En el Partido Popular llegaron a cuestionar que el presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, cumpliera su amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley de Amnistía. Creyeron que era un anuncio de cara a la galería una vez el Congreso dio el plácet a la controvertida ley con el apoyo de los ochos diputados socialistas castellanomanchegos, entre ellos, cuatro de su estricta confianza. Pero el consejo de gobierno de esta comunidad decidió aprobar el recurso en su última cita antes de las vacaciones de verano ya en plena polémica por la soberanía fiscal concedida a Cataluña.

Así, Page ha tomado la delantera a los presidentes autonómicos del PP, quienes anunciaron también su intención de recurrir ante el tribunal de garantías constitucionales una ley que, consideran, vulnera el principio de igualdad de los españoles ante la Justicia perdonando a los secesionitas la comisión de delitos gravísimos contra la democracia. Todas las baronías populares encargaron sendos informes a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos como paso previo a la presentación del recurso, también Castilla-La Mancha, con lo que cabe pensar que más de uno tiene ya su propio documento sobre la mesa.

Estrategia dilatoria

Pero la estrategia del primer partido de la oposición y de sus baronías, ha sido, en este sentido, dilatoria, partidaria de alargar los plazos, acaso para evitar un pronunciamiento temprano del Tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido a favor de la ley de impunidad por la que Carles Puigdemont aspiraba a poder volver a España en olor de multitudes y sin riesgo de ser detenido por orden del Supremo. El pasado miércoles, durante la rueda de prensa presidencial de balance del año, Pedro Sánchez mostró su convencimiento de que la amnistía pasará la prueba de constitucionalidad. "Aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía, en mi opinión van a perder ese recurso", vaticinó el jefe del Ejecutivo.

Los populares comparten con Sánchez, aunque con distinto talante, que el TC no va a parar la ley, que el recurso "no servirá de nada", dada la nueva composición de ese órgano, pero, del mismo modo, insisten en que la presentarán aunque sea para sostenerse sobre el valor de los votos particulares que se emitan. No toda la dirigencia popular era partidaria de llamar a la puerta del Constitucional. De hecho, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, llamó al TC "cáncer del Estado de Derecho contaminado políticamente".

"En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal", espetó durante un coloquio en Barcelona organizado por La Vanguardia y el Círculo Ecuestre. Y agregó: "Si le permitimos un fallo (al TC), le permitiremos mutar la Constitución mediante una sentencia". Luego le obligaron a rectificar, sobre todo la comparación con el cáncer, y Génova tuvo que salir al paso para reiterar su firme voluntad de recurrir la ley.

Además, la idea era esperar al devenir judicial una vez la amnistía se publicara en el BOE, el pasado 10 de junio, justo un día después de celebradas las elecciones europeas. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha excluido los delitos de malversación de fondos públicos del ámbito de aplicación de la ley y mantenido, por tanto, la orden de busca y captura nacional contra Puigdemont. También ha acudido al TC por entender que su artículo 1 vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como, entre otros, los principios de seguridad jurídica.

Además, el Tribunal de Cuentas ha presentado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que fueron vulnerados los derechos financieros de la Unión en los preparativos de la consulta ilegal del 1-0 así como en la acción exterior del 'procés'. Este recurso supone la paralización de la aplicación de la ley como efecto inmediato.

Fecha tope: 11 de septiembre

Significa que los populares pueden incorporar estos antecedentes en la exposición de motivos de su recurso, lo que, en todo caso, no les da más esperanzas de un fallo a su favor. El plazo para ir al TC acaba el 11 de septiembre. Sin embargo, no todos los juristas consultados por El Independiente coinciden respecto a si agosto debe ser considerado mes judicialmente hábil o inhábil para estimar la fecha límite.

Algunos ejecutivos autonómicos como el madrileño celebran consejo de gobierno la última semana de agosto, por lo que podría ser un buen momento para anunciar la presentación del recurso y echar a andar el nuevo curso político. En Murcia, los servicios jurídicos "siguen trabajando en ello y estamos dentro de plazo" y los aragoneses cuentan con hacerlo "a principios de septiembre". En lo que afecta al recurso que presentarán cincuenta parlamentarios del PP, solo están pendientes del nihil obstat de Alberto Núñez Feijóo, que encabezará muy probablemente el listado de recurrentes.

En fin, la vuelta del curso estará marcada por una cascada de recursos ante el TC, aunque ha sido Emiliano García-Page, en plena guerra contra Pedro Sánchez por haber acordado la soberanía fiscal para Cataluña, el que los ha adelantado a todos.