Una querella de 35 páginas por prevaricación ha sido el ataque frontal con el que la Moncloa ha respondido al juez que investiga a Begoña Gómez por presunta corrupción. Tras abandonar el palacio presidencial, el magistrado Juan Carlos Peinado se enteraba de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurría a la Abogacía del Estado para denunciarle por prevaricación. El texto fue difundido por la Secretaría de Estado de Comunicación.

El delito de "prevaricación" del juez ha sido invocado durante las últimas semanas desde Moncloa y desde Ferraz, la sede del PSOE, pero cobró fuerza cuando Peinado notificó a Sánchez que se desplazaría hasta su residencia para interrogarle en calidad de marido de Gómez. La defensa de la primera dama y la Fiscalía se opusieron. Entendían, como también lo hizo el presidente del Gobierno, que no se podía disociar su condición de líder del Ejecutivo y por tanto debería haber respondido por escrito. Moncloa ha esperado a ver si el juez finalmente daba el paso de tomar declaración al presidente en su residencia para interponer la querella.

Sánchez ha esperado a recibir al juez en su casa y negarse a declarar para golpear. Peinado le hizo dos preguntas. "¿Tiene relación con alguno de los investigados" y "¿se acoge a su derecho a la dispensa de no declarar?". A ambas respuestas el presidente ha respondido con un "sí". La comparecencia duró "exactamente dos minutos", señaló Antonio Camacho, abogado de Gómez. La querella de la Abogacía señala que el juez se desplazó a Moncloa este jueves de manera "injusta" y "a sabiendas".

Entiende la Abogacía del Estado, así como la Fiscalía y Camacho, que el juez se contradice en su instrucción. En un auto con el que pretendía aclarar a Gómez por qué estaba siendo investigada, Peinado le expuso que la causa versaba sobre "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen la denuncia inicial" presentada por Manos Limpias. Por eso entienden que no tenía sentido interrogar a Sánchez en su calidad de marido.

El juez "no dedicó ni una sola línea a motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito", se lee en la querella a la que ha accedido El Independiente. "Los hechos investigados son aquellos que conforman el objeto de la investigación y resulta que, en este caso, el objeto de la investigación —por amplio que sea— se circunscribe a un ámbito cronológico concreto: el momento en que el testigo pasó a ser presidente, y no el momento en que pasó a ser marido de la investigada. Es su cargo, no su estado civil, lo único relevante a efectos de cualquier pregunta vinculada a la investigación. Por tanto es incomprensible, jurídicamente, que se deseche [que Sánchez pudiese responder por escrito], y además sin motivación (quizá porque no la hay)", reza la querella.

A la espera de la Audiencia

La defensa de Begoña Gómez tiene claro que el juez no va a atender sus recursos para archivar la causa. Confían en que la Audiencia Provincial de Madrid le obligue a ello. El calendario de testificales tendrá una cita clave el próximo 1 de agosto, cuando declare el empresario Juan Carlos Barrabés como investigado. Estaba previsto que lo hiciese este lunes, pero el juez lo aplazó por motivos de salud.

Barrabés utilizó varias cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en concursos públicosm que terminó ganando. Esta es una de las vías de investigación del caso, aunque el grueso de los contratos los asumió la Fiscalía Europea al estar financiados con fondos comunitarios.

Esta previsto que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la causa el 30 de septiembre. Será entonces cuando resuelva varios recursos de apelación presentados por la defensa. Sin embargo, el abogado Antonio Camacho ha pedido más celeridad a la hora de resolver si archiva o no su causa por presunta corrupción y que se pronuncie antes del 30 de septiembre.

Así consta en un recurso de suplica del abogado de Gómez, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que responde a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Begoña Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.

Sostiene Camacho que tanto ella como el resto de los investigados "están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías, que está lesionando gravemente su derecho de defensa", por lo que esperar a finales de septiembre para resolver su recuso afecta gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución ante "las graves violaciones del derecho de defensa" que, a su juicio, está cometiendo el juez con su "errática deriva procesal y material".