Un restaurante de Santa Pola, en Alicante, se enfrenta a una posible multa de hasta 60.000 euros tras intervenirles 35 kilogramos de langosta y pulpo de roca capturados, presuntamente, de manera ilegal y, por lo tanto, sin garantías de trazabilidad.
Según la Guardia Civil, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante han iniciado un expediente contra la responsable del establecimiento hostelero tras comprobar el pasado 21 de agosto que tenía 42 unidades de langosta y pulpo sin las garantías sanitarias para el consumo. Además, la investigación sigue abierta para localizar el barco pesquero.
El pescado ilegal se hallaba en los arcones de congelados y la responsable del restaurante no pudo acreditar por ningún medio la procedencia legal de los productos. Al constatar la inseguridad para el consumo al no poder comprobarse el estado de conservación, el Seprona procedió a la inmovilización cautelar de 35 langostas y siete pulpos de roca, que arrojaron un peso de 30 y 5 kilogramos, respectivamente.
La captura ilegal de ejemplares pone en grave riesgo al medioambiente pues suele realizarse sin respetar la época de veda, el límite establecido de captura de ejemplares y otros aspectos a tener en cuenta para no dañar a las especies.
En el caso de los ejemplares de pulpo intervenidos, se trataba de ejemplares inmaduros, y en cuanto a la langosta, la isla de Tabarca se encuentra muy próxima a Santa Pola y se debe tener en cuenta que la pesca de esta especie está prohibida en esa reserva marina.
Los productos intervenidos ha quedado a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, y los hechos se han puesto en conocimiento del Centro de Salud Pública de Elche, dependiente de la Conselleria de Sanidad, como organismo competente para la protección de la salud frente a los riesgos asociados al consumo de alimentos.
La persona denunciada se enfrenta a diversas sanciones por infracciones a la Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura, con multa de hasta 60.000 euros, y a la Ley 14/1986 General de Sanidad, con multa de hasta 4.000 euros.
El Seprona de Alicante continúa investigando este asunto con la finalidad de localizar al pesquero responsable de la captura ilegal del producto, así como del área en el que se está realizando esta captura ilegal. Junto al riesgo sanitario, la Guardia Civil ha señalado que la pesca ilegal elude la declaración fiscal, suponiendo un fraude para la Hacienda pública.
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