Vox limita la ruptura a las regiones y seguirá con el PP en sus 135 ayuntamientos

Habemus ruptura de gobiernos regionales. Durante dos semanas se prolongaron los rifirrafes públicos entre Vox y PP a cuenta de la inmigración ilegal. Concretamente, por el preacuerdo para un reparto migratorio extraordinario y la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para forzar futuros repartos de menores migrantes, consensuado entre el Gobierno central y el de Canarias. Este fue presentado en sede parlamentaria a los grupos, y solo los de Santiago Abascal se mantuvieron en la contra, sin querer debatir el asunto. La advertencia al PP fue clara: ni un paso con el Ejecutivo en materia migratoria. Ni si quiera por una cuestión de solidaridad territorial. Al contrario, reforzamiento de fronteras y repatriaciones, sin más.

El PP, por su parte, ha querido actuar con sentido "de Estado", sin atender a "amenazas" o "chantajes". Sobre ello ha pilotado su discurso en los últimos días, combinado, eso sí, con un giro del relato y endurecimiento con la inmigración. Copiando, incluso, la propuesta de Vox para utilizar a la Armada como disuasora de las mafias. Se quiere ir de la mano del Gobierno para atajar la crisis, que afecta a la Canarias cuya administración comparte con Coalición Canaria. Pero siempre, eso sí, que haya un compromiso de Moncloa para actuar en origen "como hacen otros países de la UE". Lo ejemplifican con Grecia e Italia.

Pese a que en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este miércoles en Santa Cruz de Tenerife Gobierno y PP no alcanzaron ningún acuerdo importante, sí hubo un compromiso: desbloquear una reubicación de jóvenes extranjeros pendiente desde hacía dos meses. Y aplazado durante dos reuniones previas de la comisión. En total, 347 que saldrían de Canarias mayoritariamente y Ceuta, y cuya acogida no se había formulado. Afecta a todas las comunidades con presencia gubernamental de Vox, en torno a entre una y dos decenas de muchachos. Eso, para Vox, fue un incumplimiento flagrante del ultimátum dado.

De ello se quejaban fuentes de la dirección nacional del PP, que veían desproporcionado el asunto y veían forzada la decisión de Vox. Más orientada a una escenificación de distanciamiento para reivindicarse frente a nuevas fórmulas políticas que amenazan su espacio, como Alvise. La materialización de esta amenaza, no deja indiferente a nadie dentro del PP. En los aparatos regionales ya advierten de que la intención es continuar liderando los gobiernos los próximos tres años que restan de mandatos. Aunque para ello, el plan b requiere encontrar alianzas puntuales para sacar legislaciones. Se trata de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y la Región de Murcia y Baleares.

Cuentan con una 'ventaja', que ya tienen aprobados presupuestos propios y pueden prorrogarse, aunque fuentes populares saben que no es lo más idóneo. Desde el PSOE, a priori, rechazan auxiliar al PP. Desde Vox, alertan: "El coste para sacar cosas va a ser muy alto". Del escenario previsto por Bambú, dio cuenta esta semana El Independiente: "Negociaciones punto a punto, acuerdo a acuerdo".

En medio de la tormenta, hay una excepción. Tras la ruptura de relaciones formales de Bambú con Génova a finales de 2023 por negarse a una actuación consensuada contra la amnistía, y ahora tras abrirse esta crisis, Vox renuncia a dar por perdidas las alianzas locales que le han permitido llegar a condicionar hasta 135 ayuntamientos alrededor de toda la geografía española. Principalmente, lo justifica afirmando que en los municipios no cuentan con competencias sobre inmigración, por lo que difícilmente puede incumplirse esos pactos. Ahora bien, desde las consejerías regionales pueden darse ciertas directrices, sobre todo a aquellos enclaves donde haya instalado un centro de menores. Fuentes nacionales del partido se limitan a expresar ante la posibilidad de aceptación local de chavales migrantes: "Si hay colaboración de algún tipo, ya veremos lo que hacemos".

De esos municipios, hay notables capitales de provincia. Sobre todo del centro de España. Son Valladolid, Burgos, Guadalajara, Ciudad Real o Toledo, entre otras. Fuentes populares locales de uno de esos importantes consistorios aseguran a este medio desconocer aún si está asegurada esa continuidad, aunque avalan que "no tienen ningún motivo" para romper también allí. En otro de esos ayuntamientos, desde Vox, fuentes locales no hacen ningún pronunciamiento.

Los vicepresidentes autonómicos que no sean cesados antes, como en Valencia, anunciarán hoy sus salidas de gobierno oficialmente

Por el momento, en el partido han marcado la directriz a seguir por sus barones [Vox rehúsa utilizar ese término por su rechazo al Estado de las autonomías]. En las próximas horas, dijo Abascal en la declaración institucional posterior al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que confirmó la ruptura política, "los vicepresidentes abandonarán los gobiernos y el partido pasará a la oposición" para seguir denunciando "los acuerdos cada vez más frecuentes entre Sánchez y Feijóo". No ha habido, como sobre los municipios, mención expresa a los consejeros territoriales que se suman a esas vicepresidencias junto al PP. Pero la expresión "pasar a la oposición", no deja margen de dudas. A última hora de la tarde del jueves, varios medios regionales, en este caso de Castilla y León, se hacían eco de la posibilidad de que el consejero de Cultura de la comunidad, Gonzalo Santonja, quisiese continuar.

Hay que destacar que no es miembro de Vox, es una elección independiente de los de Juan García-Gallardo para asumir esas competencias allá por 2022. Ahora bien, difícilmente el PP, en solitario, asumirá integrantes asignados por Vox tras este cisma. Al cierre de esta edición, con todo, se conocía el cese inmediato de todos los consejeros de Vox en la Comunidad Valenciana, bajo la firma de Mazón y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. En Vox sí reconocían en privado que podrían darse situaciones concretas, de algún consejero o algún cargo inferior de las direcciones generales o las secretarías que quisiese aferrar a las competencias. Pero insistían que, cualquier integrante de Vox, estaría fuera. Dan a entender que todo aquel que permanezca, de darse esa situación, no seguirá en el partido.

La separación, en autonomías como la Extremeña donde costó descorchar el acuerdo el año pasado, no la ven justificada. Más cuando, según los de María Guardiola, en el acuerdo no hay mención expresa, como ya publicó El Independiente. Creen que no se ha incumplido, al menos allí, ningún compromiso. Fuentes de Vox ajenas a la cita, pero conocedoras de las sensaciones, advertían de las divergencias internas que se podrían dar. Figuras como Vicente Barrera, el aún vicepresidente valenciano, cuya buena relación con Carlos Mazón se ha evidenciado hasta hoy, habría tenido dudas sobre abandonar esos ejecutivos. Tras el comunicado de Abascal, hubo un breve y frío saludo con él. Se apunta también a reticencias por parte de Alejandro Nolasco, el todavía vicepresidente de Aragón.

El peso local, el mayor de Vox en su historia desde su nacimiento en 2013 y su entrada directa al juego político entre 2018 y 2019, no compensa, pese a todo, el valor de las regiones. Así lo aseguran fuentes del partido, que, pese a todo, comprenden la necesidad de irse de los gobiernos. Primero, porque nunca antes Vox había condicionado las políticas de seis regiones. Queda por saber, también, si esa ruptura se puede atribuir por igual a Baleares, donde el partido respalda externamente al PP de Marga Prohens, bajo un pacto que sí contenía aspectos migratorios relacionados con las mafias de tráfico de personas. Esas bajas le restarán protagonismo, presencia política y mediática, y, sobre todo, les restará un grueso importante de financiación. En Vox, de hecho, son conscientes de que "mucha gente se irá al paro" [algunos asesores y trabajadores del Congreso fueron trasladado a las regiones tras bajar de 52 a 33 escaños y ver mermada las asignaciones]. Pero defienden que por encima de todo está "el compromiso con el votante". En Vox confían en que el movimiento, a largo plazo, sea beneficioso para la marca.

Tras el anuncio hecho por Vox, a finales de la jornada de ayer, no hubo pronunciamiento de ninguno de los barones territoriales del PP. Sí se hizo un anuncio desde Génova, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde Génova. Ahí, el popular, fijará a partir de mediodía, el itinerario a seguir. Se espera que insista en la postura de moderación y se intente distinguir de Vox, en un momento en el que, además, se ha acercado directamente a la Fidesz de Viktor Orbán [quien fuese expulsado al PP por su deriva iliberal] adhiriéndose a su grupo. Un ente que preocupa al PPE y a Bruselas en general. Al margen de Vox, se espera que Feijóo también busque distinguirse de Moncloa tras las acusaciones de pactos constantes, como el del CGPJ, hechas por Abascal.

No hay convocatoria de prensa alguna hecha por Vox en estos momento. Pero sí múltiples entrevistas a primera hora de Abascal, Ignacio Garriga, Pepa Millán, Jorge Buxadé o barones como el murciano Antelo. Tampoco comparecencias por parte de los líderes regionales de Vox que, tras la reunión, se suscribieron a las palabras de Abascal. De las regiones afectadas, Castilla y León será la primera en celebrar elecciones, pero no está previsto que sean, oficialmente, antes de 2026. La capacidad de los populares determinará si se celebran o no adelantos. La intención del PP es hacerse fuere a costa de la salida de su hasta ahora socio. Sobre todo en lugares como Murcia, donde Fernando López Miras rozó la mayoría en los últimos comicios. Quedó a dos. La mirada a los sondeos será constante.