Se cumplen dos semanas del toque de atención dado por Vox al PP a cuenta de la inmigración ilegal que se ha saldado finalmente con la ruptura de los cinco gobiernos de coalición entre ambos y el pacto externo de Baleares que dio el Govern a los populares. Siete días desde que Vox se mostraba ya abierto a romper con ellos antes de la reunión de la Ejecutiva. El órdago lo trasladó inicialmente la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, en los pasillos del hemiciclo del Congreso de los Diputados: si el PP acordaba acogidas, se incumplirían los acuerdos y se procedería a revisarlos. Pero estuvo abonado primigeniamente desde el partido como contestación al consenso judicial alcanzado por Génova y Moncloa. Luego derivó a un asunto aislado por completo, de enfrentamiento claro con el PP por un asunto ideológico.

Minutos antes de esa comparecencia informal en los pasillos, la portavoz parlamentaria y representantes del Grupo se reunieron con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quienes explicaron a todos los grupos el principio de acuerdo sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, así como la derivación obligatoria de menores migrantes a las comunidades autónomas. Tras ello, les constó la disposición de los populares a negociar los asuntos, tal y como aventuraron sus interlocutores. Se abordaron en la Conferencia Sectorial del miércoles pasado, con la negativa final del PP a todo salvo al reparto ordinario aplazado desde abril de 347 jóvenes extranjeros afincados en las islas mayoritariamente y en Ceuta.

La advertencia de Millán llegó en algo menos de 24 horas desde que los populares y los socialistas dieron cuenta de su acuerdo, con la mediación de la comisaria de Justicia europea en funciones, Vera Jourová, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algo que agitó a Vox. Santiago Abascal, su presidente, ahondó en la retórica, incidiendo en réplicas al PP como la de "traición a los españoles" e introdujo el término "estafa" a los ciudadanos por haberles sacado "a la calle contra el golpe de Sánchez mientras negociaba con él el reparto de los jueces". El marco migratorio que se abría esa jornada, la de la reunión, suponía un escaparate de presión al PP en el que seguir reforzando la crítica por su acercamiento a Pedro Sánchez y al preverse nuevos pactos de Estado aún pendientes como el relevo del gobernador del Banco de España, de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) o RTVE, entre otros. Ello hizo a Vox marcar perfil con un tema "capital" para ellos.

Fuentes nacionales de Vox trasladan que el acercamiento judicial, que llevaba más de cinco años bloqueado, primero por la dirección nacional de Pablo Casado y hasta entonces por la de Alberto Núñez Feijóo, no gustó nada en el seno interno del partido. Ya Abascal dio cuenta pública de ello ante los medios. Lamentando que "después de entregar el TC a Sánchez" se le entregue "el gobierno del Poder Judicial". Más "en mitad de la corrupción que persigue a Sánchez y a su entorno político y familiar" y con la aprobación de la amnistía de fondo "en un momento en el que Sánchez ataca a los jueces". Por lo que decidieron "apretar" con el tema migratorio para amedrentar al PP, para que redujese la disposición a esos acuerdos con los socialistas ante el riesgo de quedan en minoría en sus respectivos gobiernos de coalición ya extinguidos.

Otras fuentes, en este caso regionales y que se han visto afectadas por las rupturas de esos ejecutivos, niegan que haya habido una "directriz" de presionar a raíz de ese acuerdo, solo con ese objetivo, pero recalcan que "es evidente" que la presión parte de ahí. "Así se ha manifestado pública y notoriamente nuestra total repulsa por el pasteleo del PP y PSOE con la justicia". Otras voces autonómicas de Vox también precisan: si bien ese puede ser el origen en un principio, "es difícil entender que se haya llegado a este punto" solo por el acuerdo del CGPJ. "Los motivos los ha dicho Abascal y no hay duda de la autenticidad y el acierto", consideran.

Si es una línea roja, se espera comprensión aunque no esté en los pactos

Santiago Abascal, líder de Vox

Se remiten a las últimas palabras del líder de Vox sobre ese asunto, a las pronunciadas este lunes, en una entrevista en Toro TV. Abascal reiteró que el rechazo migratorio se recogía en los acuerdos [no explícitamente la aceptación de menores extranjeros, y en el de Extremadura no se hacía ninguna mención a la inmigración] con alusiones a "combatir la inmigración ilegal, las ayudas a las mafias o la seguridad en los barrios". Y apuntó: "Es más, aunque no estuviera en los pactos, si es una línea roja, como veníamos advirtiendo, se espera una comprensión" del PP.

Convencidos de que no habría acogidas

A escala nacional, aunque se reconoce que el inicio del órdago partió de querer presionar por el consenso del CGPJ, no se limita a esa única finalidad el proceder. Que el tema migratorio de Canarias se abordase solo horas después se presentaba como una oportunidad de utilizar "un tema capital" del partido para reivindicarse. "Se aprieta no por querer hacer un órdago", matizan, "sino por que es una convicción para nosotros". "Es una decisión estratégica, pero con nuestros votantes", afirman esas fuentes, que recuerdan que el combate contra la inmigración ilegal fue un compromiso electoral. Es más, "se le pidió al PP no tomar decisiones importantes sin contar con nosotros" en las regiones.

La idea era, en definitiva, delimitar capacidades de autonomía a los populares tras el acuerdo judicial. Pero pronto, ese pacto dejó de estar en el foco y el órdago creció. Hasta tal punto que Génova lo ignoró y empezó a abordarlo por una vía intermedia, alejada de Vox pero crítica con Moncloa. Feijóo alentó la "solidaridad" en aquellas zonas donde fuese posible la acogida. Un matiz importante para los de Abascal, que estaban "seguros" de que el PP no ofrecería las regiones compartidas para ello. Aseguran, incluso, que pueden haber llegado a "pecar de ingenuos" con que los barones, a través de sus consejeros, no cederían y votarían a favor de la acogida.

La disposición del PP, prolongada, aunque sin aventurar el voto favorable al reparto pendiente de menores migrantes, derivó ese recurso de presión a una reflexión interna del partido de la que no se conocen detalles. Pero sí es conocida la división nacional-autonómica que ha generado. Con un grueso de consejeros regionales importantes o bien dados de baja, como los castellanos y leoneses Gerardo Dueñas y Mariano Venganzones, o cesados de Vox, como Ángel Samper. O bien alguna continuidad dentro de los ejecutivos, caso de Ignacio Higuero en Extremadura. Y con exvicepresidentes regionales, como el valenciano Vicente Barrera, disconforme con la decisión de ruptura por las buenas relaciones con el presidente Carlos Mazón. La última en anunciar su baja en Vox ha sido Elisa Núñez, quien fuese consejera de Justicia e Interior de Mazón.

La cuestión migratoria entre Gobierno y PP, con todo, sigue estancada. No hay avances de negociación. PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron el lunes su iniciativa como proposición de ley para aprobarlo en la Cámara Baja. Algo para lo que se requiere o bien el apoyo popular, o bien un voto casi imposible de Junts, que está pendiente de la transferencia de competencias sobre inmigración a Cataluña. Los proponentes siguen apostando por reubicaciones forzosas a juicio del Gobierno cuando una comunidad, como Canarias, supere el 150% de presión migratoria. El PP quiere que eso sea por consenso, de acuerdo a las capacidades de cada una, y siempre y cuando haya un compromiso de tapar "la brecha" en origen, para que se reduzcan, "como en Italia y Grecia", dicen, las llegadas. Mediante la lucha contra las mafias de tráfico de seres humanos.

Desde Vox dan por echo que, finalmente, ambos partidos llegarán a un punto de acuerdo. Porque ven difícil de entender que tras las acogidas, las peticiones de "solidaridad" de Feijóo y el voto favorable a "regularizar medio millón de inmigrantes" [el PP solo votó iniciar la tramitación de ley y con ello el debate parlamentario, no la regulación en sí], no se vaya a llegar a un pacto de reforma de la legislación de extranjería o a repartos. De no suceder, tampoco creen que la salida de los ejecutivos haya sido en valde, porque ese centenar de menores que irán a parar a las regiones donde han abandonado cuotas de poder ya "tienen un efecto amplificador" y fomentan "el efecto llamada".