El cese de colaboraciones de Vox con el PP deja varias incógnitas sobre la mesa, acerca de las flecos sueltos que vinculados a esa decisión. Entre ellos están la continuidad de los presidentes de los parlamentos autonómicos acordados con los populares para las investiduras y pactos de gobierno, pero también el futuro de recientes legislaciones que generaron polémica. Es el caso de las leyes de la concordia, sustitutivas de las de Memoria Histórica autonómicas impulsadas hace algo menos de una década, y complementarias con la actual, reformada, de Memoria Democrática nacional. De las cuatro planteadas, solo dos han salido a flote y han sido aprobadas por Cortes. Son la de Aragón, la primera, y la más reciente, la de la Comunidad Valenciana.

La aragonesa, llamada Plan para la Preservación de la Concordia, se aprobó el 3 de julio, después de que en febrero la coalición derogase la ley previa de la comunidad vía decreto. Tras sucesivas advertencias del Ejecutivo nacional para sentarse con el Gobierno autonómico a negociar, de acuerdo al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se activó el punto 161.2 de la Constitución, que suspende temporalmente esa derogación hasta que haya un veredicto del recurso presentado ante el TC.

En el caso de la valenciana, fue más llamativo. Se aprobó el jueves pasado, el mismo día en el que, horas más tarde, la Ejecutiva de Vox votó por salir de los gobiernos. Partícipe fue el hasta entonces vicepresidente Vicente Barrera, quien por la mañana mostró complicidad con Carlos Mazón. En el caso de la valenciana, el Gobierno central se encuentra en periodo de "procedimiento de negociación". Y si, como en Aragón, no se atiende, se seguirá el mismo camino del recurso.

Este mismo jueves, en Extremadura, la presidenta María Guardiola, quien ya gobierna en solitario, anunciaba que frenaba en seco la derogación de la Memoria. "Ahora mismo no es la prioridad. No está sobre la mesa", trasladaba. Pese al carácter de esta decisión, que parece entrever desacuerdo con Vox al respecto y ahora autonomía para decidir, Guardiola expuso que "todo lo que hemos hecho ha sido muy conscientes y sabiendo que era lo mejor para los extremeños. No hemos tenido que sufrir ninguna imposición de Vox". Medios locales dan cuenta de que los populares iniciarán una revisión de todos las exigencias hechas por Vox, que no prosperarán y que estaban pendientes de posicionamiento, como el veto parental en las aulas o la eliminación de las subvenciones a los sindicatos mayoritarios.

En Castilla y León la ley era "una prioridad" para estos meses, dejándola aprobada así en septiembre. Pero tras la ruptura, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no se ha posicionado como Guardiola al respecto. Tampoco sobre el futuro del presidente parlamentario de Vox, Carlos Pollán. Desde Vox, incluido Santiago Abascal, han expresado que el PP la dejará decaer. También la ley de violencia intrafamiliar, otra legislación pactada en 2022 que levantó polvareda. Quedan cosas pendientes para la vuelta en septiembre, como al reforma del servicio público, en cuanto a la supresión de la figura de gerente y vicepresidente. Preguntadas por ello, fuentes populares del gobierno castellano y leonés guardan silencio.

Ante este movimiento de Guardiola tras la fractura, fuentes nacionales de Vox dan cuenta de su desconfianza hacia el PP, dejando abierta la posibilidad de que rectifiquen de algún modo su posición pactada con Vox respecto a las legislaciones de Memoria ya aprobadas. No aventuran el procedimiento. Lo perciben más después del acuerdo de reubicación de menores mi extranjeros y "lo visto esta semana" y en vistas al "pacto global de PP y PSOE". Enumeran el consenso entre populares, socialistas, liberales y verdes para "imponer un cordón sanitario" a Patriotas por Europa y a Soberanistas en lo que concierne a puestos de poder en la Eurocámara. También la exclusión pactada en el Parlament catalán para dejar a Vox sin senadores autonómicos "y beneficiar a Junts". Y el acercamiento sucesivo en materia judicial, institucional con RTVE, la Junta Electoral o en el caso del Banco de España, entre otros.

El sentir inicial es el de que, de hacerlo, "si retiran una sola ley" eso "les retrataría" de cara al electorado. Ante legislaciones en las que "estábamos de acuerdo". Si las quitan dan la imagen de que "las aprobaron por seguir gobernando". Electoralmente eso beneficiaría a Vox de cara a su público, saben, pero creen que retroceder "no sería bueno para los ciudadanos". Las muestras de Castilla y León, que mencionan, y Extremadura, trasladadas por Guardiola, les parecen descortés. "Negociamos y llegamos a un consenso, quizá no al que nos hubiera gustado, pero coincidimos. ¿Y ahora resulta que no vale?", critican. Ante la posibilidad de negociación valenciana, que está por ver si se da, o la espera de la comunidad junto a Aragón para ver si tumba las derogaciones el TC, las fuentes consultadas reiteran: "No es el tema. Lo es que el PP lo han votado. Que tiene el acuerdo de los ciudadanos y si las retiran no estarán faltando a la palabra dada a Vox, sino a la de los electores".

Fuentes valencianas de Vox, consultadas también por El Independiente, evitan hablar de un escenario de rectificación y se aferran a la imposibilidad de que el PP haga eso. Aunque en el partido también defendían la semana previa a la ruptura que "el PP no va a obligarnos a romper" y finalmente se dio. "No se nos ocurre que habiéndola aprobado, se desdigan. Sería diferente a la posición de Mañueco o de Guardiola, como parece que va a suceder", comentan. No ven capacidad de negociación con el PSOE. Pero sí coge fuerza el escenario de un TC que decrete la nulidad de las legislaciones y los populares se queden conformes con la legislación anterior sin mostrarse abiertos a negociar con los socialistas. También que impulsen otra menos agresiva. En esta tesitura, de espera, está ya Aragón bajo el recurso. El PP, por su parte, y generalmente, no se pronuncia al respecto.

El ministro Torres, este jueves, pidió al Gobierno valenciano negociar y ya no retirar, sino adaptar esas legislación "a lo que dice la ONU sobre los derechos humanos y vuelva a lo que fue la ley anterior, ahora que Vox ya no está en los gobiernos". "No tiene sentido que la ley iguale a las víctimas de la dictadura a las supuestas de la República. Fue un régimen democrático que eligieron los españoles con su voto. Frente a cuarenta años de totalitarismo". El propio presidente del Gobierno, el miércoles en su comparecencia en el Congreso, instó a Feijóo a desmantelar toda legislación pactada con Vox con el apoyo del PSOE e instaurarle un cordón sanitario.

El PP, en pro de la Concordia desde 2019

La opción de la reforma o el impulso de una nueva Ley de Concordia que se adapte más a lo que desea el PP no es descartable. Desde septiembre de 2018 la defienden, y desde 2019 en su programa electoral. En los comicios de noviembre, el programa de Pablo Casado la incluyó en su punto 15: "Aprobaremos una Ley de Concordia que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles". El germen fue Andalucía y el Gobierno de PP y Ciudadanos, con apoyo externo de Vox, que fue el primero, en todo caso, en demandarla vía proposición de ley. No fructuró por el desacuerdo de los grupos, aunque la vigente fue modificada en algunos aspectos.

En 2020 se extrapoló como propuesta popular en el Congreso, en un momento de tiranteces con Vox, pero no llegó a presentarse. Un año después, Casado la defendió y anunció que la pondría en marcha si el PP gobernaba. Posteriormente, se produjo en marzo de 2022 el relevo por Alberto Núñez Feijóo, que tiene ese compromiso si llega al poder. Casado tachó la legislación actual de "irresponsable e innecesaria". "En la transición ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. Hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia. Propondremos una ley que reivindique [...] y derogue la sectaria reescritura de la historia que arroja palabras de rencor". Un respeto por la Transición que ya se recogía. Ante la ausencia de propuesta textual, se desconoce cómo abordaría por su cuenta el PP el asunto.

A principios de mayo la ONU, en un informe, reprobó a España por esas legislaciones autonómicas de la mano de Vox. En la comunicación, incidió la obligación de garantizar la preservación de la memoria colectiva "relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural". Los textos obviaron mencionar el franquismo e incluyeron a las víctimas republicanas o de ETA, desvirtuando el contexto exclusivo de reparación de la dictadura.