37 días han pasado desde que el PP negase su aprobación a una proposición no de ley del grupo Vox presentada en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados y el Senado. En ella, los ultraconservadores instaban al Gobierno a la creación de una misión de Presencia Marítima Coordinada liderada por España entre las costas de Mauritania y hasta Melilla, para "proteger los intereses, las fronteras y la seguridad de las fronteras europeas frente a la inmigración ilegal". Este jueves, a quince días de la reunión de la Conferencia Sectorial sobre inmigración en Tenerife, donde se quiere abordar un reparto de migrantes y la reforma de un apartado de la ley de Extranjería, el PP, con una presión adicional de ruptura por Vox en las regiones donde cogobiernan, ha sugerido el despliegue de las Fuerzas Armadas en las costas africanas para frenar la inmigración irregular.

Lo sugería el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, quien abogaba ya el martes por la actuación en origen por el "abandono" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país", concretaba ayer por la mañana. Las reacciones de Vox no se hicieron esperar. Al poco después, su líder, Santiago Abascal puntualizaba que la propuesta la hizo su partido en agosto de 2020. Entonces, el jefe mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, lo rechazó con contundencia. El motivo: la Armada ejercería funciones de salvamento de toparse con embarcaciones, no las intimidaría. A finales de 2023, tras pedir Giorgia Meloni a la UE una "misión naval", Vox rescató con menos repercusión el asunto.

En esa línea se manifestó el PP en la comisión mixta mencionada, para negarle el apoyo a Vox. Una posición que enmienda ahora la postura de Tellado. En la cita parlamentaria, el 28 de mayo. En la exposición de motivos se apelaba a la inmigración masiva como "una amenaza" para "la seguridad y estabilidad" de España y Europa. También el aumento porcentual de llegadas a Ceuta y Melilla, y se refirió a la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y su Plan de Acción, vigente desde 2014, en el que se contempla el recurso militar para intensificar "la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes", entre otros. Resaltando ya otras misiones europeas precedentes "de éxito". Ya en los dos puntos propuestos, se instaba al Gobierno a solicitar a la UE "la declaración como zona marítima de interés" el ámbito geográfico mencionado, y a crear esa misión "contra la inmigración ilegal y la instrumentalización de ésta por parte del crimen organizado".

El senador del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, presente esa jornada en la Cámara Baja, fue el encargado de manifestar la posición popular. Reprochó la "justificación de la propuesta" destacando que ese problema "a la seguridad nacional". "Lo que no menciona Vox es que Meloni consiguió ayuda tras la visita de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen" por el episodio migratorio en Lampedusa "que impulsó el Pacto sobre Migración y Asilo" definitivamente. Algo que rechazó Vox. "Ni España ni Italia ni Gracia, ni ningún país europeo, puede actuar de manera aislada frente al resto, y ciertamente no lo hacemos", destacó el senador popular. "Lo hacemos de manera coordinada y solidaria con el resto de nuestros socios y aliados".

"Las Fuerzas Armadas representan el recurso más resolutivo para el empleo de la fuerza de manera legítima por parte del Gobierno. Cuando se leen este tipo de proposiciones, cabe preguntarse cuáles pueden ser las reglas de enfrentamiento bajo las cuales el Gobierno puede enviar a los miembros de nuestra Armada a enfrentar embarcaciones repletas de inmigrantes con variadas circunstancias (...) para no hacer otra cosa que no sea socorrerles y trasladarlos al puerto propio más próximo, en cumplimiento de la ley del mar, la legalidad internacional y los mínimos sentimientos de respeto a la dignidad humana", sentenció Gutiérrez en su intervención ante la comisión.

Ahora el PP, en palabras de Tellado, considera que el Gobierno tiene que tener en cuenta todos sus "recursos". Así lo indicó el portavoz a la salida de la sesión extraordinaria de este jueves, que inició los trámites para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los pasillos, negando con ello que se trate de una copia del discurso a Vox, como ha entendido Abascal, Tellado expuso que "el Gobierno ya lo ha hecho, ha mandado patrulleras a las zonas donde trafican con personas", en el Norte de África y Canarias. Y que el azuzamiento de esta "polémica" responde a un interés de Moncloa para "tapar" que este viernes la mujer del presidente, Begoña Gómez, declara como investigada en los Juzgados de Plaza Castilla por presunta corrupción en el ámbito privado.

El PP recalca su solidaridad para atender a los inmigrantes ilegales, pero pide actuar para tapar la brecha del problema

Ahora bien, fuentes del PP mencionaban a posteriori de las declaraciones de Tellado algunas publicaciones de prensa con ejemplos. Son los casos de las embarcaciones Meteoro y Relámpago. Ambas se destinaron por parte de Defensa a las zonas costeras mencionadas, pero para combatir la piratería. "Quiero ratificarme", expuso Tellado respecto a sus primeras declaraciones. "España sufre una crisis migratoria sin precedentes que se ceba especialmente con Canarias. Las comunidades van a ser solidarias, pero la atención del Gobierno debe estar en tapar la brecha de la inmigración irregular y dotar de medios materiales, humanos y técnicos. Para el control de nuestras fronteras la Policía Nacional y la Guardia Civil necesitan más medios. Pueden disponer de los medios técnicos y humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas", valoró.

En el PP, otras fuentes consultadas complementan las palabras de Tellado. Advierten de que no se trata de enfrentar a la Armada con las embarcaciones de inmigrantes, sino imponerlas para que su presencia tenga un carácter "disuasorio". Para "prevenir" las salidas que se puedan producir. Y que, como indica Tellado, la solidaridad no está en cuestionamiento por parte de los gobiernos populares. Pero se reclama, por un lado financiación, y que, por otro, esto no se convierta en algo crónico, reiterativo por rachas. Sobre todo cuando prevén un incremento considerable de llegadas en las próximas fechas. "Otros países de la UE están actuando de la mano" de la institución, "pero España no" y criminaliza al resto. Desde el PP aseguran haber recibido alertas de Frontex y la Guardia Civil anunciando una explosión de llegada de cayucos este verano.

Niegan haber asumido el discurso de Vox

Como publica hoy El Independiente, el giro discursivo protagonizado por el PP en este mes, no tendría una finalidad electoralista, como sí radicó el viraje temporal durante las elecciones catalanas, cuando Génova y el PP de Alejandro Fernández calcaron el eje de la inseguridad y la okupación de los de Ignacio Garriga y Abascal. Así lo matizan fuentes populares, que se escudan, además, en que en este periodo que hay por delante, no hay convocada ningunas elecciones más. Las próximas, salvo si hay repetición en Cataluña, serían en Castilla y León y Andalucía en 2022. Abonan la tesis ya marcada, además, de que el Gobierno ha desplegado fragatas con anterioridad.

Los populares creen que el problema de la inmigración va a seguir azuzando la política española, y obviar el debate solo va a dar combustible a partidos como Vox o a Alvise, de hecho. Algo que contemplan como "peligroso". Por lo que creen que abordar el problema de una forma realista debe ser una ocupación de todos los partidos. "No se vence a la ultraderecha obviando cuestiones importantes", concretan fuentes del PP. Cabe destacar el clima que hay de fondo en este mes: las elecciones legislativas en Francia dejan, a falta de la segunda vuelta, a la nacionalpopulista Reagrupación Nacional como primera opción; y el martes Feijóo instó a la Comisión Europea y a su presidenta, en una reunión del EPP en Cascais (Portugal) a actuar contra el "efecto llamada".

Los de Abascal, sin embargo, han utilizado estas últimas declaraciones para atacar a los populares. Para deslegitimarlo y seguir abonando la tesis de que son iguales que el PSOE. Es una dinámica constante desde hace al menos un año, y más cuando a finales del año pasado, Bambú rompió relaciones con ellos. El acuerdo para la renovación del CGPJ les ha servido para insistir más en ello. Tradicionalmente, Vox defiende que el PP les copia parte de su discurso cuando le es conveniente. "Ya lo hicieron con el Pacto Verde Europeo, presentando una proposición similar a una anterior de Vox en el Senado". Ello lo publicó este medio. La cuestión de la inseguridad en Cataluña o zonas del País Vasco también lo sacan a relucir, apelando al último ciclo electoral. Destacan, igual, cuestiones de energía o del campo.

Las relaciones del PP con Vox, en todo caso, y desde la llegada de Feijóo a Génova son de vaivén. Han sido de un paso a la derecha adoptando posturas similares a Vox, para luego generar un contraste fuerte: el rechazo a escuchar el latido cuando se quisiera abortar, como propuso Vox en Castilla y León, hizo a Mañueco salir, con tardanza, a negar y cortar el debate de raíz. Matices ha habido con las cuestiones de género, comprando en algunos casos el concepto de violencia intrafamiliar. Con la posición de abordar el asunto migratorio, Vox sigue considerando que se incumplen los pactos regionales.