El pleno del Congreso ha elegido este martes por amplia mayoría diez vocales -y seis suplentes- para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), votación superada sin sorpresas tras el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP y que completará mañana el Senado con la designación de otros diez candidatos.

Antes de esa votación, en la que no han participado ni Vox ni los tradicionales aliados del Gobierno para mostrar su rechazo al pacto, el pleno ha avalado la reforma legal acordada por el PSOE y el PP para reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía y propiciar, con más de cinco años de retraso, la renovación del CGPJ.

Cuando el Senado elija mañana a los otros diez vocales, acabará el periodo más largo de interinidad vivido por el órgano de gobierno de los jueces, que deberá abordar el centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial y tendrá seis meses para plantear una propuesta de reforma del sistema de elección del Consejo.

La votación de este martes, el último punto de un pleno muy cargado en el que el Gobierno no ha podido sacar adelante la reforma de extranjería y la senda de estabilidad, ha tenido lugar en dos urnas, una para los vocales de origen judicial y otra para los juristas.

Seis vocales jueces y cuatro juristas

Los diez vocales titulares han recibido los 284 votos de PSOE, PP y Sumar y solo tres suplentes han recibido menos apoyos (la magistrada Ana de la Ser y los juristas José Luis González Cussac y Marta Bueno), aunque con respaldo suficiente para ser designados.

Como vocales de procedencia judicial han resultado elegidos, a propuesta del grupo socialista, el magistrado del Supremo Ángel Arozamena; la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Esther Erice; y el juez de lo mercantil de Barcelona José María Fernández Seijo, que llevó a la justicia europea la ley hipotecaria española.

Propuestos por el PP, han recibido también apoyo de la mayoría la magistrada de la Audiencia de Barcelona Gema Espinosa, el juez decano de Málaga José María Páez y el magistrado de la Audiencia de Logroño José Carlos Orga. 

Por el turno de juristas, han sido elegidos la fiscal Inés Herreros, adscrita a la Fiscalía de Memoria Democrática, y la letrada del Constitucional Argelia Queralt, propuestas ambas por el PSOE; y el presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa, y la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, propuestos por el PP.

Los aliados del Gobierno rechazan el pacto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha asistido a la votación en el hemiciclo y solo Sumar ha apoyado su pacto con los populares.

ERC, Bildu y el BNG se han ausentado de la votación al considerar que el acuerdo entre PSOE y PP "perpetua las estructuras y dinámicas reaccionarias del régimen del 78", cuando se necesita regeneración democrática. Y tampoco han participado los diputados del Junts y del PNV.

La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha defendido su pacto con los socialistas como "un faro encendido por el PP en el oscuro túnel que representa el sanchismo", con el que su partido cumple el compromiso de regeneración con el que concurrió a las elecciones, y ha garantizado que solo les ha movido el interés general.

Artemi Rallo, en nombre del PSOE, les ha reprochado el bloqueo de cinco años y medio a la renovación y sus críticas ahora al Tribunal Constitucional, pero ha reivindicado el valor del diálogo y el acuerdo y ha defendido el modelo de elección parlamentaria de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, también ha criticado con dureza al PP -"ha quedado claro que para los señoritos del PP la democracia no es sino su cortijo"- y ha instado a su socio de gobierno a tomar medidas para conseguir "que la derecha saque sus garras de la justicia" y, entre otras medidas, derogar la ley mordaza.

Por su parte, Vox ha cargado contra el PP-PSOE, "el nuevo grupo fuerte del bipartidismo", y su portavoz, Javier Ortega Smith, ha tachado de inconstitucional la elección de los vocales, un pacto que, a su juicio, viola el principio de división de poderes.

Desde Podemos, Ione Belarra también ha considerado que se trata de "pacto de gran coalición" y ha denunciado que se legitime con él "la guerra sucia judicial".

Desde la tribuna ha leído un largo listado de nombres de víctimas del 'lawfare' "perseguidos por jueces corruptos colaboracionistas con la estrategia del PP", comenzando por Pablo Iglesias e Irene Montero. Gamarra le ha respondido después que no tenía tiempo para enumerar "la lista de pederastas y violadores favorecidos" por la ley del solo sí es sí.