El Govern ha anunciado este martes que presentará recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el pasado 3 de julio declaró la suspensión cautelar del Decreto de régimen lingüístico. Se trata del Decreto que ha permitido al ejecutivo de Pere Aragonès esquivar la aplicación del 25% de las clases en castellano que el TSJC estableció en defensa de los padres que en los últimos años han recurrido el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas. Un modelo que en la mayoría de los colegios relega el uso del español a las clases de castellano, imponiendo el catalán como única lengua vehicular en el resto de las asignaturas.

El ejecutivo catalán advierte además que la suspensión del decreto "no supone ningún problema respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros, en los que se explicita el uso del catalán y el castellano no solo en las aulas, sino también en las actividades complementarias. La nueva norma aprobada para blindar la inmersión lingüística, deja en manos de la Generalitat la aprobación de esos proyectos para blindar a las direcciones de los centros ante eventuales recursos de los padres.

Antes del cambio de Govern

El Govern aprobó el pasado mayo el decreto suspendido cautelarmente ahora por el TSJC. Lo hizo cuando ya estaba en funciones, para garantizar que todos los centros educativos catalanes tuvieran que aprobar sus proyectos lingüísticos, con el objetivo de que entren en vigor con el nuevo curso escolar. Es decir, el ejecutivo de Esquerra dejaba definido el uso del catalán y el castellano durante el próximo curso pese más que probable relevo en la Generalitat. La medida se aprobó dos días después de que el PSC ganara las elecciones autonómicas y ERC sufriera un duro correctivo en las urnas.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aseguró que "disponer de una herramienta como esta fortalece el modelo escuela catalana" porque el Govern "dispondrá de un instrumento jurídico para validar los proyectos lingüísticos de los centros" ha añadido. Ahora, el Govern insiste en que no dejará de revisar esos proyectos lingüísticos que marcarán el próximo curso escolar.

El ejecutivo autonómico defiende en su recurso la "plena legalidad" del decreto ideado para esquivar el 25% en castellano, que fue recurrido por la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB). Argumenta en su recurso que suspender la norma "no evita ningún perjuicio ni daño irreparable a los interesados" y que "no se ha aportado ninguna justificación" de un "daño real y efectivo" a los alumnos.

Considera además que el TSJC se excede en su decisión porque a su juicio la adopción de medidas cautelares "debe ser especialmente restrictiva" en la suspensión de disposiciones de carácter general "como la norma impugnada". Y añade que este decreto desarrolla "normas plenamente vigentes" como la Ley de Educación de Cataluña y la Ley de usos lingüísticos de 2022. Se trata del texto que ERC, Junts y PSC pactaron para evitar la aplicación de las sentencias del TSJC que reclamaban el uso de las dos lenguas oficiales en, al menos, un 25% del horario lectivo.