Cualquier solución para la presión migratoria en Canarias, Ceuta y otros puntos calientes de la Península o Baleares pasa por un consenso con el PP. Las posturas partidistas, enquistadas durante el mes de julio a excepción de la distribución consensuada de 347 menores extranjeros no acompañados pendientes desde abril, siguen presentes, entre un Ejecutivo que aboga por repartos regionales obligados cuando una comunidad supere el 150% de presión en centros de jóvenes, para descargar los focos de concentración migratoria, y un principal partido de la oposición que reivindica mayores compromisos y diálogo profundo con las comunidades.

Los datos que el Ministerio de Interior cosecha hasta la primera quincena de agosto, no obstante, ha movilizado al Gobierno nacional y al PP a diferentes escalas, de acuerdo con sus posibilidades. Con un 66% más de llegadas que en 2023 por la intensidad de principios de año, pese a que los flujos migratorios en este verano son menores que los del pasado, Moncloa anunció este lunes una gira africana de Pedro Sánchez a tres de los principales puntos de inicio de la ruta atlántica. Especialmente Mauritania, donde ya acudió en febrero junto a Ursula von der Leyen y se prometieron fondos por valor de 300 millones de euros entre inversión de empresas, desarrollo y cooperación. 110 millones de procedencia española para ayuda humanitaria. Se unen Senegal y Gambia. No se descartan nuevos acuerdos de cooperación para intentar contener los flujos hacia Canarias.

El PP se ha movido 24 horas después y ha presentado un plan migratorio con forma de proposición no de ley al Congreso de los Diputados para su debate. En él se integran trece medidas [desarrolladas más adelante] que giran en torno a la actuación en origen, la financiación y la dotación de medios. Un planteamiento de actuación de dentro hacia afuera. La encargada de trasladarlo fue la vicesecretaria de Políticas Sociales e Igualdad, Ana Alós, desde Génova, que en declaraciones a los medios lo fijó como un decálogo esencial para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería que ya tumbó el mes pasado en la Cámara Baja. Un cambio que, de acuerdo a la urgencia y a la presión del Gobierno canario, tomaría forma de real decreto ley bajo la propuesta de reforma del Ejecutivo nacional del artículo 35 del texto. Que, como se ha comentado, permitiría traslados inmediatos al superarse las cotas fijadas de presencia migratoria de menores inmigrantes irregulares.

Los populares, sin embargo, y aunque entienden la necesidad de Clavijo y las islas, en las que cogobiernan con él, creen que debe hacerse una reforma más ambiciosa. Y saben que, ante la negativa de Junts a asumir traslados obligados, más cuando pactaron en enero con el Gobierno que la Generalitat gestionase sus competencias migratorias libremente, todo depende de ellos. "Lo que pedimos al Gobierno es que incorpore lo que estamos planteando. Entonces tendrá mucho más fácil que nosotros lo podamos convalidar", afirmó Alós en una rueda de prensa este martes. El PP, que ha puesto negro sobre blanco dirigiéndose sobre este asunto a la Mesa del Congreso, ya ha lanzado sus condiciones para desencallar la reforma. Éstas se aproximan a las ya reivindicadas durante las negociaciones anteriores con el PSOE, que, según Alós, no fueron extensas y se limitaron a intercambios de WhatsApp.

Se trata de trece puntos que no solo afectan a los menores migrantes, sino a toda la inmigración irregular. Se exige "mejorar el control y la protección" fronteriza de España. Y para ello, se apuesta por aumentar los efectivos, así como la dotación de recursos materiales. Se pide al Gobierno que demande a la Unión Europea el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, pero también se le demanda que despliegue a los cuerpos policiales en los países de origen, "respetando la soberanía" local, para combatir a las mafias que trafican con personas. Aprovechando el viaje de Sánchez, se añade la mejora de los acuerdos de cooperación para controlar los flujos migratorios que existen con Senegal, Mauritania y, al margen, Marruecos.

Se incluye la declaración de la emergencia migratoria nacional y la dotación autonómica de un fondo de contingencia con el que hacer frente a las llegadas. Y ajeno al documento, se exige a Sánchez que se convoque la Conferencia de Presidentes para abordar a distintas escalas el asunto. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha publicado El Mundo, reunirá la primera semana de septiembre a sus barones, que gobiernan en la mayoría de enclaves autonómicos, en trece incluido Canarias como socio menor. Con una intencionalidad clara de abordar el reto que supone la financiación singular pactada por el PSC con ERC para Cataluña, pero en la que puede atenderse también al asunto migratorio.

Reunión crucial con Clavijo

Sin profundizar en esta reiteración de sus propuestas, desde el PSOE mantienen el marco de un PP que "prefiere asumir y copiar el discurso xenófobo de la ultraderecha" tras el rechazo al cambio en Extranjería del mes pasado. "Es desolador oírles relacionar a los niños que huyen de la desesperanza con la delincuencia", dijo Patxi López minutos después de la intervención de Alós, y apelando a declaraciones salidas de tono como la del ex alcalde de Badalona, Xavier García Albiol a principios de semana vía X. La postura de Génova, en cambio, defendida por Alós, ha sido la de un PP que reivindica la necesidad de la inmigración, pero por los canales regulares y vinculada al mercado laboral. "La necesitamos", mencionó la titular de Políticas Sociales e Igualdad.

Bajo este clima de presión, a la que se sumaba la exigencia de que Sánchez se reuniera con Clavijo, a primera hora de la tarde de este martes Moncloa anunciaba —lo corroboraba el líder canario durante una reunión con entidades involucradas en la atención de centros en las islas— que el presidente y su homólogo canario se han emplazado a un encuentro el viernes. Será en La Palma. Se prevé que Clavijo, si bien congratulado por la gira africana de Sánchez para rebajar la presión en las islas, le inste a cooperar con el PP, con quien habría habido contactos estos días. Tanto con Génova como con varios barones autonómicos. "De nada sirve aprobar una ley si las comunidades no son partícipes y luego no colaboran. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir hablando con todos los grupos políticos y con las comunidades autónomas", se comprometió.

Ya ayer reiteró en lo sobrepasada que está la capacidad de acogida de menores en centros canarios, insistiendo en que no quieren "almacenar" a los jóvenes "como si fuesen botellas o naranjas". Desde La Palma, insistió en la necesidad de actuar. De no "incumplir los tratados internacionales" ni "ser cómplices de la vulneración de los derechos de los menores". Y es que, como trasladó, la preocupación de las ONG por la sobreocupación es patente. "Al final de lo que se trata es de elaborar un proceso de integración, de formarlos, escolarizarlos, darles atención afectiva y sanitaria. Y en eso el límite está superado ya". Es esta situación la que compromete la postura del Gobierno y Sánchez, dado que, sin un cambio de concepción y una apertura a las demandas de los populares, no conseguirá una mayoría plural suficiente para legislar con seguridad las reformas necesarias.

A nivel estratégico, otro apoyo en el PP bajo sus condiciones, pese a la necesidad del momento, implementaría la imagen de debilidad de la mayoría de investidura. Más cuando la posición de Junts, alterado tras el pacto de investidura catalán de Illa con ERC, no hace más que generar inestabilidad. Ello, con la negociación para aprobar los Presupuestos del próximo año a la vuelta de la esquina.

El PP mira de reojo a Vox

Ante un final de agosto casi silencioso por parte de Vox, que sigue justificando la ruptura de pactos con el PP pero con escasa actividad de sus dirigentes en redes y sin comparecencias ni agenda trasladada por el partido, el PP busca abonar el inicio de curso parlamentario reivindicándose en un marco al que no ha renunciado entrar. Como ya publicó El Independiente, en el seno popular creen necesario hablar sobre inmigración desde una postura serena para no dar margen a los extremismos, con ejemplificación en la Francia de Marine Le Pen en auge. Y este debate y reivindicación de medidas amplias a Sánchez, les permite hacerlo.

Pese a salidas de tono como la de Albiol, Alós en voz del partido apuesta por una actividad ubicada entre el "buenismo" de Sánchez y "el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos en Vox". El PP defiende como "necesaria" la inmigración, pero bajo cauces legales y vinculada a lo laboral.