No ha escampado. En absoluto. El presidente del Gobierno no logra controlar las llamas que han provocado en el PSOE el acuerdo con ERC, que contempla un "concierto económico solidario" para Cataluña. El malestar crece y crece. Con varios gestos significativos y poderosos. Dos son de este jueves. Uno, el rechazo explícito de Asturias, la otra comunidad del régimen común que gobiernan los socialistas, además de Castilla-La Mancha. Y dos, la petición a Pedro Sánchez para que convoque a los barones y abra un debate interno en el partido, en el seno del consejo político federal. El que tomó la delantera este 1 de agosto fue el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pero líderes de otras federaciones —al menos, los de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid y Aragón— comparten la misma opinión y creen que una cuestión tan relevante como el modelo de financiación, que afecta a la médula de la España autonómica, no se puede ventilar sin discusión interna. Pero esta solo se abrirá si Ferraz quiere. Y lo que dice la cúpula de Sánchez es que sí, que habrá debate, pero no ahora: "Ya tendrán la oportunidad todos de decir lo que piensan".

Desde el lunes por la noche, cuando la portavoz de ERC compareció en la sede de su formación para anunciar el preacuerdo con el PSC, se pudo ver que las federaciones socialistas latían incómodas. Muy incómodas. Comenzaron a bullir. Y se vio desde el principio que el malestar no procedía solo de los barones habitualmente críticos con Ferraz, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón). Era mucho más transversal y amplio. La alarma y el desconcierto fueron creciendo, sin que el respaldo cerrado al pacto con ERC de la ejecutiva federal —con una sola abstención— y del Gobierno sirviera para amansar las aguas. Porque Sánchez y su dirección no han explicado el consenso con los republicanos, no han hecho aún su lectura del documento de 25 páginas redactado por ambas partes, con el propósito de no escamar a la militancia de ERC, que es la que tiene que pronunciarse este viernes en una consulta, la que tiene que decidir si inviste o no a Salvador Illa.

La petición de Extremadura es bien vista por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Cantabria

En estos días de tensión en el PSOE, el presidente y su equipo han intentado poner el acento en que lo importante es que sea Illa quien alcance la Generalitat, que esa es la prioridad absoluta. Pero ese argumento no convence a buena parte de las federaciones del partido. Al menos, a Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y Asturias. Sí a otras —Valencia, Baleares, Canarias, Navarra, Murcia, Galicia o La Rioja— que secundan la línea marcada por Ferraz. Andalucía, el territorio más potente, tiene dudas.

El concierto catalán está dejando muchos más desgarros internos que la ley de amnistía. Porque se trata de un cambio radical: la Generalitat pasaría a recaudar el 100% de los impuestos pagados en la comunidad y luego abonaría al Estado un cupo por los servicios que presta y una cuota de solidaridad al resto de autonomías para garantizar la prestación de servicios públicos, cuota siempre limitada por el principio de ordinalidad. Sánchez, frente a las críticas, que reduce a Page, reivindica que el texto recibió el martes el respaldo pleno de su ejecutiva federal, y que fue aprobado por todos sus miembros, salvo una abstención. Pero en la dirección no tienen asiento los barones, salvo el andaluz Juan Espadas.

Asturias cree que el concierto "conduciría a la ruptura del régimen común", un sistema que "perjudicaría a las CCAA" de menor renta

Adrián Barbón, el presidente asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, vuelve este viernes a su actividad oficial tras tomarse unos días de descanso, pero ya desde el martes su círculo lanzaba señales de que no está de acuerdo con la "financiación singular" para Cataluña. Este jueves, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, fue rotundo. Explícito en el no. Aun deseando que Illa sea el próximo president para "enterrar de una vez por todas el procés", manifestó su oposición al concierto catalán porque "conduciría a la ruptura del régimen común de financiación y supondría irse a un escenario donde solo se tendría en cuenta la capacidad fiscal de los territorios, y supondría la ruptura total del principio de solidaridad y caminar hacia un sistema donde quienes pagan los impuestos son los territorios, no las personas, y eso perjudicaría notablemente a las CCAA con menor capacidad fiscal".

"Una merma de los recursos del Estado"

Peláez recalcó que la posición del Principado no es nueva, porque se deriva de la postura fijada por consenso en 2020 con todos los grupos parlamentarios asturianos, salvo Vox, y que dimana también de la Declaración de Santiago, la cumbre que Barbón mantuvo en la capital gallega en 2021 con los presidentes de otras siete comunidades. También recordó que hace unas semanas el propio presidente y él mismo también manifestaron su rechazo a un concierto para Cataluña cuando esta posibilidad se puso sobre la mesa tras la exigencia de ERC. Un concierto fiscal, dijo, supone también "una merma de los recursos del Estado", y este es "la palanca que garantiza una correcta distribución de la renta y la riqueza del país y un Estado del bienestar fuerte y cohesionado y en términos de equidad en toda España. Un concierto fiscal supondría un límite a la solidaridad". El consejero añadió que ayer conversó con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para trasladarle la posición del Principado, el no a que cualquier territorio salga del régimen común. La vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, siempre había rechazado el modelo de concierto. Siempre. La última vez, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio.

A diferencia de Page o Lambán, Barbón sí es un barón socialista alineado con Ferraz. Por eso su posición contraria es muy relevante

"De la posición que acordamos con los grupos en 2020 no nos podemos salir", razonan fuentes muy próximas a Barbón. "Posición que además forma parte de las resoluciones del 33º Congreso de la Federación Socialista Asturiana que se celebró en marzo de 2022 y del pacto de gobierno con IU, votado por la militancia en 2023. De ahí nuestra posición, favorable a reformar el sistema de financiación de régimen común porque consideramos que todas las CCAA estamos infrafinanciadas, pero necesariamente contraria a que ninguna comunidad abandone el régimen común, sea Cataluña, Madrid o Baleares, por ejemplo", amplían.

El rechazo inequívoco de Asturias no es menor. Ni mucho menos. El PSOE solo gobierna tres CCAA desde el año pasado: Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, y solo en la primera con mayoría absoluta. La comunidad foral disfruta de un convenio económico —similar al concierto vasco— protegido constitucionalmente, y su presidenta, María Chivite, sí apoyaba expresamente este miércoles el acuerdo con ERC porque "se basa en el principio de solidaridad". Pero, a diferencia de Page, Barbón sí es un barón socialista alineado con Ferraz. Desde el principio. Y por eso su posición contraria al pacto es muy relevante.

El otro movimiento relevante de este jueves nació desde Extremadura. Lo dio Miguel Ángel Gallardo, el nuevo secretario regional, el sucesor de Guillermo Fernández Vara al frente del partido. Pidió a Sánchez, en rueda de prensa en Mérida, que convoque al consejo político federal del PSOE, el órgano que reúne al líder del partido con todos sus barones.

Si cada comunidad tiene una copia de la llave de la caja, al final cada uno meteremos la mano en ella no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades", dice Gallardo

Gallardo argumentó que igual que se hizo en 2013 con la Declaración de Granada —la que alumbró la aspiración a una España federal, y que auspició el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba—, y en 2017 con la Declaración de Barcelona —la que consolidó esa apuesta por la federalización del Estado—, ahora las federaciones socialistas deben tener la "oportunidad de dialogar" y "definir la postura en una cuestión tan trascendente como es la financiación autonómica". "Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido y también para España. Y lo creo, honestamente, porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, para pronunciarnos cada uno en la medida en que nosotros creamos qué podemos aportar para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro", sostuvo.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, este 1 de agosto de 2024 durante su rueda de prensa en Mérida. | PSOE EXTREMADURA

El barón extremeño cree que es peligroso para el conjunto del sistema que sea Cataluña quien recaude todos los impuestos, que tenga, como insiste ERC, "la llave de la caja". "Desde el PSOE de Extremadura siempre hemos pensado, y lo reafirmamos, que la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado —razonó—. Si cada comunidad tiene una copia de la llave, al final cada uno meteremos la mano en la caja no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades. Y por eso nosotros abogamos por que la llave de la caja la tenga el Estado, que es realmente quien distribuye o redistribuye en función de las necesidades".

En Ferraz apuntan al inicio del curso político como la fecha en la que ubicar el debate interno. Illa ha estado en contacto con los barones socialistas para tranquilizarles

El consejo político federal —anterior consejo territorial— es convocado, como prescribe el artículo 37 de los estatutos, por el secretario general del PSOE. O sea, por Sánchez. Ferraz decide, por tanto. Y, por ahora, no está prevista ninguna cita inminente del órgano. "Ya tendrán todos los barones la oportunidad de decir lo que piensan. Agosto, de vacaciones", aseguran fuentes de la dirección federal a este diario, apuntando por tanto a una reunión de los órganos para el arranque del curso político, en septiembre. Ferraz y la Moncloa, y también el PSC, quieren salvar primero la consulta a las bases de ERC de este viernes, y luego la investidura de Illa, para así sacudirse la presión. El primer secretario de los socialistas catalanes y el equipo de Sánchez están en contacto en los últimos días con los barones del PSOE para tranquilizarles, para pedirles que esperen, que aguanten hasta que pase el referéndum a la militancia republicana, que la clave es conquistar la Generalitat, y que después ya habrá tiempo de explicar y matizar el acuerdo con ERC. Pero los territorios que no comparten el pacto están recelosos y desconfían. Y consideran que un modelo de concierto es "indefendible" e "inasumible" en sus territorios. De ahí la preocupación.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo; el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca (c), y el ministro de Transportes, Óscar Puente (d), durante la inauguración de la III Escuela de Gobierno del PSOE castellanoleonés en el Colegio Arzobispo Fonseca, el pasado 3 de mayo de 2024, en Salamanca. | EUROPA PRESS / MANUEL LAYA

Gallardo no está solo en su petición a Sánchez. La comparten otros territorios, como este periódico pudo comprobar en conversación con sus máximos responsables y sus equipos. En al menos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Madrid creen que se ha de abrir el debate interno. Cada uno, con sus matices.

Un acuerdo de esa envergadura no puede no pasar por ni un órgano del partido, y desde luego este es el apropiado", alegan en Castilla y León

"Echamos de menos los debates internos, sí. Habría estado bien reunirse antes, pero nunca viene mal. Apoyamos lo que pide Gallardo y a Gallardo", señalan fuentes próximas al presidente García-Page. "El partido en general está en contra del acuerdo con ERC. Pero muchos secretarios generales no se atreven a manifestarlo con claridad", apuntan desde Aragón. "La reunión planteada del consejo político federal es oportuna y necesaria porque es un tema de trascendencia que afecta a la financiación de todas las comunidades autónomas", manifestó posteriormente el expresidente Lambán en un comunicado remitido a los medios.

En Cantabria, federación que dirige Pablo Zuloaga, dirigente muy próximo a Ferraz, también consideran que "debe haber debate, claro", aunque se muestran "convencidos" de que habrá "ese espacio" de discusión interna. "Es razonable que se convoque el consejo político federal. Un acuerdo de esa envergadura no puede no pasar por ni un órgano del partido, y desde luego este es el apropiado", ilustran desde Castilla y León, liderada por Luis Tudanca, cuyo alineamiento tradicional con la cúpula de Sánchez se ha resquebrajado en algunas ocasiones en los últimos años. Y en este tema él ha sido claro a la hora de mostrar su oposición. En Madrid creen asimismo que "tiene lógica" que se cite el consejo político, aunque advierten de que el barón regional, Juan Lobato, tendría que estudiar esa petición con su propia ejecutiva. Este ha mantenido puntualmente posiciones discrepantes con Ferraz y es cuestionado en su federación y por el equipo de Sánchez. Lobato afirmó el martes en la SER que el modelo de cupo catalán "no es el ideal"

No se puede desencajar España para encajar Cataluña. Esto es inasumible en mi territorio. Y prefiero que me maten en Ferraz antes de que me repudien mis ciudadanos", avisa un barón

El acuerdo con ERC está siendo mucho más traumático para el PSOE que la amnistía. Porque, como señala un barón autonómico, la medida de gracias "es una cuestión más emocional" y está sirviendo para destensar, pero con el concierto fiscal se tocan "las cosas del comer", los recursos que pagan los ciudadanos para tener unas prestaciones de servicios homogéneas en todo el país. "No se puede desencajar España para encajar Cataluña —continúa este mismo líder regional—. Esto es inasumible en mi territorio. Y prefiero que me maten en Ferraz antes de que me repudien mis ciudadanos. Esto no tiene un pase. Y es indefendible para mí. No podemos quedarnos callados, porque callar es otorgar". "Es un desatino monumental de consecuencias históricas, que cambia las reglas de 1978", valora otro dirigente de la misma federación.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión del consejo político federal del 17 de septiembre de 2022, en Zaragoza. | EUROPA PRESS /FABIÁN SIMÓN

En las federaciones que rehúsan colisionar con Ferraz piden calma. Convocar el consejo político, reseñan a este diario fuentes próximas al andaluz Espadas, "es una decisión del secretario general", y están seguras de que tanto ese órgano como el comité federal, el máximo escalón de poder, "se reunirán cuando se inicie el curso". "Hasta que Illa no sea presidente, no empezaremos a concretar detalles del acuerdo que son básicos porque en ningún momento se habla en el texto de concierto económico, por ejemplo, y otras cosas que se están dando por hecho en el debate". "Yo creo que hay que mantener la calma —abundan desde La Rioja—. Se celebrará una reunión para abordar la financiación autonómica, pero que hay que tener calma porque este acuerdo con ERC no va a perjudicar a ningún territorio. No somos partidarios de convocar nada ahora. Ya veremos en septiembre". El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, aplaudía en La Sexta una "financiación singular" para Cataluña, como la quiere para su comunidad, que tenga en cuenta factores como la dispersión o el envejecimiento de la población. La "garantía" de que el modelo no será insolidario, agregó, "la dan el presidente del Gobierno y la Constitución".

En Andalucía o La Rioja piden "calma", que los órganos se reunirán cuando Illa sea presidente, "pero el acuerdo con ERC no va a perjudicar a ningún territorio"

Por parte del Gobierno, quien defendió este jueves el acuerdo con ERC fue la titular de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo. El pacto, sostuvo, permite avanzar en la resolución del "conflicto territorial" con "un final mejor para España y mejor para Cataluña". La ministra rechazó las críticas de García-Page: "Hay que ser más serios y más responsables en política", apuntó, informa Europa Press. La cúpula busca limitar el descontento interno a Castilla-La Mancha, pero es mucho más amplio. Al menos por ahora.