El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vivirá su enésimo via crucis el próximo 30 de julio. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, le ha citado a las 11 de la mañana para tomarle declaración como testigo. No tendrá que plantarse en los juzgados de Plaza de Castilla, ya que el instructor le preguntará en el Palacio de la Moncloa.

Peinado ha decidido llamar a Sánchez entre los testigos a raíz de las declaraciones del empresario Juan Carlos Barrabés, quien incluyó cartas de recomendación de su esposa en concursos públicos que después ganó. Barrabés, investigado desde la semana pasada en la causa, admitió que se reunió en la residencia del líder del Ejecutivo con Gómez en presencia del presidente.

Sánchez se dirimirá entre no declarar contra su mujer para no perjudicarla o en colaborar con la Justicia, lo que se le presupone a un alto cargo (el de mayor rango) de la Administración. En la providencia del juez, conocida este lunes pero emitido el pasado viernes, se señala que el delito de tráfico de influencias por el que se investiga a Begoña Gómez tiene una variante "en cadena", motivo por el que "considera conveniente, útil y pertinente" que Sánchez declare ante él.

El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) permitirá a Sánchez no declarar contra su mujer para no perjudicarla. Las fuentes jurídicas consultadas consideran que esto sería un escenario nefasto, pues daría a entender que hay algo de lo que protegerla. Pero haciendo esto el presidente del Gobierno estaría dejando de contarle al juez Peinado todo lo que sabe sobre los negocios de su esposa, dejando de colaborar con la Justicia.

Declaración en Moncloa

La decisión de tomar declaración a Sánchez en la Moncloa ha levantado algunas preguntas. El presidente será la cuarta persona que ostente el cargo que pase delante de un juez en calidad de testigo. Felipe González y Mariano Rajoy acudieron a sede judicial, mientras que José María Aznar lo hizo por videoconferencia al producirse en plena pandemia de la Covid. ¿Por qué no Pedro Sánchez?

En su escrito, el juez parece contradecirse. El cargo permitiría al presidente responder por escrito, pero el magistrado hace alusión al artículo 413 de la Lecrim para desplazarse hasta la Moncloa. "Si fuera conveniente recibir declaración" de alguna personalidad como el presidente del Gobierno, el presidente del Tribunal Contitucional o el Fiscal General del Estado, entre otros, "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial", se lee en el mencionado apartado.

Es decir, el juez Peinado preguntará al líder socialista como marido de Begoña Gómez, no como presidente de España. Sin embargo, en el párrafo de su providencia en el que hace alusión al delito de "tráfico de influencias en cadena", afirma que conviene la declaración de Sánchez por "la posible relación" de Begoña Gómez "con una autoridad", es decir su esposo.

Además, Peinado aclaró a su defensa hace algunas semanas que está siendo investigada por "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen la denuncia inicial" presentada por Manos Limpias.

El juez envía policías a Moncloa

La declaración de Sánchez en Moncloa será un hecho insólito. Para ello, el juez ha ordenado que agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial "se personen el día 29 de julio en las dependencias de la sede del Palacio de la Moncloa al objeto de proceder a la instalación de los dispositivos necesarios" para que se pueda grabar su testimonio. Para prevenir cualquier incidente, estarán acompañados de dos técnicos que velarán porque todo quede recogido correctamente.

El juez Peinado tiene abiertas varias líneas de investigación en este momento. Por un lado, la que afecta al tándem Gómez-Barrabés, en la que se investiga si unas cartas firmadas por la mujer del presidente del Gobierno sirvieron al empresario para ganar concursos públicos. Parte de esta investigación la ha asumido la Fiscalía Europea, ya que estaban financiados con fondos comunitarios, pero el magistrado asegura que no son todos por los que mantiene parte de las diligencias.

También se investigan dos líneas referentes a la cátedra que codirige Begoña Gómez. El juez quiere saber cómo se creó este título académico y por qué se eligió a Gómez, sin experiencia ni titulación, para estar al frente del mismo.

El software

La segunda línea pivota en la creación de un software que ayudaba a empresas en materia de sostenibilidad y cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030. Este programa fue creado, presuntamente, de manera altruista por varias empresas, como Google, Telefónica e Indra. Según las pesquisas, Gómez habría registrado a su nombre esta aplicación y la ofrecería de manera gratuita a través de una empresa de su propiedad, Transforma TSC SL (que lleva el mismo nombre que la cátedra en la Complutense).

En su declaración, el rector Joaquín Goyache explicó al juez que si el software fue empleado en los estudios de la universidad, este pasaría a ser propiedad del centro educativo, por lo que las partes personadas, con Vox como dirección letrada, barajan la posibilidad de pedir que se impute también a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, algo que ha pedido investigar la propia Universidad.