El nuevo "concierto económico solidario" pactado por PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa requerirá una reforma de la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para blindar el traspaso a la Generalitat de la gestión de todos los impuestos soportados en Cataluña. Así lo reconocen fuentes de ERC, que apuntan que esa modificación permitiría sortear los reproches del Tribunal Constitucional a algunos puntos del Estatut de 2006 que vuelven a incluirse en el actual preacuerdo.

El modelo acordado por socialistas y republicanos se basa en el traspaso de la recaudación y gestión de todos los impuestos a la Generalitat, que pactaría con el Gobierno la cesión de una parte de esa recaudación en concepto de servicios prestados por el Estado en Cataluña, y una segunda cuota de solidaridad interterritorial. Esas fuentes republicanas apuntan que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut "dice es que el marco de referencia es la Lofca" por encima de cualquier estatuto autonómico. Por tanto, entienden estas fuentes, la reforma de la Lofca, incorporando una disposición adicional similar a la que excluye a las diputaciones vascas y Navarra del régimen común, permitiría este modelo, que a su juicio "cabe en la Constitución y el Estatut".

El preacuerdo fija además que esa modificación, y la de la Ley de financiación autonómica de 2009, se pactarán en una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para ser llevadas al Congreso a lo largo de 2025. No aclara, sin embargo, con qué mayoría esperan aprobar esas reformas, que ya han sido rechazadas no solo por la oposición de PP y Vox, sino también por socios del Gobierno del PSOE.

Romper Sumar

En primer lugar, el preacuerdo publicitado este martes por los republicanos amenaza con romper el grupo de Sumar. Entre sus 27 diputados, se da por descontado el apoyo de los siete miembros de los Comunes, que este miércoles validarán el acuerdo para la investidura de Illa. Pero sus compañeros de Compromís han expresado ya su frontal rechazo a una reforma en beneficio de Cataluña que a su juicio agravaría la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

"Si en el Congreso se abre la posibilidad de reformar la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para que dicha reforma tenga el apoyo de Compromís se tendrán que abordar las problemáticas concretas que tenemos los territorios infrafinanciados, concretamente Valencia", advertía su portavoz en el Congreso, Águeda Micó.

Una postura a la que se ha sumado la Chunta Aragonesista, y podrían incorporarse otros miembros del grupo de Yolanda Díaz. Ni la vicepresidenta del Gobierno ni otros socios determinantes, como Mas Madrid, han aclarado todavía su postura al respecto. Sí lo ha hecho el único diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego quien recordó al PSOE que el apoyo a la investidura llevaba como condición que "Galicia tendrá el mismo trato que Euskadi y Cataluña en cualquier avance que haya".

Oposición de Junts

Aunque una de las posturas más duras en contra del preacuerdo entre la bancada que integra la mayoría que sustenta al PSOE es la de Junts. El partido de Carles Puigdemont emitió este martes un comunicado en el que cuestiona tanto el objetivo del acuerdo, investir a Illa, como los compromisos adoptados. Los neoconvergentes cuestionan las garantías de cumplimiento del acuerdo y denuncian que en el documento publicitado por ERC "no aparece" el concierto económico anunciado por los republicanos.

"Que la Agència Tributària pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern no tenga poder sobre el dinero recaudado, no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, si fuera el caso, en materia de ordinalidad", afirman desde Junts. Los de Puigdemont cuestionan también la "solidaridad territorial" que a su juicio deja el reparto del monto recaudado en manos del Gobierno.

Junts advierte además que la decisión de investir a Illa "no se podrá revertir dada la aritmética parlamentaria. Sin capacidad de moción de censura, todo se fía a la voluntad de cumplimiento del PSC, que dispondrá de cuatro años para aplicar su agenda de 'pasar página' y desnacionalización de Cataluña".