Que las relaciones con Junts se habían complicado después de la investidura de Salvador Illa para presidir la Generalitat, era un hecho. Que el camino hacia los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gran reto de este inicio del curso parlamentario, iba a ser duro para ganarse el consenso y respaldo de los neoconvergentes, también. Sobre todo, después de que en julio tumbaran la senda de déficit en el Congreso, tras sortear el PSOE el veto del PP en el Senado camuflándola como enmienda en la Ley de Paridad. Sin embargo, el clima político, marcado por dos debates principales de fondo, caso del migratorio y el de la financiación autonómica, no hace más que agrietar más las costuras entre las relaciones de los conservadores e independentistas catalanes y el PSOE.
Los votos del partido de Carles Puigdemont este martes, en una sesión de la Diputación Permanente del Congreso, fueron orientados, sin éxito finalmente, hacia esos dos asuntos. Para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rindiesen cuentas ante la Cámara a propuesta del PP. Solo un par de horas antes, desde Moncloa y tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz y titular de Educación y Deportes, Pilar Alegría, lanzaba un globo sonda. Anunciaba que en las próximas semanas, con tope del 30 de septiembre, Montero presentará un proyecto de PGE a los grupos y buscaría recabar apoyos a partir de entonces.
"Vamos a trabajar" para que haya unas nuevas cuentas "acordes con la coyuntura económica actual", dijo Alegría, quien trasmitió "la responsabilidad" que tiene el Gobierno "de sacarlos", aunque dejando la pelota en el tejado de sus socios. "Tendrán que decidir", añadió sin más detalles, dando una imagen más de cara al elector y al ciudadano, de seguir los itinerarios marcados cotidianamente para un Ejecutivo. También añadiendo algo de presión a sus socios. En especial a Junts.
Como ya publicó recientemente El Independiente, en Hacienda, en cambio, distan de esa ruta de presentación de las cuentas en el Congreso para una posterior recolección de apoyos. Al contrario, fuentes del Gobierno apuntan a que ese paso se hará una vez estén atados todos los apoyos. Cada uno de los engranajes necesarios de los cinco socios externos de Moncloa. Así se estableció a principios de año, antes de que la campaña electoral tumbara la capacidad para aprobar las de este año. "Que al menos sepamos que tenemos los apoyos encauzados y sepamos que superamos las enmiendas a la totalidad", dijeron. Se insiste en ello especialmente ahora, porque, de fracasar una puesta en escena con el borrador de 2025 ya en las manos, Sánchez tendría muy complicado continuar en el Gobierno y se vería abocado a convocar elecciones como sucedió en febrero de 2019. Unos futuribles comicios en los que le costaría sacar una mayoría previsiblemente. Si el escoramiento de Junts sigue pronunciándose respecto a los socialistas, la opción de la prórroga presupuestaria se avivará.
Fuentes del Gobierno aseguran que se está trabajando bajo las previsiones de que habrá nuevas cuentas, que es el deseo. Ahora bien, sí puntualizan que de requerirse una prórroga no tendrían inconvenientes. Por la razón de que las vigentes, de 2023, tras aplazarse en este año electoral y de complicado consenso para la negociación, son de autoría socialista y se trata de un proyecto "expansivo" pese al distinto contexto económico. El plazo máximo para la aprobación es el 31 de diciembre, en todo caso. Un margen amplio y que permite contar con dos meses más tras los congresos políticos de Junts y ERC. Elemento clave de la negociación. La competencia entre ambas fuerzas por reivindicarse como sostén del independentismo hará que marquen distancias con el PSOE entre septiembre y octubre como mínimo.
Ahora bien, el Gobierno deberá presentar esa propuesta antes del final de septiembre. Por eso, si no se percibe afinidad en los socios antes de sus congresos, difícilmente llegarán a la Cámara las cuentas. A diferencia de las fuentes gubernamentales, desde Sumar consideran que sería "una mala noticia" esa prórroga de darse, especialmente "cuando uno quiere" emprender "políticas transformadoras". Por el momento, alejan que eso vaya a ser una posibilidad, expresó Txema Guijarro, secretario general del Grupo Plurinacional del Congreso a las puertas de la Diputación Permanente este martes. No obstante, hay un inconveniente más amplio que Junts en este sentido. Sumar pretende que en las nuevas cuentas se mantengan los impuestos a la banca o a las energéticas, algo que comparte con ERC, EH Bildu y el BNG. Imprescindibles para su sustento. Si eso se hace así, Junts y el PNV ya han descartado su apoyo.
Junts, en modo oposición
Son varios los alicientes los que han separado más aún a Junts del PSOE. El primero, es el componente personal. Si bien el Ejecutivo promulgó la ley de amnistía, la declaración del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Castellón, de Puigdemont como "no amnistiable" por el delito de malversación de caudales públicos no ha sentado bien en las filas. Más cuando el expresidente catalán no pudo regresar para quedarse y asistir a la sesión de investidura de Illa más allá de una fugaz aparición en el Arco del Triunfo de Barcelona, a escasos metros del Parlament.
Tampoco el intento de reforma de la Ley de Extranjería en su artículo 35, para forzar traslado de menores migrantes al superarse el 150% de presión en los centros de acogida, como sucede el Canarias y en Ceuta, que duplican esas cifras. Principalmente, porque va en contra de la asunción de competencias autonómicas sobre inmigración pactado con Junts para la Generalitat de Cataluña. Aunque ahora con Illa la afinidad con Madrid será mejor. Esta cuestión se tratará en la próxima reunión de revisión del acuerdo de investidura de Sánchez. Pero si se produce un paso entre PP y PSOE, en pleno encallamiento de conversaciones para dar soluciones a las islas y la ciudad autónoma, y se termina aprobando ese real decreto, el divorcio con Junts puede ser prácticamente total.
Tras ambos componentes, el acuerdo para el apoyo externo de ERC al PSC sitúa a Junts, además, como opción pura de oposición. La idea es realinear las siglas para atraer al máximo electorado independentista que haya podido quedar huérfano tras el paso republicano, por lo que marcar distancias en lo máximo posible con Moncloa será clave. Habrá intento de sacar contrapartidas, sin duda, y el papel que aspira a jugar el PP, de ir articulando una alternativa parlamentaria para legislar cuestiones sobre "económica, de industria y energética" puede ser un aliciente que tengan en cuenta. Así lo estimó en julio Feijóo, que ve coincidencias con ellos y el PNV en esta materia. Las relaciones con los de Andoni Ortuzar, más tras el cruce de reproches entre Aitor Esteban y su homólogo parlamentario Miguel Tellado, no ayuda.
Lejos de aproximarse a esa dinámica, al menos de momento, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, negó que la consonancia con el PP y Vox para pedir explicaciones a Sánchez y Montero se deba a una nueva afinidad con "el bloque españolista". Sino a la necesidad de conocer en profundidad la estrategia migratoria de Moncloa y, en mayor medida, conocer en qué consiste el cupo catalán y si ERC ha sido estafado o pretende estafar a sus electores, como vienen defendiendo desde que Montero matizase que no se trata de un cupo ni un concierto.
El PSOE se aproxima, de haber opciones de sacar las cuentas, a una nueva negociación de infarto como las que llevan condicionando este año de legislatura. El reflejo más próximo son las tres abstenciones dadas por Junts a los tres decretos de enero del Gobierno a cambio de esas competencias catalanas, la supresión del IVA al aceite de oliva y mayores fondos para transporte. En función de la línea política que salga del congreso de los neoconvergentes, habrá más margen o no de superar las enmiendas a la totalidad, punto clave. Los socialistas esperan poder convencerles.
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