Desde el día después de las elecciones presidenciales venezolanas en las oficinas de Foro Penal hay colas de familiares que esperan ser atendidos debido a la ola de detenciones desencadenada por el régimen de Nicolás Maduro. Es la respuesta del chavismo a las demandas de la oposición y gran parte de los venezolanos de que se publiquen las actas electorales que, según el régimen, confirman la victoria de Maduro. Las copias logradas por los opositores constatan lo contrario: Edmundo González venció, y así lo corrobora hasta el Centro Carter, hasta ahora bendecido por Maduro y los suyos.

Foro Penal lleva más de 20 años en la asistencia de víctimas de la persecución y represión política, lo que incluye las detenciones arbitrarias con fines políticas. Alfredo Romero es su director presidente y no para de atender a los parientes de los secuestrados, de aquellos a los que las fuerzas de seguridad se lleva sin dar explicaciones. Se pasa el día de las oficinas a los centros de reclusión.

"Ni siquiera hemos tenido tiempo de asistir a las familias de los que han sido asesinados. Según varias organizaciones, han sido al menos 20 los muertos. Las detenciones se están dando de manera exagerada: ya hemos verificado más de 1.300. La gran mayoría el 29 y el 30 de julio", explica Alfredo Romero, en mensajes telefónicos desde Caracas.

Hay una niña de 16 años llamada Victoria, entre el más de centenar de menores, que caminaba por su casa y fue detenida. Está recluida siendo totalmente inocente"

Foro Penal identifica a todos los detenidos, el lugar de reclusión, sus datos, el tribunal, las circunstancias y así elaboran una base de datos que sirve para las denuncias internacionales. En esta Operación Tun Tun, como se ha denominado, no se permite el acceso a abogados independientes y se impone defensores públicos. Así no se facilitan las causas de la detención. "Son detenciones arbitrarias, sin evidencias, sin expediente. Es una justicia unilateral. No hay defensa. Son unos fiscales y jueces específicos, cuatro especializados en terrorismo en el área metropolitana de Caracas, y hay uno de menores", añade Romero.

"Hemos registrado más de un centenar de menores de edad, 116, según el recuento del 10 de agosto. Son personas entre 14 y 17 años. Hay una niña llamada Victoria de 16 años, que estaba caminando por su casa. Formaba parte del sistema de orquestas venezolano. Está en un centro de reclusión siendo inocente", señala Alfredo Romero, quien apunta que no hay personas mayores. Un 12,5% son mujeres y en un 99% son personas de muy bajos recursos, de sectores populares.

A los detenidos se les imputan una serie de delitos, de los que dio cuenta el fiscal general incluso previamente a su presentación ante los tribunales, son: instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir y en algunos casos obstrucción de vía pública, resistencia a la autoridad y traición a la patria.

Antes del 28 de julio ya existían 305 presos políticos. Ahora se van a sobrepasar en total los 1.500. Se produjeron arrestos masivos el 29 y 30 de julio en las manifestaciones. Luego se detuvo a gente que estaba cerca de esas concentraciones, incluso personas con discapacidad (16). Hay dos o tres niños autistas.

También se han dado detenciones selectivas: los dirigentes políticos desde los jefes de campaña a alcaldes y algunos cayeron previamente a las elecciones; otras son los que denuncian por participar en las protestas o bien los interceptan y tienen imágenes de las manifestaciones; en un cuarto grupo hay trabajadores humanitarios o profesores, o un abogado de Foro Penal de 24 años al que arrestaron en Carabobo.

Romero dice que las detenciones se llevan a cabo sin orden, y las personas son incomunicadas. Los tribunales se constituyen en los propios centros de reclusión para impedir el acceso a familia y abogados. En Caracas donde se ha centralizado el arresto es la llamada Zona 7 en Boleíta. "Al no conocerse el estado físico, si hubo tortura o tratos degradantes, es más difícil la denuncia en instancias internacionales porque las nacionales no actúan", afirma Romero.

La media de edad de los detenidos es de 20 años y el 99 por ciento tiene muy bajos recursos"

Para el director de Foro Penal es crucial que la comunidad internacional "no pierda la vista de lo que está pasando en Venezuela". Romero dice que ahora es la situación más crítica de represión que ha visto en más de dos décadas: "Todo el pueblo venezolano se siente perseguido, intimidado, aterrorizado. Las detenciones se aplican a cualquiera, incluso no hace falta que sean opositores. Tratan de crear un efecto intimidatorio y que la gente no se manifieste en las calles. Hay miedo hasta de que te quiten el móvil".

Romero recuerda cómo el derecho a manifestarse pacíficamente es un derecho constitucional que no puede ser vulnerado. "Aquí manifestarse o expresarse se ha convertido en algo criminal y lo muestran en los canales del gobierno cómo si eso fuera un delito. Imaginen que eso pasara en España, que solo por criticar al que está en el poder fueran criminalizados", concluye.

Imaginen que por pensar diferente los encerraran y tiraran la llave. Es lo que sufren los venezolanos hoy.