Hacienda ya ha devuelto 707 millones de euros a empresas, tras concluir el Tribunal Constitucional que la reforma del impuesto sobre Sociedades de 2016, impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro, era inconstitucional. La cifra es la acumulada hasta junio, según el informe mensual de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y se prevé que se incremente en los próximos meses.

En 2016, el Ministerio de Hacienda impulsó una reforma de este impuesto para aumentar su recaudación y así lograr un descenso del déficit público. Pero en enero de este año, el Tribunal consideró que utilizar la figura jurídica del real decreto para modificar el impuesto vulnera el artículo 86.1 de la Constitución. Dicho artículo prohíbe afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1, y en ese mismo se encuentra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El Constitucional ha anulado tres medidas: los topes para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción de un límite para aplicar deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base imponible los deterioros de participaciones que se hayan deducido en años anteriores.

Desde PwC explican que el Tribunal consideraba que "estas modificaciones alteran elementos esenciales del IS, como la base imponible y la cuota, que inciden en la determinación de la carga tributaria, y que tienen un impacto notable en una pieza básica del sistema tributario, afectando a la esencia del deber de contribuir de los obligados por este tributo".

No obstante, la sentencia no tiene carácter retroactivo, por lo que solo pueden recuperar los importes aquellas empresas que ya los hubieran reclamado con anterioridad o cuyos casos ya se estuvieran revisando por parte de la Agencia Tributaria. Aun así, el impacto previsto para las arcas públicas es de varios miles de euros, según varios bufetes de abogados.

Reducir el impacto vía enmienda

En marzo, el PSOE introdujo una enmienda en uno de los proyectos de ley en tramitación, que recogía medidas anticrisis y que procedía de un real decreto. A través del mismo, el grupo socialista tenía la intención de "contrarrestar los efectos derivados de la sentencia" del Constitucional y recuperar algunos de los aspectos que había tumbado el Tribunal.

Entre ellos, se busca recuperar los límites a la compensación de bases negativas para los grandes contribuyentes (cifra de negocios de al menos 20 millones de euros) al 50% o 25%, dependiendo de la facturación del declarante. Además, la enmienda incorpora "la recuperación del límite del 50% en la cuota íntegra en la aplicación de las deducciones por doble imposición", también para grandes empresas.

Por otro lado, para todos los contribuyentes "se prevé la reversión íntegra en el ejercicio 2024" de las pérdidas por deterioro de valores que no hubieran revertido todavía.

"A la vista de la enmienda presentada, parece claro que la sentencia 11/2024 del TC no cerrará definitivamente la cuestión de inconstitucionalidad de las medidas del RDL 3/2016. Sin embargo, también resulta claro que la aprobación de estas medidas, previstas en la enmienda, no será el último capítulo en esta materia", explican desde Cuatrecasas.

Este proyecto de ley continúa en tramitación, según consta en la página del Congreso de los Diputados y la Comisión de Hacienda de la cámara tiene todavía que elaborar un informe sobre la misma.

No obstante, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) insisten en que la reforma propuesta a través de esta enmienda podría volver a caer en la "inconstitucionalidad", puesto que el Tribunal criticó la utilización de un Real Decreto para la modificación de un impuesto y, ahora, el mecanismo utilizado es una enmienda cuya justificación se basa en una merma en la "recaudación".