El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís, la Ley de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convicencia de 2017.

Al finalizar la votación, los diputados del grupo socialista ha mostrado una pancarta en la que se podía leer ” veritat, justícia, reparació” (verdad, justicia, reparación), mientras que los parlamentarios de Compromís han enseñado libros relacionados con la memoria democrática.

Diferentes visiones de la historia

La nueva norma fue debatida este miércoles por el pleno de Les Corts entre enfrentamientos de los diferentes grupos parlamentarios que expusieron visiones de la Historia opuestas para argumentar su posición de voto.

La ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que la hasta ahora vigente se refería a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

Según sus impulsores, la nueva norma supone “la reconciliación frente al odio” y restaura “por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de qué manos y dónde fueron asesinadas”, mientras que para PSPV y Compromís deroga “una ley cargada de derechos de la ciudadanía” y quiere “igualar dictadura con democracia”.

5 artículos

Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.

La ley aprobada crea la ‘Unidad de Concordia’; establece que la Generalitat elaborará un ‘Catálogo de vestigios’ y habla de ‘lugares de concordia’, donde han ocurrido “hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva”.

Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación

El Gobierno la recurrirá

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Concordia para proteger del “atropello” los derechos de las víctimas de la Dictadura.

Así lo ha adelantado este jueves la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, en la Cámara valenciana, donde ha asistido a la sesión que ha aprobado la Ley de Concordia y donde ha explicado que era necesario que estuviera aprobada para iniciar el recurso al Constitucional.

“Lo vamos a hacer igual que con la Ley aragonesa” con el objetivo de apelar “al tribunal de los derechos constitucionales del país porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo”.

Con la votación de este jueves, según Morant, “se culmina la infamia de una propuesta de ley de PP y Vox que, por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra, como dice la ONU”.

Leyes de Transparencia y de Incompatibildades

Igualmente, PP y Vox han aprobado, con los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, una proposición de ley que introduce modificaciones en las leyes de Transparencia e Incompatibilidades y buen gobierno de 2022 y la de Incompatibilidades de cargos.

Formada por 16 artículos, modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará “un extracto”- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos con los actos que son “mera actividad interna” o las reuniones “necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios”.

Asimismo introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración “de una entidad no pública” y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta.

El presidente de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a Les Corts que se pronuncien sobre su cumplimiento.

Sus impulsores, PP y Vox, justifican los cambios en que hay que garantizar que haya más transparencia y control mientras que la oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el gobierno del Botànic y avanza en la opacidad.