Convertido en un icono de la lucha contra la explotación de la costa, el hotel El Algarrobico fue construido sobre suelo protegido, pero con licencia de obras. El hotel lleva décadas congelado en el tiempo y es objeto de una larga batalla judicial con idas y venidas contra y a favor de la mole de cemento. Tras organización ecologista Greenpeace ha elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
El Algarrobico es un complejo de 21 plantas que comenzó a construirse en 2003 en Carboneras, Almería, en plena costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La ubicación del hotel generó polémica porque estaba situado a solo 14 metros del mar, en una zona de especial protección medioambiental. Infracción urbanística.
En 2006, la Junta de Andalucía, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron la ilegalidad del hotel alegando que violaba la Ley de Costas de España y las normativas de protección medioambiental. Se alegó que la licencia de construcción había sido otorgada en contra de las normativas urbanísticas vigentes.
A partir de 2006, el caso del Hotel Algarrobico se convirtió en un largo proceso judicial con múltiples sentencias contradictorias. Algunas sentencias declararon ilegal la construcción del hotel y ordenaron su demolición, mientras que otras permitieron su continuación, generando un conflicto legal que se prolongó durante años. Tras las denuncias y la presión social, las obras del hotel fueron paralizadas por orden judicial. Desde entonces, el edificio ha quedado inacabado y abandonado, convirtiéndose en un símbolo del gestión urbanística y medioambiental en España.
El caso en Estrasburgo
Greenpeace solicitó el amparo al TEDH tras la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2022, dictaminó que el hotel almeriense no podía ser demolido, por tener licencia de obras. "El alto tribunal dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas", explican desde la organización.
“Por primera vez en la historia de Greenpeace España, y tras casi 20 años luchando contra el símbolo del maltrato al litoral español, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia", afirma María José Caballero, portavoz de Greenpeace. "Son casi dos décadas batallando de tribunal en tribunal y esta decisión manda un mensaje claro y contundente a quienes siguen perpetrando ilegalidades para que no desaparezca la ruina del Algarrobico”, añade.
El TEDH ha concluido que debe investigarse la legalidad de esta decisión. Según Greenpeace "el Supremo, incomprensiblemente, otorgó las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho muy grave e inédito que podría suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ya que priva a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva", señala la organización en un comunicado.
Te puede interesar
2 Comentarios
Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.
Lo más visto
- 1 Imane Khelif contra el odio: “Represento a las mujeres del mundo”
- 2 Taleb Al Abdulmohsen: así es el autor del atropello en Alemania
- 3 Perdóname, Pedro, por haber desconfiado del fiscal y de tu palabra
- 4 El extraño caso del teléfono vacío
- 5 La asesora de Moncloa dice que la contrató Begoña Gómez por "confianza" y que su figura la tenían otras mujeres de presidentes
- 6 RTVE, a puerta cerrada: habrá bajada de sueldos de directivos
- 7 El borrado del teléfono de García Ortiz, un "indicio incriminatorio"
- 8 Las mejores series de Apple TV+ para ver en Movistar+
- 9 Los muertos del atropello en Alemania se elevan a cuatro
hace 4 meses
La construcción contaba con las licencias pertinentes del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía, en lo medioambiental. La constructora Azata ejecutó una obra de forma legal y, a posteriori, le fueron anuladas las bendiciones administrativas otorgadas. Más allá de lo que haya sentenciado el Tribunal Supremo, el problema radica en quién asume el coste de la demolición y reposición del terreno a su estado natural, porque Azata no es responsable de ello por la legalidad de su actuación O Junta o Ayuntamiento.
hace 4 meses
Entre el Ayuntamiento (Psoe) y Azata se lo llevaron muerto y ahora ya nadie es responsable de nada y los políticos de rositas con la mordida de la constructora en el bolsillo. Más de lo mismo. Pero nadie paga por estas corruptelas y despropósitos urbanísticos.