Septiembre empieza con un enquistamiento político, un atrincheramiento en distintas posiciones de los partidos que, sin competencia electoralista prevista de por medio, complicará la convivencia en el nuevo ciclo de sesiones parlamentarias que se abre en el Congreso de los Diputados. Al difícil abordamiento común de la crisis migratoria que satura Canarias y Ceuta por parte de Gobierno y oposición, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados, se une el concierto catalán pactado con ERC en Cataluña a cambio de su respaldo para la investidura de Salvador Illa como presidente. Dos cuestiones cruciales que, a la vez que convergen, se unen a un reto clave para los socialistas: mantener sin fisuras en los momentos esenciales de lo que resta de legislatura para seguir en Moncloa.
Al inicio de la misma, el socio más incómodo que se estimaba era Junts. Los de Carles Puigdemont fijaron un precio alto por su apoyo, incluida la amnistía, pero, conforme se han ido desgastando los engranajes que aglutinan esa mayoría plural, han surgido más problemas, sensibilidades y demandas sobre la marcha. Primero, se añadió un elemento extra a esa complicación: el paso de Podemos de Sumar al Grupo Mixto. Después, las inquietudes de los socios se han agravado tras el ciclo de elecciones consecutivas que ha supuesto un termómetro para las formaciones y ha condicionado las posturas que se mantienen ahora. El surgimiento de causas judiciales, además, no ha ayudado. Los motivos de esa inquietud que afecta indirectamente a Sánchez radican en, al menos, tres aspectos: la competencia partidista aislada entre dos marcas, los intereses económicos y el utilitarismo, y la decepción.
En la primera categoría entran por un lado Junts y ERC, y por otra Sumar y Podemos. Si bien las relaciones entre neoconvergentes y republicanos eran ya difíciles tras la ruptura de la alianza en el Govern y el mantenimiento de, entonces, los de Pere Aragonés en solitario, el objetivo de lograr la amnistía selló los compromisos comunes y limitó las negociaciones con el PSOE a esa demanda de olvido a la judicialización del procés y a cuestiones económicas para Cataluña. ERC ya venía asociado, además, al Gobierno central. El adelantamiento electoral en la autonomía y el desgaste de los republicanos por su más o menos estable fidelidad ha hecho a Junts tener pretensiones de reavivar al independentismo apaciguado por su costado conservador, ocupando espacios. Y para ello, mostrarse más arisco con Moncloa es clave. Si bien los de Puigdemont se abren a negociar todo lo que suponga mejoras regionales, el coste que se exigirá será muy elevado.
La mayoría máxima a la que puede aspirar Sánchez son 179 diputados en estos momentos. Es la que dio respaldo en las primeras votaciones de la XV Legislatura, con la elección, por ejemplo, de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Pero, de bajarse los siete votos de Junts de ella, el PSOE quedaría en mínimos frente a una oposición que llegaría a los 178. La dureza se advierte máxima en las próximas semanas por la convocatoria de un nuevo congreso de partido en el que se decidirá la estrategia a ejecutar y se espera que Puigdemont, sin cargos, vuelva a ser designado presidente. Este jueves en la comisión de Transportes, el diputado Isidre Gavin apelaba a una mayor inversión ferroviaria como sugerencia para esa estabilidad del Gobierno. Si no se cumplen los distintos compromisos o se infravalora a Cataluña, perderán su apoyo.
ERC, por su parte, se ve obligado a reaccionar. Se enfrenta, además, a otro congreso ante la crisis de liderazgo y la fractura total entre el junquerismo y el rovirismo. Y está obligado, para recomponerse tras el trasvase de voto a las filas del PSC y de Junts principalmente, a tejer una nueva estrategia. Si la papeleta que han impulsado el ala más crítica de los republicanos como alternativa a la vigente, herencia de Oriol Junqueras, las tiranteces con Sánchez serán mayores. De ellos dependen otros siete votos claves para votaciones en las que Junts pueda orientarse en la abstención. El compromiso de respaldo se basa en los criterios acordados con los socialistas a nivel nacional y catalán. Y como ya han advertido, si no se materializan, sobre todo el cupo económico, cesarán en ello. Y en vista al rechazo interno dentro de las federaciones del PSOE, esta semana el trasladado por la castellano y leonesa y el viernes la aragonesa, que se añaden a la manchega y la asturiana, dejan poco margen en el asunto.
El BNG el jueves se fijó conseguir el mismo trato económico que Euskadi y Cataluña, aunque, por el momento, no se contempla que en Madrid los de Ana Pontón vayan a poner trabas o retirar el único escaño que tienen y sustenta a Sánchez.
En la esfera nacional, el otro gran choque lo protagonizan Sumar y Podemos. Si bien los de Yolanda Díaz están muy lejos de abandonar el Consejo de Ministros o retirar el apoyo, si complicarán la convivencia. El tema presupuestario o de Vivienda y alquileres es crucial. Pero también apretarán ante la presión de los de Ione Belarra desde el Mixto. Más con una asamblea refundacional y política, como la de Junts y ERC, en el que fijar agenda, nuevo liderazgo y relaciones internas con sus asociados parlamentarios. Existe una derivada distinta en este caso: las demandas de Chunta Aragonesista o Compromís dentro de Sumar, que pueden derivar en un futuro cisma añadido en el hemiciclo que complique las cosas al PSOE. El tema de la financiación catalana no gusta nada a ambas formaciones, que aportan uno y cuatro escaños respectivamente de los 27 magentas.
El cupo catalán divide a los socios de Sumar. Una propuesta puede romper el grupo en votación
El caso de los morados es distinto. No tienen nada que perder en términos de poder tras ser desahuciados progresivamente de Moncloa y la mayoría de enclaves regionales y municipales. Y, en la competencia por el electorado mutuo que comparte con Sumar y puede virar, ante el desgaste de liderazgo de Díaz, quieren destacar como fórmula dura contra Sánchez. Se ha hecho con el conflicto israelí y ahora se hace con la inmigración. El precio de esos cuatro votos está al alza tras ello o acciones como 'salvar' a Sánchez y Montero de las comparecencias parlamentarias a petición del PP por el cupo catalán o la postura respecto a la crisis migratoria.
La segunda categoría de las mencionadas es la utilitarista, en la que podría adherirse al BNG, aunque está dominada por el PNV. Alivio para Sánchez supone que los jeltzale no puedan tender puentes con un PP que tira y suelta de la cuerda complicando sus relaciones. Más cuando era un riesgo que Génova estructurase una mayoría alternativa y puntual en asuntos como la propuesta para confirmar en el Congreso a Edmundo González como ganador de las presidenciales venezolanas. El choque de esta semana entre Aitor Esteban y Miguel Tellado, también por Venezuela, sobre la que comparten oficialmente postura, otorga un balón de oxígeno al socialista. Pero desde Euskadi se insiste: se tiene que seguir profundizando en las transferencias y el autogobierno, como se pactó para la investidura. Los beneficios fiscales e industriales para la comunidad serán lo que piloten el apoyo o el respaldo de importantes legislaciones.
La tercera y última categoría es la judicial, que afecta de lleno a José Luis Ábalos, exdiputado socialista y ahora dentro del Grupo Mixto tras saltar el caso Koldo y pedirle el PSOE que dejase su acta. Está suspendido de militancia y al borde de la imputación por los indicios que le rodean en la investigación. Pese a las desavenencias con los socialistas, tendencia con la que se sigue identificando, Ábalos se comprometió a votar en conciencia del programa electoral del PSOE por ser con el que se presentó. Pero recientemente ha virado y ahora valorará a conciencia, dice, cada objeto de votación. El cambio tiene que ver con Óscar Puente, su sucesor en Transportes, y con la auditoría que encargada dentro del Ministerio que le señala por la compra de ocho [de trece] millones de mascarillas y cuestiona la elección de proveedor y la gestión de reparto. Además, ésta no puede confirmar documentalmente esas entregas.
Ésta, solicitada por el magistrado Ismael Moreno y entregada en dos días por Transportes, ha encendido a Ábalos, que plantea una purga contra él. Entre los motivos, cree que es un intento de debilitarlo en la federación valenciana, la suya, donde dice tener respaldo, ante una posible insurgencia contra la secretaria general y ministra de Ciencia, Diana Morant. En respuesta, Puente ha sugerido que se auditen la adquisición de material covid hechas por Puente en su etapa de alcalde de Valladolid. En concreto, a un empresario al que luego acompañó en su yate. También, como ha publicado El Independiente, pide que eso se extienda a Interior y Sanidad, quienes aparecen en la investigación.
Una configuración continua sin la alternativa del PP
La ventana de oportunidad para acuerdos con el PP se cierra. Y más allá del pacto para la renovación del CGPJ de junio, será complicado nuevos consensos. Así lo ven desde Génova, quien lleva insistiendo en que Sánchez eligió a unos determinados socios para gobernar frente a ellos, el ganador de los comicios. Por lo que tiene que apechugar con esa elección. Ven, además, una oportunidad para un adelanto próximo si Sánchez no consigue legislar grandes medidas como los Presupuestos. Habrá que ver, en cambio, si Sánchez puede contar con ellos para votaciones que no convencen por la izquierda, como la abolición del proxenetismo o la ley de suelo. Que interesa a los municipios, con predominante control del PP. También para nombrar gobernador y subgobernador del Banco de España y la mitad del Consejo de Administración de RTVE.
En el futuro más inminente hay al menos casi una decena de minas que Sánchez debe desactivar con mayorías absolutas. La primera, de llegar alguna propuesta concreta a pleno, es la de la financiación singular de Cataluña. El debate en torno a ello sigue siendo bastante misterioso, entre presiones de los independentistas y pocas palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. La también vicepresidenta tendrá que comparecer el miércoles en el Senado para rendir cuentas sobre ello. Aquí Sánchez tendría un problema. Garantizados los votos de Junts y ERC, hay varias facciones en desacuerdo. Externas, como Compromís y Chunta Aragonesista si no se aborda lo mismo para sus comunidades. Ábalos, en añadido, que si bien respalda el programa socialista, ha dejado en el aire el voto favorable a esta propuesta. Y, más grave, es las sucesivas declaraciones de rechazo en las federaciones socialistas ante el cupo, lo que puede avivar disidencia de voto en el Congreso. Entre asturianos, castellanos y leoneses, aragoneses o manchegos, entre otros.
Con la inmigración, Sánchez juega a la presión de los populares. Solo cuenta con 172 votos a favor y 177 en contra de PP, Vox y Junts, y la abstención de UPN. En este caso, sin la transferencia completa de las competencias en Extranjería, los neoconvergentes no tornarán su apoyo a Sánchez, y no precisamente a la propuesta presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que insta a repartos obligados. Más cuando rechazan más acogidas. Es el propósito aparentemente más paralizado. Hay que tener en cuenta que con este asunto hasta sus socios de legislatura han marcado perfil cuestionando que Sánchez juegue el marco del PP al hablar de deportaciones. Las cuales ya se practican sin que haya exaltado hasta ahora a Sumar o Podemos. Díaz le instó a no comprar esas recetas, sin más. Pero Podemos puso en juego sus votos ante cualquier acercamiento al PP y medidas "xenófobas". Aún hay tensión después de la renovación judicial.
El camino de los Presupuestos Generales del Estado parece ahora más laxo después de que Junts fiara su apoyo a mayor inversión en Cataluña. De base, Sánchez tiene asegurados un colchón más o menos articulado, con Ábalos difícilmente en contra, pero al margen de esos siete votos clave de Junts, las demandas enfrentadas de socios de izquierda y de derecha complica el diálogo. PNV y Junts no quiere prolongar impuestos a la banca o a las energéticas, mientras que Sumar, ERC, EH Bildu y BNG lo exigen. Le será complicado al PSOE coser diferencias con contrapartidas, aunque en este caso siempre puede prolongar otro año las cuentas de 2023. Se contempla.
El decreto anticrisis derivado de la guerra en Ucrania, con rebajas como en el transporte, es otro de los compromisos que debe sacar el Gobierno. Primero, aprobándolo en Consejo de Ministros, y luego configurando una mayoría parlamentaria para sostenerlo más allá de 30 días. El PSOE puede contar aproximadamente con los votos propios, de Sumar, PNV, EH Bildu y BNG. La proximidad de los congresos de ERC y Junts complicará el acercamiento sin promesas sólidas. Y a ello se le añade Podemos, que, tras votaciones a favor de Sánchez o Montero de Belarra este martes para no comparecer en la Cámara ante las demandas del PP, piensa pujar alto el apoyo de los cuatro diputados morados. Los 176 escaños a Sánchez se le antojan complicado para todo. Él ya ha fijado el próximo cónclave socialista para vislumbrar el rumbo.
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