unos han entrado incluso en la cárcel, y otros han estado a punto".

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez (i), llegando al juicio del 'caso ERE' en la Audiencia Provincial de Sevilla, el pasado 19 de noviembre de 2019. | EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ LÓPEZ

En el cuartel general del PSOE se preguntan si el PP "añora" un Constitucional con un militante de su partido, como lo fue, entre 2008 y 2011, Francisco Pérez de los Cobos, magistrado del órgano de garantías entre 2010 y 2017 y su presidente entre 2013 y 2017. "Pero los socialistas queremos un TC al que cualquier español pueda apelar para defender sus derechos y sea escuchado. El relato que cae como un castillo de naipes estos días es el de un PP que, como siempre, trata de expulsar de la vida política y civil a todo lo que no comulga con sus tesis. El primero que cayó por el caso Gürtel fue el juez que lo denunció: Baltasar Garzón. Pero esa maquinaria de la destrucción se ha dado de bruces con la Justicia con mayúsculas. No les importa. Si antes en el punto de mira estaban los socialistas andaluces, desplazan un poco el objetivo y ahora la pieza a batir es el Tribunal Constitucional. Feijóo lidera un partido antisistema, porque cree que su partido es el sistema". En Ferraz confían en que al final "la verdad" se acabe imponiendo, "aunque hayan pasado años".

La guerra política se ha recrudecido en los últimos días. El PSOE ansía el "cambio de guion" y el PP, que se consolide la idea de un TC teledirigido por el Ejecutivo central

El PSOE ansía ese "cambio de guion". El PP quiere que se instale la idea de un TC teledirigido por el Gobierno y ausente de crédito y cuyas decisiones están viciadas de entrada. La pugna entre los dos no cesará y Andalucía es la gran batalla autonómica entre ambos. En menos de dos años, además, habrá nuevas elecciones.