"Vi que Soluciones [de Gestión] tenía un entramado que me ponía los pelos de punta. Vi el contrato de Angola, no me gustó un pelo, era una empresa de chicha y nabo". Es uno de los testimonios de altos cargos que recoge la auditoría interna encargada en febrero por el ministro de Transportes Óscar Puente sobre el denominado 'caso Koldo'. Corresponde al director general financiero y de Control de Gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Una orden del exministro José Luis Ábalos encomendó en marzo de 2020 a esta empresa pública la compra de 5 millones de mascarillas por las que se acabó pagando 12,5 millones de euros.

Manuel Fresno Castro, anteriormente director general financiero en Renfe y jefe de División en la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE-Ministerio de Hacienda), define así a la empresa implicada en la presunta trama de comisiones ilegales surgida en el seno del Ministerio. Puertos del Estado contrató unos días antes a esa misma compañía el suministro de 8 millones de mascarillas también por orden del ministro. A la luz de los resultados de la auditoría, Puente anunció el pasado viernes el cese del subsecretario de su departamento, así como del director general de Personas de Adif, Michaux Miranda. Ambos, imputados por la Audiencia Nacional.

El informe de los servicios de inspección del Ministerio -duramente criticado este fin de semana por Ábalos- concluye que la elección de Soluciones de Gestión por parte de Adif no estuvo justificada. Tampoco ve motivado el encargo de compra de emergencia por parte del ministro a la empresa pública entonces presidida por Isabel Pardo de Vera.

La auditoría relata cómo dentro de Adif saltaron las alarmas por el perfil de una empresa recomendada por el asesor personal del ex ministro, Koldo García. Aunque Adif buscó varias opciones, solo presentaron oferta formal para el suministro de mascarillas dos empresas: Soluciones de Gestión e Injoo Technology. El director general Financiero del gestor de la infraestructura ferroviaria realizó un estudio de solvencia de ambas en la que la primera salía peor valorada técnicamente y con una peor oferta económica.

El alto cargo niega inicialmente en su relato a los funcionarios de inspección que alguien le indicase que esas eran las dos únicas empresas posibles a contratar. Pero los investigadores aseguran que, tras incidir en la pregunta, les acaba diciendo lo siguiente: "Me consta que hubo llamadas del ministerio. Me lo comentó el secretario general [de Adif]".

Este último alto cargo había trasladado a sus subordinados el 27 de marzo que el Ministerio del Interior ya había hecho un pedido de mascarillas a Injoo y que éste iba a llegar con bastante rapidez. "Si son más fiables, más rápidos y más baratos, yo lo haría todo con ellos. Me intranquiliza trabajar con una empresa en mora", le respondió rotundo el director financiero ante esa información.

"Era mejor diversificar"

La investigación interna en Transportes revela también que entre los altos cargos de la empresa pública presidida ahora por Ángel Contreras se llegó a plantear dividir el encargo de mascarillas en dos lotes y dar una cantidad mayor a Injoo Technology, porque tenía una oferta económica más baja. "Todos los participantes en las reuniones estuvieron de acuerdo en que era mejor diversificar", indica el texto encargado por Puente. En la documentación recabada consta incluso que llegó a haber una Propuesta de Declaración de Emergencia en este sentido.

Los funcionarios señalan que los entrevistados coinciden también en indicar que el día 27 de marzo, tras una reunión por la aplicación Teams convocada por el ahora cesado director general de Gestión de Personas, se acabó adjudicando la totalidad del suministro de 5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Su destino eran diferentes entidades públicas como Aena, Enaire, Renfe, la propia Adif, Sepes, Salvamento Marítimo, Seitt, Puertos y el personal del Ministerio.

El director Financiero de la compañía aclara a los funcionarios que "no fue una reunión 'de debate' (...), sino en todo caso 'de traslado de la decisión'". En este sentido, asegura que Miranda dijo en el encuentro que la empresa Soluciones de Gestión era la que "garantizaba mejor el suministro" y desliza que la instrucción podía venir del entorno de Ábalos.

Que finalmente se contratara a Soluciones -recogen los instructores de la auditoría- "cree que se debió a que lo dijo el MITMA [Ministerio de Transportes], ya que cree recordar que el Director General de Gestión de Personas hablaba con el Subsecretario, con el Gabinete de Ministro y con la Secretaría General Técnica (SGT)". En este sentido, anotan que el director financiero "entendió que la decisión se adoptó desde el Ministerio, desde el Gabinete del Ministro".

Fotografía de archivo, tomada en 2019, de Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos (i). EFE/Archivo/Manuel Bruque
Fotografía de archivo de Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos (i). EFE/Archivo/Manuel Bruque | EFE / ARCHIVO / MANUEL BRUQUE

En su defensa, Miranda les dice que el entonces Director General de Ordenación e Inspección (DGOI) del Ministerio le había enviado un correo electrónico en el que le comunicaba que ese mismo fin de semana aterrizaba un avión con las primeras mascarillas que había comprado Puertos del Estado a Soluciones de Gestión. En su opinión, eso suponía "una garantía escrita que le hacía fiable el suministro" frente a la información oral que le había llegado del Ministerio del Interior. Esta aseguraba que el material de Injoo llegaba ese mismo fin de semana.

"Resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente la oferta de Injoo Technology, finalmente el órgano de contratación [Adif] se decantó por la misma empresa con la que había contratado Puertos del Estado, constando en la información obrante en el marco de la auditoría que no todos los departamentos de Adif consideraban adecuada la elección", subraya el informe.

La empresa pública llevaba buscando mascarillas por su cuenta desde al menos el día 15 de marzo. El día 20, el Ministerio dio orden de comprar a través de Puertos del Estado ocho millones de mascarillas (inicialmente eran cuatro, pero con solo 37 minutos de diferencia, la cuantía se duplicó). Solo cinco días después -y sin que hubiese aterrizado ningún avión con el primer pedido- el departamento de Ábalos consideró necesario adquirir otros 5 millones más de mascarillas con nivel de protección FPP2. Y decidió que encargar la misión a Adif.

Empresas como Dräger España o 3M, aseguraron a esta compañía pública que no tenían stock disponible. El secretario general de Puertos del Estado envió un correo electrónico a su homólogo de Adif en el que le mostraba varias ofertas que había recibido con precios inferiores a los 2,5 euros por unidad ofrecidos por Soluciones de Gestión. Eran Benzanilla y Renedo Abogados: 1,35 €/unidad; Shouguangroup: 2,02 €/ud.; y Injoo Technologies: 2,10 €/ud.

La auditoría cuestiona el relato de Miranda sobre la búsqueda de alternativas. Preguntado acerca de la ausencia de ofertas formales de las otras dos empresas interesadas (Benzanilla y Shouguangroup), el ahora cesado les aseguró que sí había contactado con ellas por teléfono, pero que le dijeron que no disponían de stock y que no podían garantizar el suministro. Pero los servicios de inspección niegan tal extremo y dicen que "tras contrastar esta información telefónicamente con las dos empresas, las dos indican no haber recibido ninguna llamada ni contacto proveniente de Adif".

Presiones del Ministerio

Miranda también aseguró a los funcionarios de inspección que desde el gabinete del ministro le trasladaban que "había que garantizar el suministro". En febrero, la propia Pardo De Vera relató en calidad de testigo ante los investigadores de Guardia Civil haber recibido "presión" por parte del entonces Ministro de Transportes y de su gabinete para adjudicar "con la mayor premura posible" el contrato de mascarillas para que la disponibilidad de las mismas "fuera lo más rápida posible".

Durante su comparecencia en mayo ante la comisión de Investigación abierta en el Senado sobre los contratos de la pandemia quitó hierro a ese relato, aunque remarcó que ella no participó en la selección de Soluciones de Gestión. "Yo no he elegido a la empresa, yo he firmado con mi equipo la declaración de emergencia en función de mis competencias", sentenció.