Todo esto comenzó porque un juez inició una investigación sobre Begoña Gómez. A partir de ahí, cualquier elemento con el que se reboce el discurso podrá ser considerado simplemente como un añadido. Como un trampantojo argumental para neutralizar estos escándalos. Lo cierto es que Pedro Sánchez anunció su intención de "regenerar" el sector de los medios de comunicación cuando comenzaron a aparecer noticias veraces que afectaban a su Gobierno y a su entorno, por lo que, desde luego, no hace falta ser muy perspicaz para concluir que a lo mejor su pretensión es la de intentar acallar esas voces o, por lo menos, transmitir la idea a los periodistas -como a los jueces- de que cualquier información que posean y que perjudique al Gobierno les puede meter en problemas. Aunque sea cierta.

Se esperaba este 17 de julio con expectación porque Sánchez había fijado esta fecha para anunciar su plan de 'limpieza de la democracia'. Al final, tan sólo ha precisado una medida, como es la próxima aprobación de un programa de ayudas de 100 millones de euros para ayudar a la digitalización de los medios de comunicación. Unas empresas que ya son en su totalidad digitales -desde las grandes televisiones hasta las radios de pueblo-, lo que, a lo mejor, y sólo a lo mejor, debería llevar a pensar que lo que quiere con estas subvenciones es comprar el silencio de los medios. O, mejor dicho, su apoyo, por ejemplo, para que, cuando convenga, la Cadena SER vuelva a relacionar con el PP al juez Peinado o El Plural invente de nuevo que tiene dos DNIs.

Esta estrategia no es nueva. Consiste en lanzar un cebo a las empresas periodísticas en un momento crítico para intentar tenerlas contentas. El Gobierno de Mariano Rajoy desplegó un plan similar en su día. Mientras las mesas de debate político de Ferreras, de Cintora, de Iñaki López o de Ana Rosa hablaban a cada rato de Púnica, Lezo y Gürtel, y mientras los portavoces de Podemos tenían los micrófonos abiertos de todas las televisiones privadas -generaban una audiencia estratosférica en esa época-, el Ejecutivo se sacó de la chistera un concurso de licencias de TDT que se resolvió justo antes de la campaña electoral de 2015. Entre las premiadas estuvieron Atresmedia y Mediaset, claro.

Todo esto demuestra que ningún gobierno cree en la libertad de prensa y que, en realidad, concibe el ecosistema mediático como un mundo en el que existen periódicos amigos y panfletos enemigos. A los primeros los cuidan y, a los segundos, los desprecian. Lo hizo Soraya Sáenz de Santamaría en su día -y sus predecesores, por ejemplo, cuando Fernández de la Vega y Zapatero se cargaron la publicidad en RTVE- y ahora lo quiere hacer Sánchez. Eso sí, con un discurso cargado de alusiones a la mejora de una democracia que, ya de por sí, es avanzadísima.

Degenerar los medios

En este caso, no sólo choca el anuncio, sino también la forma en la que Pedro Sánchez ha mantenido la incertidumbres sobre el resto de medidas que desplegará para "regenerar" el sector mediático. Merece la pena abundar en este punto. Es importante. Porque el presidente avisó sobre sus intenciones durante los primeros días de mayo, realizó algunos adelantos inconcretos en junio en La Vanguardia y en la SER; y ha comparecido en el Parlamento en julio para incidir en que será a partir de septiembre cuando comenzará a negociar esta norma. En resumen: mantendrá durante más de medio año al maltrecho sector mediático -y a sus inversores- bajo la amenaza de que, a lo mejor, una nueva ley podría perjudicar sus fuentes de financiación.

No es éste un momento cualquiera, dado que la justicia investiga a su mujer y a su hermano; y el caso de las mascarillas está vivo en los tribunales. En paralelo, el incendio que existe en la política catalana demuestra que su plan para 'acabar con el proceso soberanista' no ha funcionado y que los discursos políticos que han afirmado lo contrario han sido un bulo colosal. La actitud de sus socios más levantiscos, como Junts, mantiene en vilo la aprobación de los Presupuestos y todo ello acentúa la imagen de debilidad del Gobierno. Frente a esta realidad, he aquí una estrategia para amedrentar a la prensa. Y he aquí 100 millones para que los amigos se digitalicen, pese a que ya son digitales. A lo mejor podrán cambiar el iPhone 15 por el 16.

Publicidad institucional

El resto de lo que ha expresado Sánchez en la tribuna del Congreso ya se sabía: el Gobierno va a ser más transparente en el reparto de la publicidad institucional, va a promover que los medios de comunicación hagan públicos sus accionistas directos y va a reforzar la figura como regulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto no se le ha ocurrido en un monólogo interior o tras una epifanía. A todo eso le obliga Europa. A este respecto, ha lanzado un bulo que no han detectado los verificadores de noticias (vaya por Dios). No hace falta legislar a mayores. No es necesario votar nada sobre esta norma. Si lo quiere hacer es porque quiere establecer una regulación paralela en el sector. Por supuesto, para debilitar a la prensa crítica.

No ha anunciado nada sobre los medios públicos porque los controla. Así que es de suponer que para el presidente del Gobierno, el hecho de que al frente de EFE esté su antiguo secretario de Estado de Comunicación; y en RTVE, una exafiliada al PSOE no supone un riesgo para la pluralidad y la democracia

No ha anunciado nada sobre los medios públicos porque los controla. Así que es de suponer que para el presidente del Gobierno, el hecho de que al frente de EFE esté su antiguo secretario de Estado de Comunicación; y en RTVE, una exafiliada al PSOE no supone un riesgo para la pluralidad y la democracia. En cambio, sí que la amenazan los "tabloides digitales" que, por ejemplo, niegan que la economía española va como un tiro y ha crecido durante muchos trimestres consecutivos. Puede parecer esta última frase una licencia de quien escribe estas líneas, pero el presidente la ha pronunciado. ¿Hay acaso una muestra más evidente de que esta reforma -y su mero anuncio- lo único que pretende es poner un bozal a los críticos e impulsar las reverencias?

Su estilo y su plan de acción recuerdan al que desplegó Cristina Fernández en Argentina en 2009, cuando promovió su 'ley de medios'. Aseguró entonces que la nueva norma pretendía "acabar con el monopolio que ejercen ciertos grupos económicos sobre la información" y promover la pluralidad en el sector. Curiosamente, su impulso llegó en un momento en el que la prensa había revelado escándalos sobre personajes vinculados al matrimonio Kirchner-Fernández y sobre la propia pareja.

Habrá alguna mente retorcida que piense que la situación de Pedro Sánchez es actualmente igual en España. Podría convencerse a estas personas con una porción generosa de esos 100 millones de euros. Porque el presidente no quiere callar a la prensa crítica, sino imponer la verdad y reforzar la democracia en España.