Fue el colectivo que debía vigilar a los presos en la cárcel. Los funcionarios de prisiones se habían convertido en un elemento más de las política penitenciarias de los sucesivos Gobiernos en su lucha contra ETA. En ella, la aplicación de la dispersión de los presos de la banda terrorista se convirtió en un pilar contra el que ETA se revolvió amenazando directamente al colectivo de funcionarios de prisiones. El acoso se inició en 1983 y no cesó hasta la disolución de la banda. Entonces, el colectivo de funcionarios de prisiones en el conjunto del país lo integraban alrededor de 19.000 funcionarios. El secuestro de José Antonio Ortega Lara, funcionario de la prisión de Logroño, fue el ataque más prolongado, pero no el único. El colectivo padeció hasta siete crímenes mortales en el acoso criminal que padeció.

La situación padecida por los funcionarios de prisiones durante las décadas de violencia terrorista ha sido analizado en un informe elaborado, por encargo del Gobierno vasco, por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. A través de una docena de testimonios de funcionarios de prisiones, así como del análisis del acoso que padecieron durante años, el Ejecutivo vasco ha hecho público hoy el "Informe sobre la injusticia padecida por el funcionariado de centros penitenciarios como consecuencia de la amenaza de ETA (1980-2011)" y que hoy ha sido presentado en San Sebastián.

En él se recoge cómo vivió este colectivo aquel acoso y amenaza por parte de ETA. La primera de las siete víctimas mortales fue Alfredo Jorge Suar, médico de la prisión del Puerto de Santa María de Cádiz, asesinado por ETA el 14 de octubre de 1983. A partir de ahí, ETA situó al colectivo entre uno de sus objetivos. A este asesinato le siguieron seis más, otros dos frustrados y el que fue el secuestro más largo en la historia de la banda terrorista, el de José Antonio Ortega Lara durante 532 días. Con aquel cautiverio la banda intentó chantajear al Estado para que procediera al acercamiento a prisiones vascas de todos sus presos, desde 1989 dispersos en cárceles alejadas de Euskadi.

"Todos sin excepción"

El informe concluye que todos los funcionarios de prisiones, "sin excepción" vieron gravemente vulnerados sus derechos y fueron víctimas y objeto de la amenaza de ETA": "Y todos, sin excepción, merecen verdad, memoria y reconocimiento". Afirma que en el periodo que fueron objetivo de la banda terrorista se vulneraron sus derechos fundamentales" de manera ilegítima, arbitraria e injusta sin que las víctimas de tales violaciones tuvieran capacidad para defenderse o para revertir esa situación".

El documento añade que la afectación que ha tenido sobre quienes integraban "y aún integran" este colectivo ha conllevado "un peaje en términos de integridad física y moral": "Es por lo tanto preciso reparar ambos ámbitos (el individual y el grupal) a través de un proceso en diferentes fases y con elementos comunes". Entre ellos apela a la necesidad de consensuar "un relato justo de lo ocurrido que ponga en primer término el sufrimiento injusto padecido por las víctimas como forma de alcanzar un proceso de empatía con las mismas". Junto a ello, apela a la necesidad de desarrollar una labor pedagógica y de divulgación de lo sucedido.

Hoy la situación es diferente, pero la relación entre ETA y este colectivo de funcionarios no ha desaparecido. Algo más de un centenar de presos de la banda siguen en prisión, en su totalidad en cárceles vascas y navarras -además de una decena en prisiones francesas-. Los funcionarios destinados en prisiones vascas fueron los que con mayor intensidad padecieron la amenaza de ETA y también son hoy los únicos que están obligados a mantener la relación con sus presos.