Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, se encuentra en el centro de una situación legal compleja tras su regreso a España, país que abandonó en 2017 después de la celebración del referéndum de independencia, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En el contexto actual, marcado por la reciente orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena, surge el habeas corpus, un recurso legal que podría ser clave para evitar su ingreso en prisión preventiva.

Qué es el Habeas corpus

El término habeas corpus, proveniente del latín "habeas corpus ad subjiciendum", significa literalmente "que tengas tu cuerpo", y es un derecho fundamental en la legislación española y en muchos otros sistemas legales. Este mecanismo jurídico obliga a las autoridades a presentar a una persona detenida ante un juez en un plazo corto y determinado. Si el juez considera que la detención carece de justificación legal suficiente, puede ordenar la liberación inmediata del detenido. Este derecho se erige como una protección esencial contra detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos por parte del Estado.

Históricamente, el habeas corpus tiene sus raíces en el derecho romano, aunque no como lo conocemos hoy en día. En Roma, la figura jurídica conocida como Interdicto servía para proteger la libertad personal, especialmente en casos donde una persona libre era retenida injustamente. Este recurso permitía la restitución inmediata de la libertad, lo que subraya su carácter sumario y urgente, características que persisten en la actualidad.

En el derecho español, el habeas corpus se asocia también con la institución del "recurso de manifestación de personas" del Reino de Aragón, recogido en el Fuero de Aragón de 1428. Este recurso era similar en su esencia, permitiendo a cualquier persona detenida solicitar su comparecencia inmediata ante un juez para determinar la legalidad de su detención.

El Habeas corpus y la situación de Puigdemont

Ante la posibilidad de ser detenido tras su regreso a España, Carles Puigdemont podría recurrir al habeas corpus como último recurso legal para evitar su ingreso en prisión preventiva. Este derecho se activaría si el expresidente considera que su detención es arbitraria o no tiene la justificación legal adecuada. En tal caso, el juez de guardia tendría que decidir de manera inmediata sobre su libertad, evaluando si existen motivos válidos para su detención o si esta carece de sustento jurídico.

De aceptar el juez las alegaciones de Puigdemont, este sería puesto en libertad de manera inmediata. De lo contrario, Puigdemont y su defensa podrían apelar la decisión, llevando el caso hasta el Tribunal Constitucional, lo que abriría una nueva vía legal en su lucha por evitar la cárcel.

La defensa del exmandatario catalán se encuentra en una encrucijada jurídica, pues hasta el momento no ha presentado recurso contra la negativa del juez Llarena de aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación, uno de los cargos más graves que enfrenta Puigdemont. No obstante, el recurso del habeas corpus sigue siendo una opción viable, ya que todavía están dentro del plazo para presentarlo. En última instancia, será el juez Llarena quien decida si Puigdemont ingresa en prisión preventiva mientras espera juicio, un escenario que su entorno más cercano ve como muy probable, dado que la acusación por malversación podría implicar penas superiores a los 12 años de prisión.

Un camino incierto

Si Puigdemont opta por presentar el habeas corpus, y el juez rechaza sus alegaciones, comenzaría entonces una serie de recursos legales ante el Tribunal Supremo, agotando todas las vías posibles antes de recurrir al Tribunal Constitucional, cuya composición actual es mayoritariamente cercana al PSOE. Este proceso podría prolongarse, pero dada la gravedad de los cargos y el contexto político que rodea el caso, las probabilidades de evitar la prisión parecen reducidas. El habeas corpus se presenta así como una herramienta legal de último recurso para Puigdemont, un as que podría jugar en un momento crítico, donde cada paso y cada decisión judicial serán cruciales para su futuro inmediato. Mientras tanto, la tensión política y legal sigue creciendo, y todo el país observa con atención el desenlace de este complejo episodio.