El Gobierno ultima su plan de choque para intentar frenar la subida de la luz y para mejorar la protección de los clientes eléctricos. El Consejo de Ministros previsiblemente dará vía libre a la batería de medidas este viernes, cuyas líneas básicas ya fueron desveladas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su última comparecencia en el Congreso.
La ministra desveló que rebajará al mínimo el impuesto a la generación eléctrica para conseguir bajar la factura de luz entre un 2,5% y un 4% (lo que en la práctica supondría una rebaja de entre 2 y 3 euros al mes para un consumidor medio), que ampliará el bono social de la luz para proteger a los clientes vulnerables, que creará un bono social específico para la calefacción…
El paquete preparado por el Gobierno también incluye un intento de mejorar la transparencia sobre las opciones que tienen al menos parte de los clientes para abaratar su recibo de luz. Unos 11 millones de pequeños clientes siguen acogidos a la tarifa regulada -el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC-, cuya evolución sigue ligada a los vaivenes del mercado mayorista eléctrico, pero que a largo plazo sale más barata que las tarifas del mercado libre (a las que se han pasado en los últimos años una mayoría de clientes, hasta superar los 14 millones de clientes).
De esos once millones de clientes con PVPC poco más de medio millón tienen contratada la opción de discriminación horaria, a pesar de que a buena parte de los usuarios les serviría para rebajar el recibo. Elegir la discriminación horaria sirve para que el precio de la electricidad sea más barato en determinadas horas del día (en horario de invierno entre 22.00 y 12.00 horas, y en horario de verano entre 23.00 y 13.00 horas).
El Gobierno pretende obligar a las comercializadoras que ofrecen el PVPC (filiales de los cinco grandes grupos eléctricos del país: Endesa, Iberdrola, Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa-, EDP y Viesgo) a informar a sus clientes si pagarían menos en caso de tener contratada la opción de discriminación horaria. Las grandes eléctricas tendrán que realizar simulaciones con el consumo real de sus clientes y enviárselas para que sepan si abaratarían el recibo con el sistema de horas punta y horas valle.
Desde el sector eléctrico se valora positivamente la iniciativa de fomentar la discriminación horaria. Según señalan fuentes de las comercializadoras, si los clientes consumen más electricidad en las horas valle (las más baratas) las compañías también podrán comprar en el mercado energía para horas valle (también más barata para ellas). Al tiempo, alertan de que la medida no sea efectiva si la información que deben transmitir a sus clientes "se limita a incluir un renglón más a una factura que ya es difícil de entender".
En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica facilitará que los clientes puedan cambiar la potencia que tienen contratada. el Gobierno pretende flexibilizar la posibilidad de modificar la potencia (hoy sólo pueden una vez al año) y reducirá las cantidades mínimas en que se puede cambiar (actualmente se puede sólo en bloques de 1,1 kilovatios, y a partir de ahora se podrá hacer hasta por 0,1 kilovatios).
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