En unas semanas el llamado 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional entrará en una nueva fase con una batería de declaraciones tanto de nuevos imputados como de testigos, una vez aclarada la competencia del grueso de la investigación, que el Tribunal Supremo ha entregado al juez Ismael Moreno. El Gobierno ha movido ficha y por primera vez, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado personarse en la causa para defender al subsecretario involucrado del Ministerio que dirige Óscar Puente.
Se trata de Jesús Manuel Gómez García, actual subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible y a quien el ministro Puente se ha negado a cesar después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación por una posible participación en la trama de millonarias adjudicaciones ilegales de mascarillas. El juez Moreno a finales de julio accedió a la petición del fiscal y decidió citarlo el próximo 9 de septiembre.
En un escrito de este mes de agosto, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado pide al Ministerio Público que se pronuncie "sobre la procedencia de la personación de la Abogacía del Estado para actuar en defensa y representación del investigado". Hasta ahora los Servicios Jurídicos del Ejecutivo se habían mantenido al margen de esta causa que salpica a varios empresarios relacionados con Transportes como Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto y al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.
De hecho, el Gobierno de Sánchez había ido desprendiéndose de todas las personas a las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iba señalando en las pesquisas. Así lo hicieron, por ejemplo, con el anterior secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien Puente dejó caer el pasado mes de marzo por "perdida de confianza" cuando saltó el escándalo.
Entonces, Sánchez Manzanares no estaba imputado, pero se investigaba un contrato de su institución adjudicado a la trama durante la pandemia por un importe de más de 20 millones de euros, el más cuantioso que está bajo sospecha. Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional lo ha imputado también y lo escuchará un día después que al subsecretario Gómez García, el próximo 10 de septiembre. El día 11 tendrá que acudir también el director general de Gestión de Personal de Adif, Michaux Miranda, igualmente en calidad de investigado.
El estallido del caso se llevó por delante, incluso, al exministro Ábalos, que fue expulsado del PSOE, si bien él se negó a dejar su acta de diputado y se pasó al grupo mixto. Pero desde hace varios meses Puente mantiene prieta las filas y se ha negado a prescindir de más profesionales de su círculo a pesar de que Anticorrupción ha solicitado, incluso, una ampliación de la incautación de correos dentro del Ministerio.
Los socialistas hicieron ver en un primer momento que todos los investigados estaban ya fuera de la cartera de Transporte o de sus redes. Con esta nueva tanda de imputados, sin embargo, la mancha de aceite se extiende por el equipo de Puente, pero este paso adelante de la Abogacía del Estado vaticina un cierto cambio de estrategia. Los perjudicados y el propio ministro han defendido en todo momento la confianza en la inocencia de los nuevos implicados, por lo que estará por ver cómo se desarrollan las declaraciones.
Globalia y testigos claves
El instructor del 'caso Koldo' ha decidido citar como testigo, además a otras nueve personas con relación a esta causa para distintos días durante la primera quincena de septiembre. Entre ellos están el actual presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, la jefa de Contratación de esta entidad, María Belén Caballero, la subdirectora de la Asesoría Jurídica del organismo, Aránzazu de Miguel Peña; así como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
Esta última, cabe destacar que tal y como avanzó este medio, admitió a los agentes de la UCO que había recibido presiones para adjudicar las mascarillas "lo antes posible". Dijo que no se le indicó la empresa concreta pero sí se le instó a la premura.
Además, el juez Moreno ha ordenado para el día 12 de septiembre la declaración como testigo del CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en la que hay muchas miradas puestas por su relación también con la investigación que asedia a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez. A pesar de que el instructor de la Audiencia Nacional no veía razón para su citación, la acusación popular Liberum recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal y fue este tribunal superior el que decidió que la citación era pertinente.
Hidalgo tendrá que aclarar los pagos que Globalia (el holding propietario de la compañía Air Europa) efectuó a Víctor de Aldama, el comisionista de esta supuesta red corrupta, en plena negociación del rescate de la compañía aérea a la que el Gobierno inyectó 615 millones de euros de las arcas públicas.
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7 Comentarios
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hace 1 día
A José
Mejor no invente, porque evidentemente, no sabe de lo que habla.
Aunque al lumpen facherío, su odio le hace añorar la justicia nazi,
NO CABE LA MENOR DUDA DE QUE LOS FUNCIONARIOS TIENEN DERECHO A LA ASISTENCIA DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO
PRIMERO.-
El artículo 14 f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce el derecho de los empleados protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.
Por su parte, el artículo 2 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas señala que “en los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos públicos (…) y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo”.
SEGUNDO.-
‘Para condenar a un funcionario en un delito en el ejercicio de su cargo,
primero hay que demostrar que sus actos no estaban amparados en la ley o en el procedimientos administrativo legalmente establecido.’
Así se interpreta la Constitución, …
aunque ya sabemos también,
que en La Toga Nostra,
la Constitución «se la suda cuando interesa»
y parecen regirse por las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional (ya saben, las de Franco)
y por las órdenes que les dan desde el PPVOX.
Asi que, al que no le guste la Ley,
…que haga como los fachijueces,
y pruebe a saltársela,…
que ya estamos acostumbrados,…
al permanente Golpe de Estado de los Togados,
…o que recurran…
…o ajo y agua.
(traducido: podéis reventar con vuestro ODIO y que os jod…an)
hace 1 día
Jr que pesado eres con la misma cantinela. Espero que por lo menos te paguen bien porque no da para más.
hace 1 día
José.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
hace 1 día
A JR R, un funcionario imputado por un delito, en primer lugar no es el Estado, y en segundo lugar no corresponde a la abogacía del Estado, es decir la abogacía de todos pagada por todos, defender a un funcionario imputado por un delito.
hace 1 día
A José
La abogacía del Estado defendiendo al Estado y las actuaciones regladas de un funcionario es lo más normal del mundo. Etico y legal.
¿Es ético utilizar a la judicatura derechizada para hacer política contra el Gobierno?
Pues, no. Se llama LAWFARE.
Si al facherío le gusta jugar al pin-pam-pum, que se vaya a una caseta de feria.
hace 2 días
¿Es ético utilizar la abogacía del Estado para defender a funcionarios de posibles delitos?
hace 2 días
Normal.
Si algunos jueces rompen la separación de poderes y atacan la acción política y administrativa del gobierno,
pues, el gobierno se defiende, con los instrumentos legales a su alcance,
que para eso están.
Si la judicatura quiere hacer política, como hace de la mano de la derechona,
que suelten las togas y se presenten a las elecciones.
¡A ver cuantos votos sacan los inquisidores!