El plan B podría activarse en cualquier momento. Pasado el ecuador de agosto y con el acto de apertura del año judicial a la vuelta de la esquina, nadie en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se atreve a confirmar si tendrán un presidente que asista al evento y dé el tradicional discurso frente al Rey Felipe VI. Voces consultadas dentro del órgano por El Independiente aseguran que la intención, eso sí, es intentarlo hasta el final y reunirse "al menos un par de veces antes" de ese día para llegar a un acuerdo. Otras fuentes que anticipan un peor escenario, avanzan que llegado el momento el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, podría ser quien hablara en nombre de la carrera.
El nuevo Poder Judicial se constituyó el 25 de julio con la esperanza de traer aire fresco al órgano después de cinco años de bloqueo político y desgaste judicial. Pero los 20 vocales recién llegados no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en la primera de sus tareas: elegir a un presidente que es doble, del CGPJ y del Supremo.
Así que un año más Felipe VI podría presidir el próximo jueves 5 de septiembre un evento anómalo en el que volviera a ser un presidente interino, en este caso el del alto tribunal, quien pronunciara las palabras que abraza toda la carrera al inicio del curso escolar. Marín Castán ya tiene experiencia puesto que tras la dimisión de Carlos Lesmes le tocó a él el pasado año la misma tarea.
Su discurso fue bastante loado después, en los tradicionales corrillos en los que jueces de todos los órganos charlan entre ellos o con los periodistas presentes. "Hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados", dijo en un alegato que podría servir para este 2024.
Algunas fuentes del Consejo son positivas y confían en que el acto de apertura del año judicial contará con un nuevo presidente. Los vocales se reúnen este lunes para solucionar algunos problemas "urgentes" de la carrera, pero no para votar porque no todos están en Madrid y no quieren que la votación sea telemática. Lo que sí tienen pensado es fijar una fecha antes del 5 de septiembre para volver a decidir. "Estamos en permanente contacto y colgados del teléfono", explica un vocal que señala que se están buscando soluciones para desencallar la intervención. Incluso, señalan, han adelantado sus vacaciones para disponer de sus agendas al completo cuanto antes.
Sea quien sea el que pronuncie el discurso, lo que se espera de su intervención esta vez es que defienda la independencia de los jueces ante los ataques que están recibiendo por parta de miembros del Gobierno. No se espera una mención explícita a la causa abierta contra la mujer del presidente del Ejecutivo y la querella que Pedro Sánchez ha interpuesto contra el juez Juan Carlos Peinado, puesto que estos discursos suelen moverse en el equilibrio sutil de la palabra, pero sí que se muestre la armadura del Poder Judicial y la importancia de la separación de poderes.
Un amplio sentir de la carrera nota que la constante duda esparcida sobre la judicatura con menciones al lawfare (que hace un año eran impensables) o acusaciones de "inaplicación" de leyes como la amnistía provoca en la opinión pública un clima de desconfianza hacia los jueces que no beneficia a la democracia. Por eso, algunos claman que el discurso de apertura del año judicial arrope estos sentimientos entre las togas.
Otra de las menciones que se pueden dar por seguras serán las plazas desiertas en las cúpulas judiciales. Ya el año pasado Marín Castán describió como "desolador" el estado del alto tribunal donde el número de vacantes eran 23. "La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable" dijo. Ahora ya van por 26, lo que supone un 30% del Supremo.
El posible acuerdo antes del día 5
Los vocales se despidieron el pasado 5 de agosto sin haber logrado elegir presidente tras tres intentos distintos. Este lunes se vuelven a reunir en un pleno que tratará únicamente temas ordinarios urgentes como jubilaciones o llamamientos de jueces sustitutos. Algunos intervendrán de forma presencial, pero otros lo harán de manera telemática y por eso no quieren introducir en el punto del día un acuerdo tan importante como el de designar a un cabecilla.
La Ley que regula el Poder Judicial exige que el presidente sea elegido por tres quintos de los vocales por lo que alguno de los sectores tiene que ceder. Las acusaciones sobre el bloqueo son cruzadas. "El grupo conservador no parece entrar en razón, así que no parece que la presidencia se vaya a solucionar en breve. No quieren negociar", dice una fuente del sector progresista. Para ellos, es inconcebible cualquier otra cosa que no sea nombrar a una mujer presidenta.
Defienden que en 44 años no es entendible que nunca haya habido una mujer al frente y que ni un 13% del Tribunal Supremo esté formado por mujeres. "Si esta es la línea no parece que sea una institución que sirva a la democracia y a nuestra ciudadanía plural", esgrimen. Del otro lado, los conservadores consideran que esta imposición llega desde La Moncloa y que lo importante es elegir una figura de consenso más allá de si es hombre o mujer.
La lista de los candidatos es inamovible y en eso parecen estar todos de acuerdo. La propuesta de los progresistas pasa por tres mujeres, Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso, si bien esta última ha sido la favorita en las votaciones; mientras que la de los conservadores incluye a dos mujeres y dos hombres: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas. Este último también favorito de los vocales elegidos por el PP.
Sin posibilidad de introducir nuevos candidatos, pues así pactaron las reglas del juego antes de empezar, las posiciones están encalladas. Pero algunos confían en que el verano haya servido para desatascarlas. Lo que esperan las voces consultadas es que haya más de una reunión antes de la cita con Felipe VI y que puedan llegar a un entendimiento. Si no fuera así, deberían acordar también quién dará el discurso puesto que algunos dan por hecho que será Marín Castán, pero otros no tienen tan claro que con un nuevo CGPJ él pueda hacerse cargo de esta tarea.
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Así, añade, los Estados miembros están obligados a garantizar «sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias por los delitos» recogidos en la Directiva de lucha contra el fraude.