El partido que pilota Santiago Abascal ya fija la mirada en lo que, en unas semanas, podría ser la realidad política del partido: tercera fuerza nacional y sin poder territorial tras un abandono multilateral de los cinco gobiernos en los que Vox está integrado. En la entidad, voces nacionales ven al PP dispuesto, no ya a adentrarse en una reforma puntual de la vigente Ley de Extranjería, pero sí en el reparto consensuado de menores migrantes no acompañados a lo largo de la geografía española para destensar el ya saturado sistema de acogida del Gobierno canario. Los populares son el socio de Ejecutivo de Fernando Clavijo. Una muestra de solidaridad del partido y sus sucursales podrían dar el trampolín al líder canario para romper su alianza apenas cumplido un año de legislatura.

En la "solidaridad" sigue instalado el PP de Alberto Núñez Feijóo, el que Vox sigue empeñado en distinguir de los barones populares con los que cogobierna. Aunque si la voluntad de Génova se impone en esta cuestión tan frágil, al tratarse de vidas humanas, Vox ya ha anunciado que romperá toda asociación vigente. Lo dijo Abascal en su comparecencia de este lunes en Bambú. Lo repiten los suyos en fuentes. "Si hay pacto migratorio entre el PP y el PSOE", independientemente del contenido, "se romperán todos los gobiernos" partícipes.

En Vox apuntan que ellos no rompen esos pactos, sino que sería el PP, de negociar con el Gobierno central, con el PSOE, una distribución "de menas", los que estarían rompiendo de facto lo "firmado" y vigente en los seis acuerdos autonómicos. Los cinco de coalición y el externo en Baleares, que sostiene el Govern monocolor de Marga Prohens. Ahora bien, como ya publicó El Independiente, de hacerlo, no el PP no estaría incumpliendo nada de lo escrito. Están por la labor de luchar contra las mafias que trafican en origen. Pero sin dejar a su suerte a Canarias con los ya llegados. Hay posiciones más tenues en Vox, y otras más contundentes sobre el posicionamiento que debe adoptarse con los ya llegados. Al punto máximo de plantearse deportaciones inmediatas sin asistencia primaria ni dentro de los marcos regulados por la ONU. Que chocan claramente con la que defiende Génova.

El PP tendrá que sentarse a abordar cada cuestión que quiera legislar y cumplir compromisos que ahora se dan por supuestos en los pactos

Un símil al modelo balear se impondría, según fuentes de Vox, de salir de esos Consejos de Gobierno. No se negaría un apoyo externo al PP como se da en las islas. Pero, al romperse esos pactos programáticos, la línea del partido sería dura. Se conduciría hacia una relación bilateral de requerida negociación constante para ir desencallando asuntos como pueden ser unos presupuestos u otros temas de alto calado. "Será necesaria una negociación punto a punto, acuerdo a acuerdo", aseguran desde Vox en Madrid. Explican que, con los pactos vigentes, la relación de consensos alcanzados en "treinta, cuarenta..." puntos, se da por descontado "y solo se tiene que negociar lo que vaya surgiendo". Pero, de darse el escenario de ruptura, será troncal "sentarse a abordar cada cuestión que el PP quiera legislar para aceptarlo o no" y en función de los compromisos que aún estén por implantar y por los que el PP esté dispuesto a trabajar, insisten los ultraconservadores.

"Está forma de gobernar será tediosa", eso sí, valoran a conciencia en Vox. Sobre todo, porque en la mayoría de enclaves [excepto Castilla y León, donde son dos] quedan aún tres años de legislatura: es el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura, la Región de Murcia, Aragón y en Baleares, donde habría que ver si se endurecen más las formas, sobre todo cuando el grupo cuenta con dos personas leales, caso de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras, otras dos que dependen de las circunstancias, como Manuela Cañadas y María José Verdú, y otros tres que militan en el partido pero están más dedicados a fomentar su fundación Avanzar en Libertad, un posible embrión de futuro partido nacido desde la sociedad civil. Tampoco queda claro si esto afectará a los cientos de gobiernos municipales de PP y Vox.

La alternativa que ven en Vox es que el PP se eche "si se atreve" a los brazos del PSOE en aquellas comunidades donde se rompan los acuerdos. Aunque advierten que las consecuencias electorales pueden ser notables para ellos. En su caso, y de romper y abrir las puertas a un apoyo en la izquierda en esas regiones, respiran tranquilos y apuntan que su electorado "lo entenderá", dicen fuentes de la formación. Vox sigue abogando por esa presión para intentar intimidar al PP. Dentro, aseguran que no es un farol y que están dispuestos a romper. Mientras tanto, en Génova acusan a Abascal de "deslizarse hacia la radicalidad" por adherirse a Patriotas por Europa, el nuevo grupo europeo de Viktor Orbán, y de "tener vocación" de "erosionar al PP". Así lo aseguró desde Almería, este lunes, Borja Sémper, el portavoz nacional.

Vox no aclara si esto afectará a los pactos municipales con el PP

Por su parte, Feijóo, en una visita al Parlament de Cataluña también por la mañana, evitó responder directamente a Abascal, siguiendo en la línea marcada hace algo más de una semana y media: "Solidaridad" de las CCAA siempre que haya "capacidad y disponibilidad" para atenderles. Eso sí, el popular, como ya ha hecho su partido, volvió a acusar al Ejecutivo central de no tener una política migratoria clara. Fuentes populares trasladan que la disponibilidad a la acogida es clara siempre que haya recursos y se financie, por lo que el horizonte más claro al que atenerse es que puede llegarse a un acuerdo puntual para repartos si el Gobierno demuestra compromisos de planificar su actuación en ese campo. Se está lejos de un consenso para reformar la ley de extranjería, de la que el PP habla de un PSOE que quiere "imponer" más que negociar. Por la contemplación de activar un reparto forzado cuando una comunidad supere el 150% de ocupación.

Último pleno parlamentario extraordinario en el Congreso de los Diputados, el jueves pasado | Europa Press/ Eduardo Parra

Los eslabones más frágiles: Extremadura y Murcia

En contraste con la Comunidad Valenciana, donde la sintonía entre populares y Vox es buena, Extremadura y la Región de Murcia se muestran como los enclaves de coalición más frágiles. Son, además, donde más costó llegar a acuerdos por la reticencia a aceptar las líneas de Vox en materia de inmigración o género, y donde esta cuestión, la migratoria, puede llevar a rupturas anticipadas. Así lo reconocen voces del partido, consultadas por este medio. Que ven más probable a María Guardiola y a Fernando López Miras aceptando unos hipotéticos repartos que a que lo hagan Jorge Azcón en Aragón, o el propio líder valenciano, Carlos Mazón. Ambas comunidades, de hecho, son de las que menor presión en centros ha tenido en estos últimos meses.

Al iniciar la dinámica de avisos Vox, el PP extremeño, de la única región en la que los ultraconservadores no cuenta con vicepresidente y solo con un consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, ya abanderaba autonomía para decidir sobre esta materia. Sin tener "temor" y de acuerdo al "cumplimiento de la ley". Pero siempre con una "comunicación fluida" con el Gobierno de Sánchez. Hay que destacar que a finales de abril, desde la Junta de Extremadura se anunció un aumento de ocho plazas para centros de mejores extranjeros no acompañados, y que, entonces, no hubo amago de Vox para la ruptura. Guardiola, que se negó a pactar y al final, por presión nacional, desencalló el pacto con los de Ángel Pelayo Gordillo, requiere de cinco síes extra para su mayoría absoluta. En el caso murciano, solo dos. López Miras fue el último en ceder, el septiembre pasado, y a punto de agotarse el plazo antes de la repetición.

De momento, a nivel regional, en Vox no coinciden con esas perspectivas. Fuentes del partido resaltan que el PP ha ido "sometiéndose a las propuestas de Vox". Aluden a la "rectificación y el consiguiente reniego de la ley de protección de la naturaleza" europea, posicionamientos próximos a los del PSOE y el replanteamiento "de la ley del Mar Menor con las ideas de Vox". Y en materia de inmigración, señalan que el Consejo de Gobierno aceptó la propuesta de cierre del CAED (Centro de Acogida de Emergencias y Derivación) de Cartagena. El Ejecutivo allí, consideran, goza de "buena salud". Queda por ver el alcance de este órdago que apunta a prolongarse durante el verano dado que en el PP no se cree que vaya a salirse mañana de Lanzarote con un pacto.