El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa por presunta corrupción contra Begoña Gómez, ha suspendido la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés que estaba preparada para este lunes, posponiéndola hasta el próximo jueves 1 de agosto.

Barrabés, pieza clave en la causa porque usó cartas firmadas por la mujer de Pedro Sánchez en concursos públicos que ganó, tiene desde hace unas semanas la condición de investigado, después de afirmar que se reunió en Moncloa con Gómez en presencia de Sánchez.

El empresario sufre una enfermedad grave desde hace meses y su estado de salud es delicado.

La investigación

El juez Peinado tiene abiertas varias líneas de investigación en este momento. Por un lado, la que afecta al tándem Gómez-Barrabés, en la que se investiga si unas cartas firmadas por la mujer del presidente del Gobierno sirvieron al empresario para ganar concursos públicos. Parte de esta investigación la ha asumido la Fiscalía Europea, ya que estaban financiados con fondos comunitarios, pero el magistrado asegura que no son todos por los que mantiene parte de las diligencias.

También se investigan dos líneas referentes a la cátedra que codirige Begoña Gómez. El juez quiere saber cómo se creó este título académico y por qué se eligió a Gómez, sin experiencia ni titulación, para estar al frente del mismo.

La segunda línea pivota en la creación de un software que ayudaba a empresas en materia de sostenibilidad y cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030. Este programa fue creado, presuntamente, de manera altruista por varias empresas, como Google, Telefónica e Indra. Según las pesquisas, Gómez habría registrado a su nombre esta aplicación y la ofrecería de manera gratuita a través de una empresa de su propiedad, Transforma TSC SL (que lleva el mismo nombre que la cátedra en la Complutense).

En su declaración, el rector Joaquín Goyache explicó al juez que si el software fue empleado en los estudios de la universidad, este pasaría a ser propiedad del centro educativo, por lo que las partes personadas, con Vox como dirección letrada, barajan la posibilidad de pedir que se impute también a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida.