Cinco horas estuvo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revisando y registrando la Diputación de Badajoz. Los agentes se desplazaron hasta el edificio, conocido como El Palacio, por orden de la jueza que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Alrededor de las 14 horas de este miércoles abandonaron las dependencias oficiales los últimos investigadores.

La Guardia Civil revisó comunicaciones, correos electrónicos y buscó documentación relativa al contrato de trabajo que David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, tiene con la administración pública. Entre el material incautado está el ordenador personal del investigado. La causa, que está bajo secreto de sumario, la dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y se inició por una denuncia de Manos Limpias, al igual que la investigación de Begoña Gómez. Se investigan presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

Según la documentación a la que ha accedido El Independiente, la organización señala que David Azagra, que es su nombre artístico, "cobra un sueldo "público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado". En 2017, el hermano del líder del Ejecutivo fue designado coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz. Sánchez es músico de profesión y una de sus competencias es la de dirigir la orquesta de la provincia, algo que presuntamente no estaría realizando.

Según la denuncia, David Sánchez tendría su residencia fiscal en Elvas, Portugal, donde se ahorraría el pago de algunos impuestos. Además, la se denuncia cruza la causa con el caso Koldo, afirmando que la trama desviaba parte de las mordidas a esa ciudad. En otro apartado se señala que tendría "un patrimonio valorado en unos dos millones de euros", lo que Manos Limpias considera desproporcionado con el sueldo que percibe y su vida laboral anterior. Tampoco habría pagado el IRPF ni el Impuesto del Patrimonio en los años 2021 y 2022.

Delitos

La jueza cree que los hechos descritos podrían ser constitutivos de delito. En concreto de contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento llícito, y delitos
contra la Hacienda Pública.

La magistrada ha pedido una serie de diligencias. A la Diputación de Badajoz le ha pedido que explique si existe un control horario que acredite que Sánchez ha acudido a su puesto de trabajo y qué fondos económicos están destinados al programa que dirige. También si es cierto que vive en Elvas y si puede compatibilizarlo con prestar servicios en Badajoz.

A David Sánchez le ha pedido las declaraciones tributarias presentadas en los últimos cinco años para poder examinarlas por si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública. A la Agencia Tributaria le ha solicitado toda la documentación para determinar si ha existido un incremento de su patrimonio y si este supera los 250.000 euros.