La finalidad básica de la regulación de opas (ofertas públicas de adquisición de acciones) es la protección del inversor minorista, haciendo que participe en las operaciones corporativas que traen consigo la entrada de nuevos inversores que adquieren posiciones importantes en sociedades cotizadas. Estas se suelen realizar con un aumento de precio relevante sobre la cotización, lo que se denomina “prima de control”. Para evitar que el nuevo inversor negocie directamente con los accionistas relevantes, se le obliga a que extienda su oferta a todos los inversores. Es un camino largo y caro, común a las regulaciones más garantistas, pero en ningún modo general. Por ejemplo, en EEUU no existe la figura de la opa obligatoria: el nuevo inversor puede hacer lo que le parezca, negociar con unos pocos o plantear una OPA general si así le conviene. En el caso español la decisión le corresponde al inversor minorista: si sigue siendo accionista, con el posible cambio de control de la compañía o si vende sus acciones a un precio mejor. Con carácter general las opas son un revulsivo para el mercado y lo hacen más atractivo.

Las ansias de control económico son infinitas y ha quedado claro que la pandemia solo fue una magnifica excusa para ello

A ese alto coste en tiempo y dinero de la formulación de una opa se le une ahora un requisito adicional, la autorización del gobierno. La epidemia Covid 19 produjo inicialmente una caída drástica de las cotizaciones de la bolsa española, lo que, en opinión del gobierno, dejaba expuestas a muchas empresas españolas a operaciones de tomas de control por parte de inversores extranjeros. Por ello empezó sometiendo a su autorización las adquisiciones de más del 10% de una sociedad cotizada por parte de inversores de fuera de la Unión. Después amplió esta necesidad siempre que el objetivo de la inversión fuesen activos considerados “estratégicos”, aunque el inversor fuese de la UE. Desaparecida la pandemia y sus efectos económicos, con una bolsa normalizada, esa regulación extraordinaria permanece. Las ansias de control económico son infinitas y ha quedado claro que la pandemia solo fue una magnifica excusa para ello. Si esto se puede entender desde un punto de vista ideológico por parte de un gobierno de izquierdas, sería coherente que la oposición conservadora promoviese su derogación. Pero hasta el momento no hay ni siquiera una velada crítica.

Así, leemos en la prensa que el gobierno blinda Grifols ante una opa del fondo canadiense Brookfield con la familia fundadora. A esta empresa química se le une una energética, Naturgy, otra de infraestructuras como Talgo (por un inversor húngaro, es decir, de la UE) y, aunque no sea una opa, la adquisición de un 10% adicional de Telefónica por la empresa saudí STC sigue pendiente desde hace muchos meses.

Con una base diferente, también el gobierno se ha manifestado en contra de la opa de Banco Sabadell por BBVA, al avisar que denegará la fusión. En este caso, el adquirente es una entidad española, por lo que el gobierno no tendría nada que decir. Si la opa es aprobada por la CNMV y tiene éxito, el BBVA no podrá absorber a su competidor. La razón esgrimida por el ministro de Economía es la falta de competencia en el sector bancario, que se manifiesta en el retraso general de la banca en remunerar los depósitos después de la subida de los tipos de interés, lo que demuestra una clara concertación. Resulta sorprendente esta manifestación del ministro en una materia, la competencia, que tiene su propia autoridad supervisora, la CNMC, que todavía no se ha manifestado, aunque lo hará cuando corresponda. Parece como si el ministro quisiera influir en la decisión de la CNMC. Como ya he comentado en artículos anteriores, el ministro se equivoca en su diagnóstico. Donde no hay competencia es en el mercado de crédito, que no hace otra cosa que bajar desde 2008. Y si los bancos no tienen interés en dar crédito, ¿por qué van a remunerar los depósitos? Pero la causa de esta disminución del crédito no es la falta de competencia en el sector bancario, sino una regulación que pone todas las dificultades para su concesión.

En resumen, el creciente intervencionismo del gobierno frena el libre movimiento de capitales, impidiendo operaciones corporativas de inversión, que son un aliciente para el mercado de valores. Y luego no nos quejemos del raquitismo de nuestra Bolsa de Valores.