A finales del pasado mes de septiembre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, visitó Canadá. Allí le esperaba el primer ministro local, Justin Trudeau, que esta vez había dejado el disfraz de Superman en casa. Ataviado con sus tradicionales calcetines de colores, el presidente que más mola y Sánchez mantuvieron una distendida charla en el Global Progressive Forum.
Poco tardaron los periodistas en preguntarle al presidente español por una de las innovaciones locales. "Yo ahora no estoy en eso. Tengo ya suficientes problemas", respondió. La pregunta estaba relacionada con la aprobación del consumo de la marihuana recreativa en Canadá, donde a partir del día 17 de este mes se podrá fumar sin miedo a que la policía montada aparezca multa en ristre.
Se ve que Trudeau tiene menos problemas (que no te dimita un ministro cada 10 días ayuda) por lo que aprobó esta medida el pasado verano, convirtiéndose así en el primer país del G7 y el segundo del mundo, tras Uruguay, en permitir el consumo recreacional de marihuana. En Canadá ya era legal el consumo con fines médicos desde 2001, pero ahora van un paso más allá.
La reflexión del Ejecutivo canadiense no ha sido muy profunda: marihuana van a fumar, así que si la hacemos legal al menos algo ingresamos. Tal cual. Ya lo dijo Trudeau: "Es demasiado fácil para nuestros jóvenes conseguir marihuana y, encima, los criminales son los que se llevan los beneficios".
Dentro de unos días, cada familia que viva en Canadá podrá cultivar en su casa cuatro plantas de marihuana, y todo el que quiera podrá caminar por la calle, tranquilamente, con 30 gramos en sus bolsillos. Nadie le dirá nada.
Falta de existencias
Pese a que todavía no ha empezado a comercializarse, los expertos ya apuntan a que no habrá suficiente marihuana legal para cubrir toda la demanda. Según un informe de la Universidad de Waterloo (ni la de Puigdemont ni la de Napoleon, una en Canadá) y el Instituto Howe, apenas se alcanzará entre un 30% y un 60% de todo lo que quieren fumar los canadienses.
Al parecer, los productores y vendedores que van a obtener, o que ya han obtenido su licencia sólo pondrán en el mercado 210 toneladas de la droga, cuando la demanda, dicen, rondará las 610 toneladas. No salen las cuentas.
"No habrá suministros suficientes, sobre todo en los primeros meses tras la aprobación del consumo", dicen los expertos de ambas instituciones, que han elaborado el estudio al alimón.
La culpa, según recogen, es del propio Gobierno de Trudeau. Las autoridades competentes están dando las autorizaciones con mucha lentitud, por lo que de momento no habrá una enorme cantidad de locales que, a pie de calle, vendan la marihuana recreativa legal.
¿A quién beneficia esto? Claramente al mercado negro. Trudeau sigue dando alas a aquellos a los que quería perjudicar con la regularización del consumo recreativo de la marihuana, que de momento siguen vendiéndola a sus anchas.
De momento, el Gobierno local espera ingresar unos 220 millones de dólares canadienses, casi 150 millones de euros, al año en impuestos, si bien esperan que, según se vaya adaptando la normativa, la cantidad crezca.
El ejemplo: EEUU
El modelo en el que se mira Canadá en cuanto a la regulación de la marihuana recreativa no les queda lejos, sólo tienen que mirar al sur. En Estados Unidos se dio el primer paso en esta materia con la aprobación de la Enmienda 64, con la que el estado de Colorado aprobaba en noviembre de 2012 esta práctica.
Desde entonces, casi una decena de estados de todo el país se han animado a sacar algo de beneficio económico de los consumidores de marihuana. Entre están algunos tan poderosos como California, uno de los más importantes tanto por población como por poderío económico.
En el año 2016 la industria de la marihuana legal en Estados Unidos, en aquellos territorios donde estaba aprobada, alcanzó los 4.500 millones de dólares, casi 4.000 millones de euros, y facturó más que gigantes mundiales como Spotify.
El negocio es tan importante en dicho país que, según se calcula, el mercado negro alcanza un volumen de alrededor de 45.000 millones de dólares, casi 40.000 millones de euros. "Los territorios en los que la venta recreacional se ha legalizado siguen registrando enormes crecimientos. La demanda es gigante", explicaba a Forbes Chris Walsh, editor del Marijuana Business Daily.
Según un informe de BDS Analytics, la industria legal aportó a las arcas estatales 1.000 millones de euros, algo más de 850 millones de euros, en concepto de impuestos a lo largo del año 2016, un número que se elevó hasta los 1.400 millones de dólares, poco más de 1.200 millones de euros, en 2017.
El sector alcanza un tamaño tan grande que ya hay entre 165.000 y 230.000 personas cuya actividad profesional está relacionada de manera directa con la venta recreacional de marihuana, superando al gremio de pasteleros o de masajistas en Estados Unidos. Canadá todavía tiene margen de crecimiento.
Y en España, ¿qué?
En España fumarse un porro sigue siendo ilegal. Ni 30 ni uno, si te pillan con algo de marihuana en la calle más vale que tengas suerte y que hayas dado con un bondadoso miembro de la autoridad que deje pasar la infracción. Si decide aplicar al pie de la letra la ley, multa.
Además de no haber una normativa, tampoco hay intención. Ninguna de las dos ministras de Sanidad que ha tenido el progresista Gobierno de Pedro Sánchez, ni la dimitida Carmen Montón, aficionada a la Wikipedia, y ni la actual María Luisa Carcedo. No sabemos cuál es su postura sobre este asunto.
En nuestro país hay dos formas de conseguir marihuana legal: la primera es una recete médica que diga que el paciente tiene alguna dolencia crónica, algo que está muy regulado y controlado. La segunda es consumir en un club de cannabis, populares sobre todo en Barcelona desde los años 90.
La única fuerza política que ha propuesto despenalizar el consumo de cannabis en España ha sido Podemos. El 2 de mayo de 2017 llegaron incluso a organizar en el Parlamento Europeo la jornada El futuro del cannabis, hacia una regularización integral, y argumentaron que legalizar el consumo tendría un importante impacto en el modelo productivo de nuestro país.
Con esos fondos, defendían, se podía dedicar más dinero a fines sociales y se podía impulsar la escuela pública. De hecho existe un círculo cannábico oficial en Podemos, que organizó una manifestación el 6 de mayo de 2017 reclamando la regularización.
De hecho, Unidos Podemos incorporó esta medida a su programa electoral de las últimas generales. En el punto 264 de dicho programa se pedía la "despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo" y se quería "regularizar la actividad de los clubes sociales de cannabis".
"Proponemos convocar una mesa de trabajo encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos de los consumidores, y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis", rezaba dicho programa de gobierno.
Queda mucho antes de que se pueda legalizar la marihuana en España. La mayoría de países europeos no quieren dar un paso antes de que se pronuncie el Parlamento Europeo, de donde saldría un proyecto común al que, en cualquier caso, le quedan años antes de ver la luz.
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