La denuncia que ha presentado el exministro de Transportes José Luis Ábalos apunta a funcionarios tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio del Interior y lamenta que se hayan filtrado de forma "sistemática" datos de su vida privada sin que él esté imputado en el conocido como 'caso Koldo' que se sigue en la Audiencia Nacional. En el documento presentado el pasado julio ante la Fiscalía y al que ha accedido El Independiente, el diputado considera que ha sido sometido a un "linchamiento público sin ambages" y plantea llamar a declarar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han instruido el sumario. La Fiscalía ha amparado al diputado y ha interpuesto una denuncia por revelación de secretos.

El escrito, que la Fiscalía General remitió a los fiscales de Madrid por ser los competentes, no se dirige contra nadie en particular, sino "contra la persona o personas" que se descubra que no han custodiado bien la "información sumarial extraída del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional". Es decir, los funcionarios que hayan tenido relación con el 'caso Koldo' en el que, recuerda, "no soy investigado".

Ábalos lamenta se han hecho públicos "datos de mi vida privada, como viajes y estancias --cuyo conocimiento obviamente solo es posible por la información recabada en registros administrativos y policiales--; contenidos de correos electrónicos reveladores de conversaciones privadas e, incluso, en aspectos afectantes por la confidencialidad como interlocuciones con abogados y personas próximas".

Se queja de que desde el día en el que detuvieron al que fuera su asesor Koldo García y a una serie de empresarios por un supuesto fraude en la compra de mascarillas del Ministerio que él dirigía, se ha iniciado un "juicio paralelo" contra él que se va "dosificando en su difusión" y que le está generando un gran perjuicio. Incluso, sitúa la línea temporal antes de que la Guardia Civil desarrollara la operación; en el día en el que "introduje modificaciones en el organigrama de Transportes fundamentalmente en la unidad de emergencias y coordinación de crisis" donde colocó a un inspector de Policía.

El exministro explica que realizó un revelo sobre un cargo del Instituto Armado y a partir de ese momento algunos medios empezaron a publicar noticias contra él. Esgrime que "parte de los documentos, datos, correos y demás soportes" que se han incluido en el 'caso Koldo' se han agregado sin que guarden relación con la causa, citando expresamente los mails internos entre él y el citado policía. "Se infiere por el contenido de las difusiones que la introducción en la causa del material se hace de forma indiscriminada, sin el expurgo de datos que contengan aspectos personales y -fundamentalmente- sin ser adjuntados a un informe policial explicativo", revela.

El exministro va un paso más allá al considerar, incluso, que los agentes dan traslado al juez de determinada información de forma consciente para que se filtre antes de que otro órgano pudiera hacerse con la causa. La Fiscalía Europea reclamó la competencia del caso el día 30 de mayo y, "con una proximidad de 36 horas" antes, la UCO incorporó al caso los correos electrónicos que posteriormente han terminado en manos de los medios. "Resultado evidente que tal celeridad e indiscriminada aportación, tiene por última razón acceder a la información y difusión antes de que pudiese concurrir un eventual obstáculo para su acceso por la evidente estanqueidad del órgano jurisdiccional europeo, siendo razonable entender que esta petición de la Fiscalía Europea era conocida antes de su formal incorporación al proceso".

Por ello, en su denuncia solicita conocer las comunicaciones entre la Fiscalía Europea con la Fiscalía Anticorrupción --encargada del caso-- realizada el 28 de mayo o con anterioridad". Pero no es lo único. Además, pide que se haga una auditoría sobre los accesos al icloud del Juzgado de la Audiencia Nacional, "al objeto de identificar quiénes y cuándo se ha accedido al fichero de los mails filtrados y cuándo se colgaron los mismos"; y una segunda auditoría sobre las bases de datos --consulta de personas, titularidad de bienes muebles, control de hospederías, desplazamientos entradas y salidas del territorio español, DGT, acceso a base de datos del registro mercantil y de la propiedad-- a la que tienen acceso los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido consultadas sobre él y su familia más cercana.

El exministro habla de "absoluta indefensión" por no formar parte del proceso y cita un listado de decenas de noticias en las que aparece como protagonista. El "uso de la rectificación" es su única arma y la considera "inocua e insuficiente" por lo que solicita a la Fiscalía que encargue un informe a la unidad de Asuntos Internos del Ministerio del Interior para que "realice escrutinio de las fechas de incorporación de informes policiales, fechas de publicación e incorporación de los mismos a las actuaciones judiciales, así como consultas en registros públicos de toda índole". Además, requiere que se identifiquen los agentes de la UCO asignados a este caso en la Audiencia Nacional y que se les tome declaración.